China podrá «hacer desaparecer» a los disidentes hasta seis meses en prisiones secretas


Pekín legaliza las «cárceles negras» de su «Archipiélago Gulag» para incomunicar a los acusados de delitos contra la seguridad nacional, terrorismo y sobornos

PABLO M. DÍEZ / CORRESPONSAL EN PEKÍN
Día 15/03/2012

Mientras el primer ministro chino, Wen Jiabao, clausuraba la reunión anual del Parlamento abogando por una reforma política “urgente”, el régimen de Pekín daba otro paso atrás en la protección de las libertades y los derechos humanos. En esta nueva China de la modernidad y el desarrollismo económico cuyo crecimiento asombra a todo el mundo, la Policía podrá “hacer desaparecer” a los disidentes políticos hasta seis meses en lugares secretos. Ya lo venía haciendo en las comúnmente conocidas como “cárceles negras”, pero a partir de ahora el “Archipiélago Gulag” chino será legal.

Así lo promulgó ayer la Asamblea Nacional Popular, el máximo órgano legislativo del régimen que se limita a rubricar las medidas acordadas por el Partido Comunista. Por 2.639 votos a favor, 57 abstenciones y solo 160 en contra, los diputados aprobaron una reforma de la Ley de Procedimiento Criminal que autoriza a la Policía a detener a los sospechosos hasta medio año en lugares que no son ni comisarías ni prisiones, por lo general hoteles o casas ocultas del Ministerio de Seguridad Pública.

Según la normativa, dicho correctivo se aplicará a los acusados de poner en peligro la seguridad nacional, terrorismo y escandalosos sobornos oficiales. Un abanico muy amplio que incluye a los disidentes y a los miembros de minorías étnicas perseguidas, como tibetanos y uigures, dando manga ancha al régimen para quitarlos de la circulación durante una temporada. Aunque la Policía tendrá 24 horas para informar a los familiares del arresto, podrá decretar la incomunicación incluso con el abogado y ocultar el lugar del confinamiento para “no interferir en la investigación”.

De forma oficial en cárceles y comisarías, los artículos 37 y 83 autorizan a confinar hasta 37 días en secreto a los sospechosos de delitos contra la seguridad nacional, terrorismo y sobornos. Durante ese tiempo, la Policía podrá bloquear el acceso del detenido a su letrado y a sus parientes. Para casos de delincuencia común, en cambio, la nueva legislación mejora la anterior y establece un límite de 24 horas para comunicar las detenciones y de 48 para llamar a un abogado.

Como era de esperar, esta polémica regulación ha enervado a los grupos defensores de los derechos humanos y a los sectores más reformistas del sistema judicial chino, que demandan un mayor respeto a las garantías procesales de los encausados. “Miles de personas, como activistas políticos, peticionarios que reclaman justicia y miembros de iglesias clandestinas, son ya retenidas en secreto y corren grave riesgo de ser torturadas”, denuncia en un comunicado Catherine Baber, subdirectora de Amnistía Internacional para Asia-Pacífico, que critica la nueva ley porque “proporciona peligrosas excepciones para criminalizar a los sospechosos, incluyendo aquéllos que solo desean expresar pacíficamente sus opiniones”.

Sin ir más lejos, el famoso artista Ai Weiwei se pasó casi tres meses en paradero desconocido el año pasado, tras ser detenido primero y acusado al cabo del tiempo de una supuesta evasión de impuestos. Alarmado por las revueltas a través de internet que sacudieron a los países musulmanes, el régimen de Pekín ha endurecido la represión y lanzado un serio aviso a la disidencia condenando o confinando bajo arresto domiciliario a decenas de activistas.

A tenor de Human Rights Watch, unas 10.000 personas pasan anualmente por los vergonzosos calabozos de este “Archipiélago Gulag”. En su mayoría, son disidentes políticos o “peticionarios”, como se denomina a los agraviados por las corruptas autoridades locales que, siguiendo una antigua tradición imperial, acuden a Pekín en busca de justicia. Sin embargo, en lugar del amparo del Gobierno central, se encuentran con que son interceptados y recluidos en hostales baratos, sótanos de tiendas, casas aisladas, almacenes de cantinas, fábricas abandonadas y hasta en las sedes de las administraciones locales en la capital.

Hacinados en condiciones miserables, durmiendo en destartaladas camas de hierro y comiendo sólo un tazón de arroz con verdura y bollos, los detenidos deben compartir hediondos retretes y con frecuencia sufren palizas y malos tratos. En 2009, el guardia de una “cárcel negra” fue juzgado por violar a una estudiante de 21 años de la provincia de Anhui que había viajado a Pekín para que el Gobierno la admitiera de nuevo en su Universidad, de donde había sido expulsada por sus malas calificaciones. Dicho caso eludió la censura del régimen y sirvió para que los medios arrojasen un poco de luz sobre las “cárceles negras”, cuya existencia era negada por las autoridades.

Por otra parte, el primer ministro, Wen Jiabao, consideró que los cambios políticos eran “urgentes” en China durante su comparecencia ante los medios tras la conclusión de la Asamblea Nacional. A preguntas de los periodistas, previamente pactadas, Wen Jiabao se mostró a favor de “reformar la estructura política, en particular en el liderazgo del Partido y del país, para avanzar en los cambios económicos y que no se pierda el progreso de los últimos años”.

El primer ministro, que criticó los suicidios a lo “bonzo” de una veintena de monjes tibetanos independentistas, alertó de que “nuevos problemas han germinado en la sociedad china y, si no son resueltos, se pueden volver a repetir tragedias históricas como la Revolución Cultural”.

Tras una década en el cargo, el presidente Hu Jintao y el primer ministro Wen Jiabao serán relevados en otoño. Como sucesores se perfilan, respectivamente, el vicepresidente Xi Jinping y el viceprimer ministro Li Keqian, pero las distintas facciones del régimen ya maniobran en la oscuridad para no perder su poder.

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