Chile: red de corrupción en la PDI


 
– Red de corrupción en PDI: caen dos jefes policiales y revisan más de 100 casos
 
– En prisión preventiva quedaron detectives involucrados en presunta red de narcotráfico
 
– PDI da de baja a altos mandos de la institución y detectives quedan en prisión preventiva
 
– Chile y un caso de corrupción sin precedentes
 
– Director de la PDI reitera confianza en su institución 

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Red de corrupción en PDI: caen dos jefes policiales y revisan más de 100 casos

Fueron llamados a retiro el jefe de la Región Metropolitana y el jefe de la Prefectura Occidente. Otros dos policías fueron removidos.

Por S. Labrín, P. Muñoz y L. Ayala

Fuente: La Tercera

Los llamados a retiro de dos jefes policiales y los traslados de los jefes de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Pudahuel fueron las medidas adoptadas por el director general de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez, tras el escándalo que implicó la detención de 10 detectives miembros de una presunta red de corrupción en la PDI.

Las medidas, justificadas por las responsabilidades de mando, fueron adoptadas la tarde del jueves, luego de que Vásquez se reuniera con el alto mando y los jefes de las unidades operativas de la Región Policial Metropolitana, a quienes comunicó su decisión.

El director general de la PDI informó que los llamados a retiro afectaron al jefe de la Región Metropolitana, prefecto inspector Guillermo Alarcón Cabezas, integrante del alto mando de la institución y al jefe de la Prefectura Occidente, prefecto, Alvaro Melo Alvarez.

Vásquez indicó que una vez conocidos los hechos, la institución decidió “tomar algunas medidas, se intervino de inmediato la Bicrim Pudahuel (…). Se van a examinar los procedimientos operativos”. Por ello se resolvió remover de sus cargos al jefe de Unidad de la Bicrim, subprefecto Denny Williams y el jefe operativo de la unidad, subprefecto Mauricio Berroeta.

Sobre la posibilidad de renuncia a su cargo, la máxima autoridad de la PDI, dijo que “la renuncia del director general siempre está en el escritorio del Presidente. Sería irresponsable no afrontar como estoy. Estamos afrontando esta situación. No puedo abandonar el barco”.

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo que “todos los que estamos en cargos públicos, estamos sujetos a contar o no con algún momento dado con la confianza del Presidente”.

Arrestos y apremios

Según las defensas de los 10 policías arrestados, desde enero de 2011 a la fecha efectuaron 1.116 detenciones. Todas ellas serán revisadas. Ademas, a lo menos un centenar de causas serán indagadas por la Fiscalía Occidente para determinar si se habrían cometido irregularidades.

“Se va a hacer revisión, dependiendo de las participaciones. Hay muchas (causas) en que existe condena y que no hay ningún antecedente que nos digan que son obtenidas ilegalmente esas pruebas”, dijo el fiscal Emiliano Arias, a cargo del caso.

Ayer los detectives fueron formalizados y dejados en prisión preventiva, luego de ser imputados por 13 hechos ilícitos en los que cometieron delitos como detenciones ilegales, allanamientos irregulares, falsos testimonios apremios ilegítimos, instigación al tráfico de drogas y extorsión. Además, la fiscalía indaga el extravío de $ 25 millones en un operativo antidrogas en que los detectives dijeron haber recuperado sólo $ 3 millones.

El defensor penal Boris Hrzic dijo que sus representados hicieron “procedimientos legales que efectuaron mis representados en el contexto del combate al tráfico”. En la audiencia, la Fiscalía Occidente presentó una decena de escuchas telefónicas entre los policías implicados, donde se coordinaban para realizar quitadas de drogas , inventar denuncias y falseando autorizaciones de jueces.

El fiscal Arias describió, además, los apremios sufridos por un narcotraficante detenido el 21 de marzo.

Señaló que cuatro detectives llevaron al sospechoso a la unidad policial y en el calabozo habrían cubierto la cabeza con una bolsa plástica. Luego cubrieron su cuerpo con libros que golpearon con palos como forma de no dejar marcas en el cuerpo del detenido.

