Representantes de pueblos originarios chilenos debatieron sobre derecho a consulta


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– Representantes de pueblos originarios debatieron sobre derecho a consulta
 
– Declaración de Santiago de los “Pueblos Originarios Unidos”
 
– Sacerdote defendió la importancia del convenio OIT para el pueblo indígena

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Representantes de pueblos originarios debatieron sobre derecho a consulta

El fin de semana, dirigentes de los nueve pueblos indígenas del país se reunieron por primera vez para discutir Convenio 169 de la OIT.

Fuente: La Tercera

1664099La idea de la asamblea convocada este fin de semana por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) era que los 250 representantes de los pueblos originarios debatieran en torno a la nueva normativa de consulta y participación indígena, que regulará los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT.

La normativa elaborada por el gobierno fue presentada en agosto, con el objetivo de que los nueve pueblos indígenas del país pudieran autoconvocarse en forma libre e informada. El texto reemplazaría el decreto 124, promulgado en 2009, y que no fue consultado con las comunidades.

Uno de los puntos que más les interesan a los pueblos originarios pasa por la regulación del nuevo artículo, la que se relaciona con el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan, como también el controlar su propio desarrollo económico, social y cultural.

Los representantes aseguran que el principal conflicto es que ellos no participan de los seguimientos a los tratados. “Quizás los gobiernos se han preocupado de no difundir, no informar y tampoco formar. Y por el lado de los pueblos indígenas, las organizaciones se han quedado demasiado en lo panfletario”, señaló el presidente de la Comisión Consulta, Marcial Colin.

Los dirigentes, reunidos en un hotel en Santiago, señalaron que también buscan que los recursos naturales de los pueblos indígenas no sean sobreexplotados y que ellos puedan tener real derecho a voz y voto en temas que los afecten.

“Las reuniones sirven enormemente, porque nos enteramos de cómo funcionan las cosas realmente. Siempre este tipo de consultas nos ayudan a todos a pelear por nuestros reales beneficios”, manifestó la representante del pueblo kawésqar, Oliva Uribe.

El encuentro contó con representantes de Naciones Unidas, entidad que participó en el panel inicial, para facilitar el apoyo metodológico en el registro y sistematización de las observaciones de los delegados.

El representante aimara, Javier Vilca, comenta que, para ellos, el encuentro es una oportunidad que en el pasado era impensable. “Antes no teníamos ninguna posibilidad de hablar. Si lo hacíamos, era algo bien oculto y con miedo”, señaló.

Así también, Colin manifestó que no debiera ser difícil llegar a un acuerdo con el gobierno, debido a que se tienen elementos concretos. “Vamos en un camino que va creciendo en términos de legitimidad. Claro que todo va a depender de la comisión alta, para que este proceso tenga un documento consensuado y ratificado”.

Las conclusiones del debate de pueblos serán consensuadas para su propia propuesta sobre el derecho a consulta y participación. Esta le será entregada al Ejecutivo, para dar paso a una mesa que permita gestar los planteamientos, para establecer una nueva normativa entre los pueblos indígenas y el gobierno, la que entraría en vigencia en 2013.

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Declaración de Santiago de los “Pueblos Originarios Unidos”

Fuente: Mapu Express.

3_12_2012_20_29_29Exigimos la paralización de los procesos de consulta de todas las medidas administrativas y legislativas en trámite, y de todos los proyectos energéticos y extractivos en territorios indígenas, hasta que estos cumplan con las condiciones y garantías establecidas en los instrumentos ya señalados…

Los pueblos indígenas Aymara, LickanAntai, Quechuas, Collas, Diaguitas, Mapuches, y Kaweskar reunidos en el Hotel Crowne Plaza con motivo de la convocatoria realizada para informar y discutir sobre la Propuesta de consulta Indígena de Gobierno, y representados por medio de cada uno de los firmantes de la presente declaración, afirmamos que:

1.- Somos pueblos pre-existentes a la conformación del Estado de Chile, y por lo mismo, somos titulares del derecho a la autodeterminación, lo cual se entiende y expresa entre otras formas, por medio del derecho a la consulta y participación

2.- Exigimos de forma inmediata la derogación del Decreto 124 de MIDEPLAN, antes del 31 de diciembre del presente año, documento desarrollado de forma inconsulta y estratégica con el fin de vulnerar la consulta y participación indígena, contenidas no solamente en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, sino también, en la totalidad de los demás artículos del Convenio, en la Declaración de las Naciones Unidas, y los demás instrumentos generales de derechos humanos y ratificados por Chile.

Cabe destacar la declaración del Ministro Joaquín Lavín realizada en octubre del 2011, respecto el compromiso de derogar en el corto plazo dicho decreto. Compromiso que hasta la presente fecha no se ha cumplido.

Exigimos también detener la tramitación del nuevo Reglamento del SEA, el cual no fue consultado bajo ningún aspecto y que lesiona gravemente los derechos de los pueblos indígenas. Dicho reglamento sólo profundiza el modelo económico extractivo, afectando nuestras territorios y tierras, aguas y demás recursos naturales.

Así mismo, y mientras se discutan las nuevas propuestas de consulta, exigimos que se aplique de forma directa el Convenio 169 de la OIT a través de las recomendaciones del Relator de las Naciones Unidas James Anaya, siempre que se invoque dicho proceso.

3. En consecuencia, exigimos la paralización de los procesos de consulta de todas las medidas administrativas y legislativas en trámite, y de todos los proyectos energéticos y extractivos en territorios indígenas, hasta que estos cumplan con las condiciones y garantías establecidas en los instrumentos ya señalados.

4. Rechazamos la actual propuesta de consulta impuesta por el Gobierno, tanto en su metodología, objetivos y contenidos. En nuestros territorios no se informaron oportunamente los objetivos y contenidos de la convocatoria, se ha omitido arbitrariamente la participación de determinados Lonkos y otras Autoridades Ancestrales y representativas elegidas en forma autónoma, afectando la debida representatividad de nuestras bases. A lo cual, hay que agregar la falta de representación en el Consejo de la CONADI de los pueblos indígenas Quechua, Colla y Diaguita, afectado su posición en los procesos de información.

5. En consecuencia, para desarrollar la consulta, proponemos descentralizar dicho proceso. Se debe garantizar la adecuada participación de todos los pueblos autónomamente organizados, considerando su realidad e identidad cultural, respetando sus métodos tradicionales de adopción de decisiones, con sus propios tiempos, plazos e idiomas.

Exigimos la ampliación de los plazos impuestos unilateralmente, como también exigimos el financiamiento estatal de las reuniones de trabajo de los pueblos indígenas así como de los asesores elegidos libremente por cada uno de los territorios.

De no cumplir con dicha demanda, identificamos en el actuar de Gobierno una falta expresa a la buena fe y por ende, invalidamos cualquier resolución, como así a los indígenas que amparen este comportamiento.

6. Además, exigimos cumplir los comentarios realizados por el Relator especial de las NU para los pueblos indígenas James Anayacon fecha noviembre de 2012, sobre los estándares internacionales para la realización de la consulta. En tal sentido, la consulta es un deber del Estado y un derecho de los pueblos indígenas, no es una acción que dependa de la buena voluntad de uno u otro gobierno. Así mismo, creemos que ningún reglamento o manual puede limitar el derecho a la consulta y participación, y menos los derechos generales y particulares de los indígenas. Por el contrario entendemos que una propuesta de los pueblos indígenas, debe ser un documento que respete los instrumentos internacionales, puesto que se trata de derechos humanos y que no pueden subordinarse al interés nacional.