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En prisión preventiva quedaron detectives involucrados en presunta red de narcotráfico

Los 10 agentes policiales arriesgan entre 10 y 21 años de prisión.

Fiscalía presentó audios para imputar delitos.

Fuente: Radio Cooperativa

Fiscal reveló audios para imputar a los involucrados.

La jueza del Primer Juzgado de Garantía, Paula Brito, decretó la prisión preventiva de los 10 detectives de la PDI envueltos en una presunta red de corrupción ligada al narcotráfico, tras la formalización desarrollada este jueves.

El procedimiento judicial se extendió por cerca de cinco horas, donde también fueron formalizados otros cuatro civiles ligados a este hecho, dos mujeres que también quedaron con prisión preventiva, y dos hombres que quedaron en prisión domiciliaria total.

La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva contra todos los imputados, petición a la que se sumó el Ministerio del Interior como parte querellante, luego que se le atribuyeran 13 hechos delictivos, entre ellos cargos por allanamientos ilegales, obstrucción a la investigación y apremios ilegítimos.

Los involucrados son los subcomisarios Godfrey Gamboa, José Márquez y Claudio Quezada; y los detectives Bruno Medina, Juvenal Pérez y Fabián Arévalo. Además, están los subinspectores Daniel Urrutia y Raúl Álvarez; el inspector Kurt Borneck, y el asistente policial Sebastián Alvarez.

El fiscal jefe de Pudahuel, Emiliano Arias, quien llevó a cabo la investigación desde marzo de este año, presentó como pruebas durante la jornada escuchas telefónicas, donde algunos de los funcionarios de la PDI realizaban denuncias falsas al 134.

“Ahí hay una certeza responsable del Ministerio Público de decir que son irregulares, que son ilegales constitutivos de delitos. En este caso el delito es de organización, porque necesariamente para que se cometiera tenían que ser varios los autores, pero eso no lo trasforma mecánicamente en una asociación ilícita”, dijo el persecutor.

En otros audios, los agentes policiales organizaban los allanamientos para realizar quitadas de drogas, además de extorsionar a los civiles también inculpados para que entregaran información de narcotraficantes.

Por su parte, el defensor público Boris Hrzic representante de cuatro de los 10 policías imputados insistió en que las detenciones eran ilegales.

“Con los antecedentes que dimos en audiencia creemos que se trata de hechos puntuales que tienen que ver con procedimientos legales que efectuaron nuestros representados en el contexto del combate a delitos de la ley 20.000”, dijo el abogado.

“Tampoco fue acreditado algun enriquecimiento o lucro por parte de nuestros representados, por lo cual creemos que todo está en el contexto de las detenciones que efectuaron ellos en hechos puntuales”, añadió Hrzic.

En tanto, durante la tarde llegó al Ministerio de Justicia un hombre que dijo ser una de las víctimas de tortura de estos policías acusados, quien señaló que él y su esposa fueron brutalmente golpeados en la calle.

“Me pilló por ahí por Pudahuel con otras personas, nos cruzaron los vehículos y nos tiraron abajo con mi señora. Nos llevaron a la Brigada de Pudahuel y una  de esas personas pescó una guía de teléfono y me pegó con un bate en la cabeza (…) Incluso ellos me cargaron con una droga  que tuve que reconocer el delito para salir de ahí. Fui condenado por 60 días”, dijo el hombre.

Los policías arriesgan entre 10 y 21 años de presidio dependiendo de la participación de cada uno de ellos en los ilícitos que se les imputan, mientras que el tribunal decretó 120 días como plazo de investigación.

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PDI da de baja a altos mandos de la institución y detectives quedan en prisión preventiva

Fuente: Radio Universidad de Chile

Continúan escalando los alcances de la supuesta red de corrupción ligada al narcotráfico al interior de la PDI, luego que el director de la institución diera de baja a dos altos mandos de la policía y los detectives implicados resultaran en prisión preventiva después de su formalización.

En el marco del caso de presunta corrupción al interior de la Policía de Investigaciones (PDI), el director de la institución, Marcos Vásquez llamó a retiro  al prefecto de la Zona Occidente, Álvaro Melo, junto al jefe de la Zona Metropolitana, Guillermo Alarcón, debido a sus “responsabilidades de mando” en relación a los 10 detectives que se encuentran imputados por el caso y que este jueves quedaron en prisión preventiva por parte de la Fiscalía.

El director de la PDI, junto con reiterar que no presentará su renuncia – “No puedo abandonar el barco, lo que he dispuesto con mucho dolor son responsabilidades de mando”-, aseguró que en este caso no se debe hablar de corrupción, sino de “malos procedimientos”, indicando que los hechos implicaron la “inmediata intervención” de la unidad de Pudahuel.

“Lo que tiene que quedar claro, y se lo digo a la ciudadanía, es que la policía civil de Chile que va a cumplir 80 años, es responsable de sus actos”, sostuvo Vásquez.

Pocas horas antes, el Primer Juzgado de Garantía había decretado prisión preventiva para 10 detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) envueltos en la presunta red de corrupción ligada al narcotráfico, luego de su formalización.

El procedimiento judicial se extendió por cerca de cinco horas, donde también fueron formalizados otros cuatro civiles ligados al  hecho, dos de ellos quienes resultaron también en prisión preventiva y los restantes con arresto domiciliario.

El fiscal jefe de Pudahuel, Emiliano Arias, quien lleva la investigación desde marzo de este año, presentó escuchas telefónicas como pruebas durante la jornada, donde algunos de los funcionarios de la PDI realizaban denuncias falsas al 134.

En otros audios, los agentes organizaban allanamientos para realizar quitadas de drogas, además de extorsionar a los civiles también inculpados para que entregaran información de narcotraficantes.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, oficializó la presentación de una querella por parte del Gobierno en contra de los 10 detectives involucrados.

Aunque respaldó a la PDI,  Hinzpeter no entregó apoyo explícito al director de la institución, cuando fue consultado por la posibilidad de pedir su renuncia: “Siempre hemos dicho que las policías tienen nuestro respaldo al actuar, pero también que ese respaldo tiene un límite claro y definido. Nadie puede actuar al margen de la ley y mucho menos violando garantías de ciudadanos de nuestro país. No le corresponde al ministro del Interior expresar juicios a aquella naturaleza que le compete a las facultades del Presidente, todos quienes estamos en cargos estamos, eventualmente, sujetos a contar o no con la confianza del Presidente”, dijo.

Estas acusaciones han puesto en entredicho la credibilidad de la PDI como institución, planteando algunas voces que la entidad debería quedar en manos del Ministerio Público.

Al respecto, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán indicó que, aunque “una policía que dependa de la Fiscalía sería el ideal, en el sentido de funcionalidad”, instó primero a enfocarse en el fortalecimiento del Ministerio Público, a través del aumento de dotación y la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad.

Asimismo, Chahuán, descartó  que el caso pueda dar pie a un “quiebre en la confianza” hacia la PDI, sosteniendo que “si estas personas son condenadas, no son detectives, son delincuentes”.

Para la diputada PPD, Adriana Muñoz, este es un verdadero escándalo y debe ser investigado en todas sus aristas. “No sabemos qué pasa con la pérdida de una tonelada de cocaína en 2010, con la pérdida de 100 kilos de drogas hace unos días en la zona norte, no sabemos. Además hemos conocido que un ex PDI, un señor Ulloa, entregó una carpeta importante hace varios meses con toda la investigación que hizo acerca de estas redes de protección al narcotráfico de la PDI al ministro del Interior y no hay respuesta”, agregó.

Los policías arriesgan entre 10 y 21 años de presidio dependiendo de la participación de cada uno de ellos en los ilícitos que se les imputan.