7. Rechazamos categóricamente la nueva Ley de Pesca, la Ley de Fomento Forestal y exigimos la modificación de las demás leyes sectoriales, que en ningún momento fueron consultadas. También rechazamos la entrega de derechos de agua en territorios indígenas, y demandamos el fin al estado de violencia y la desmilitarización inmediata de los territorios ocupados.

8. Exigimos la renuncia del Director Nacional de la CONADI por no estar presente en esta convocatoria, y más importante aún, por la carta enviada por él a la Ilustrísima Corte de Apelaciones con fecha 14 de noviembre del 2012, en que señala que el “supuesto” proceso de consulta indígena ha sido efectivamente realizado. Los pueblos declaramos que las firmas obtenidas mediante talleres, reuniones, capacitaciones y otras actividades realizadas por el Gobierno no constituyen consultas.

Para finalizar sólo expresamos nuestra voluntad para trabajar una propuesta de consulta, siempre y cuando se respeten los derechos y garantías expresados en esta declaración como en el convenio 169, declaración de las Naciones Unidas, y demás instrumentos nacionales e internacionales de Derechos generales.

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Sacerdote defendió la importancia del convenio OIT para el pueblo indígena

  • Carlos Bresciani apuntó a que éste “no se está aplicando” en el país.
  • “Hay que abordar el tema más de fondo”, puntualizó.

Fuente: Radio Cooperativa.

Para el sacerdote, las comunidades definieron su autodeterminación.

Para el sacerdote, las comunidades definieron su autodeterminación.

Tras las quejas del mundo empresarial sobre el acuerdo de la OIT que establece en su artículo 169las garantías de los pueblos originarios a ser consultados sobre proyectos que los afecten, el sacerdote jesuita Carlos Bresciani enfatizó la importancia del documento, defendió a los indígenas y negó su participación en reuniones consultivas sobre proyectos ambientales.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el sacerdote expresó que “si se piensa lo del convenio 169 desde las perspectivas económicas, ciertamente estamos perdidos. Creo que se debe pensar desde la perspectiva de los Derechos Humanos de los indígenas, ya que es un bien común para todo el país”, apuntó y señaló que el acuerdo firmado por el Estado de Chile “debiera comenzar a implementarse en las comunidades y en el país en general”.

Sin embargó, “el convenio 169 siento yo que no se está aplicando y que solo se aplica cuando hay abogados defendiendo intereses de comunidades o de personas de comunidadesen ciertos litigios concretos relacionados a forestales o a ciertas empresas que está participando en el territorio”, dijo Bresciani.

“Pero no hay una estructura orgánica que esté haciendo el esfuerzo por hacer o reconstruir legalmente el convenio 169 en las comunidades”, las cuales “viven su proceso de autonomía y de autodeterminación en su propio caminar”.

Un supuesto documentó que generó “confusión”

Además, ante un supuesto documento del Gobierno que indicó que el sacerdote habría participado en una de las reuniones sobre las consultas del Reglamento de Evaluación Ambiental para proyectos de inversión, Bresaciani indicó que “fui invitado a una de estas reuniones, pero no pude asistir“.

“Parece que ha habido una confusión en términos de si se nombró o no como si estuviera participando, o fue alguien que mencionó esto tratando de hacer confusión entre la gente”, puntualizó el religioso, quien negó participar en cualquier tipo de junta sobre el tema.

Tras esto, “yo mandé mi molestia a las personas de Gobierno que me han respondido en las últimas horas y me han dicho que no me han nombrado ellos como avalando este proyecto (…) según lo que dicen ellos, hubo alguna abogada en la reunión que generó esta confusión“.

Además, recalcó la importancia de que el relator de las Naciones UnidasJames Anaya, participara como asesor para aclara los tipos de reuniones. “Ahí está la clave para realizar un buen proyecto de consulta”, sostuvo.

Hay que abordar el tema más de fondo, que es cómo queremos realizar, como país, una verdadera consulta sobre el modo de cómo las comunidades quieren abordar las diferentes temáticas que le afectan”, sostuvo Bresciani.

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