Hechos de corrupción que escalan

En la tercera edición de Radioanálisis de nuestra emisora, la investigadora del Centro de Estudios Públicos  de la Universidad de Chile, aseguró que este es un fenómeno “del que no está exento la policía en ninguna parte del mundo”, pero es considerado entre “los actos de corrupción más graves”, señaló.

En conversación con Felipe Pozo, la experta en narcotráfico señaló que este tipo de actos de corrupción se originan como “hechos aislados y específicos, como el soborno, pero escalan hacia otro tipo de mayor envergadura, que serían las que tienen que ver con la instalación de evidencia falsa, obstrucción de investigaciones y protección de personas”, dijo.

Para afrontar la corrupción y prevenirla, según Alejandra Mora, se debe trabajar en el fortalecimiento de la formación ética del cuerpo policial, “pues nos conformamos con un curso de ética al momento de ingresar a las escuelas”, también “ampliar horizontes hacia una formación continua, sometida a capacitaciones y reforzamientos de contenidos, así como mejorar los mecanismos de selección de los policías, hacerlos más exhaustivos”.

En esta línea, “es cuando la rendición de cuentas toma un rol protagónico. Tiene que ver con la existencia de otros al exterior de la policía que puedan tener un cierto control sobre la actividad de las instituciones”, señaló, otorgando a la sociedad civil una importante responsabilidad en la fiscalización.

No obstante, la académica destacó que en Chile “estamos relativamente protegidos y no hemos visto los efectos del crimen organizado vinculado al narcotráfico”, como si se ha desarrollado -por ejemplo- en México, Honduras y otros países centroamericanos. Una realidad de la que, a juicio de la experta, aún estamos seguros, siempre y cuando ahora se avance en perfeccionar los  métodos de fiscalización, ya que “el crimen organizado en torno a la droga necesita corromper a agentes del Estado, ya sea en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial o en los órganos policiales”, concluyó.

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Chile y un caso de corrupción sin precedentes

Fuente: ANSA

Crédito foto: Gentileza La Tercera

Diez funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y cuatro civiles fueron formalizados bajo la acusación de apremios ilegítimos y de extorsionar a narcotraficantes

La investigación, que duró siete meses y que lideró el fiscal Emiliano Arias, fue revelada este martes con la detención de siete policías de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Pudahuel y otros tres de la Brigada Móvil Metropolitana. La pesquisa incluyó escuchas telefónicas y seguimientos a 14 sospechosos, cuatro de ellos, civiles.

De acuerdo con versiones de prensa, sólo 24 horas antes de la diligencia, la policía civil se enteró de que 10 de sus hombres integraban una presunta red de corrupcióndedicada a “extorsionar a narcotraficantes, para así obtener dinero ilícito”.

En total, fueron detenidos tres subcomisarios, tres detectives, dos subinspectores, un inspector y un asistente policial. Todos fueron “separados” de sus funciones. Los policías son indagados por los cargos de faltar maliciosamente a la verdad, detención ilegal, allanamientos ilegales, apremios ilegítimos, tráfico de drogas y omisión de denuncias.

Durante la formalización de este jueves, el Ministerio Público presentó diversas escuchas telefónicas realizadas durante los siete meses que investigó a la supuesta red de corrupción al interior de la policía civil.

Las escuchas revelan el actuar de los 10 funcionarios de la PDI, quienes amenazabannarcotraficantes para que entregaran datos de dónde podría haber droga para hacer procedimientos. Además, las cintas muestran que se ponían de acuerdo para realizar las quitadas de drogas y que inventaban llamadas denunciando transacciones e inventando autorizaciones de jueces.

El fiscal Arias calificó los hechos como “casos de corrupción” y solicitó la prisión preventiva de los imputados, que podrían arriesgar 21 años de cárcel.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, oficializó la presentación de una querella, por parte del Gobierno, en contra de los funcionarios de la PDI. “Siempre hemos dicho que las policías tiene todo nuestro respaldo en su actuar, pero también que ese respaldo tiene un límite claro y definido, que es el que entrega la ley”, comentó. “Nadie puede actuar al margen de la ley y mucho menos violando garantías de los ciudadanos. Por eso, en un contexto de indignación, molestia, hemos presentado, como Ministerio del Interior, una querella criminal”, agregó.

Respecto a la continuidad del director de la PDI, Marcos Vásquez, quien ha sido cuestionado por varios sectores políticos, Hinzpeter expresó que “no le corresponde al ministro del Interior expresar juicios sobre materias que competen a las facultades del Presidente de la República”. Y señaló: “Todos quienes estamos en cargos estamos, eventualmente, sujetos a contar o no contar en algún momento dado con la confianza delPresidente“.

La presunta red de corrupción al interior de la PDI se destapó a sólo días de que se revelara otro escándalo en el Gobierno: los sobreprecios de hasta un 400 por ciento, pagados por el Ministerio del Interior a una empresa privada por equipos para detectar drogas en el Plan Frontera Norte. En esa línea, un grupo de parlamentarios de oposición confirmó que interpelarán a Hinzpeter por el “caso sobreprecios”.

El ministro aseguró estar “más que dispuesto, estoy preparado (para responder). Es parte de mis obligaciones funcionarias, así es que no le encuentro ninguna anomalía. Me parece que está dentro de lo que nuestra legislación y ordenamiento jurídico”, declaró.

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Director de la PDI reitera confianza en su institución

Marcos Vásquez afirmó que la mayor parte de los 11 mil funcionarios hacen un buen trabajó, aunque reconoció que “en la Policía de Investigaciones tenemos medidas de control que por supuesto tienen que ser perfeccionadas?.

Fuente: La Tercera

El director de la PDI, Marcos Vásquez, defendió la labor de su institución, indicando, respecto a la reciente caso de supuesta red de corrupción que involucra que diez funcionarios, “actuaremos como siempre lo hemos hecho, poniendo los antecedentes  a disposicion del minsterio público”, enfatizando que nadie está por sobre la ley.

En declaraciones a CNN Chile, el funcionario policial recalcó que “sin duda que situaciones como esta no las podemos tolerar… y tenemos que preocuparnos de que no vuelvan a ocurrir”, también defendió la labor de su institución, recordando que “somos más de 11 mil funcionarios, los que hacen su trabajo como deben ser”.

“También debo decirle que somos casi 6.200 detectives (que) están dedicados día a día a hacer su trabajo como corresponde.. incautamos mas del 65% de la droga que se incauta en el país, tenemos cerca de 100 mil detenidos al año”, afirmó.

Recordó también que las encuestas confirman la confianza de las personas en la PDI, a pesar de que por la naturaleza de su trabajo tienen poca visibilidad.“Nosotros nos sentimos muy orgullosos de estar tan bien evaluados por la ciudadanía”.

También descartó su renuncia, porque precisamente en momentos difíciles es cuando la institución requiere. “Reconozco que estoy muy afectado, pero tengo un compromiso con la institución”.

 

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One Comment to “Chile: red de corrupción en la PDI”

  1. Esto se le va a derrumbar al Ministerio Público, igual que la Red de corrupción, que según la Fiscal Nancy Gonzalez, existía en octubre del 2008 y posteriormente, por todas sus irregularidades y mentiras, salio sancionada, suspendida y trasladada a la Fiscalía de Colina. donde se encuentra escondida hace cuatro año, por orden de Sabas Chahuan. En dicha ocasión salieron cuatro Detectives absueltos y el resto debió aceptar juicios abreviados y simplificados, por la presion de una prision preventiva. Y nunca mas de supo, solo quedo el daño hecho a todas las familias de los funcionarios y el Ministerio Publico, logrando salir en la prensa, quedo felices, pero al igual que esa ocasión a Emiliano Arias le va a ocurrir lo mismo..

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