Denuncias por falsos exonerados


  • Matthei critica a Bachelet por caso exonerados: “Recibieron 125 denuncias por escrito y no se contestó ninguna”
  • Beneficios de exonerados y políticas de reparación
  • Declaración pública del Comando de Exonerados de Chile A.G.
  • Nibaldo Mosciatti: Exonerados, turbiedades políticas
  • José Zalaquett califica de “manchón en los DD.HH” el caso exonerados
  • DIPUTADOS ASEGURAN QUE CONTRALOR LES DIJO: “NO HAY FALSOS EXONERADOS”
  • Gobierno inicia proceso de suspensión de pagos a “falsos” exonerados y presentará querella para determinar responsabilidades
  • Primeras denuncias por falsos exonerados se conocieron en 2008
  • Ubilla por exonerados: es “instrumentalización política”
  • Ubilla: “Se generó una complicidad entre autoridades y solicitantes para defraudar”
  • Ofician al Ejecutivo para que presente proyecto que permita a falsos exonerados renunciar a pensión
  • Bachelet y exonerados: Es probable que se hayan cometido errores
  • Saa y pelea por exonerados: “Debí haberme controlado”
  • Rubilar y caso Exonerados: “Tuve protección policial”
  • Contralor y caso exonerados: “Nosotros sólo buscamos irregularidades administrativas”
  • Allende por caso exonerados: “Espero que el nombramiento de una ministra en visita aclare los hechos y termine con el aprovechamiento electoral”
  • Ocho legisladores en ejercicio mantienen pensiones como exonerados
  • Matthei responsabiliza a ex jefa de oficina de exonerados en gobierno de Bachelet
  • Oposición evalúa querellarse contra Matthei por caso exonerados
  • IPS constituye equipo especial por caso de falsos exonerados

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Matthei critica a Bachelet por caso exonerados: “Recibieron 125 denuncias por escrito y no se contestó ninguna”

La ministra del Trabajo, además, aseguró que “no había un solo control de los diputados ni de los que estaban a cargo del programa”.

por La Tercera – 10/06/2013 –

La ministra Evelyn Matthei criticó a la actual candidata presidencial y ex mandataria Michelle Bachelet acusando una falta de respuesta en el caso de los exonerados durante su gobierno.

En entrevista en Tolerancia Cero, señaló que “recibieron 125 denuncias por escrito y no se contestó ninguna”.

“Escalona, en 2008, reconoció que había problemas y José Zalaquett (el mismo año) dijo que había severos problemas”. agregó.

Matthei aclaró sus dichos respecto a que había indicado que el programa de los exonerados estaba hecho para defraudar.

“No dije que fuera una máquina previa (a la ley), y puede haberse transformado en una máquina. Lo que yo sí señalé cuando se estaba discutiendo la ley, es que esto se iba a transformar en una fábrica de pensiones”, indicó.

Además, señaló que “no había un solo control de los diputados ni de los que estaban a cargo del programa”.

Por último, sobre las cifras, dijo que ella había advertido que el número se dispararía, porque “es lo que se desprende de los números que daban los propios parlamentarios de la Concertación. Ellos hablaban de 50 a 60 mil exonerados y al final se termina calificado a 157 mil”.

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Beneficios de exonerados y políticas de reparación

Las presuntas irregularidades que puedan surgir del proceso de certificación de algunas personas exoneradas no pueden generar un manto de duda sobre la responsabilidad del Estado de Chile en las violaciones sistemáticas e institucionalizadas a los derechos humanos ocurridas en dictadura.

por Lorena Fries – 10/06/2013 – La Tercera

UNO DE los desafíos centrales que deben asumir las sociedades que dejan atrás regímenes dictatoriales es el de reparación de los daños y agravios causados a sus ciudadanos por tales regímenes. Así ha ocurrido en Chile luego de la recuperación de la democracia; el Estado ha desarrollado la política pública de reparación a víctimas de violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas en dictadura, en base a un conjunto de medidas y programas que responden a ese objetivo. Destacan, entre otras, el sistema de pensiones de reparación a familiares de personas desaparecidas, ejecutadas políticas y víctimas calificadas como sobrevivientes de prisión política y tortura; el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (Prais); las becas de estudio para hijos de las víctimas calificadas de desaparición forzada o ejecución extrajudicial menores de 35 años, la rehabilitación de derechos civiles y políticos, y la pensión no contributiva para exonerados por razones políticas.

En el marco de la política de reparaciones a exonerados, es que en la última semana se denunció la presunta entrega de beneficios a personas que no cumplirían con los requisitos establecidos en el Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, del Ministerio del Interior. Parece obvio que tales denuncias deben ser seriamente investigadas, no sólo en función del deber general de cautelar el uso de los recursos públicos, sino porque su mala utilización puede llegar a implicar un cuestionamiento acerca de la justicia y necesidad de tales políticas.

En ese sentido, resulta necesario hacer hincapié en que las presuntas irregularidades que puedan surgir del proceso de certificación de algunas personas exoneradas no pueden generar un manto de duda sobre la responsabilidad del Estado de Chile en las violaciones sistemáticas e institucionalizadas a los derechos humanos ocurridas en dictadura y  la consecuente obligación de reparar a las víctimas de tales hechos. Por ello, la situación denunciada no puede ser objeto de rencillas o cálculos políticos menores a efectos de sacar ventajas por unos u otros. El compromiso de nuestra sociedad con las víctimas de la etapa más oscura de nuestra historia es algo serio y compromete los fundamentos éticos sobre los cuales debemos construir nuestro futuro.

Lo que corresponde es corregir las deficiencias detectadas y proceder a los ajustes necesarios para asegurar la adecuada ejecución de esta política pública. A modo de ejemplo, tal como lo ha señalado el INDH, las medidas de reparación de las víctimas no están coordinadas orgánicamente;  algunas de ellas están radicadas en el Ministerio de Salud, otras en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En la perspectiva de garantizar la coherencia y organicidad de dichas políticas, así como su adecuada implementación, el INDH ha expresado que sería deseable que la futura Subsecretaría de Derechos Humanos tuviera facultades suficientes para coordinar dichas políticas.

La dignidad de las víctimas exige tratar el tema ponderando la trascendencia del pasado en la construcción de nuestro futuro.

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Declaración pública del Comando de Exonerados de Chile A.G.

El Comando Exonerados de Chile A.G. comunica a sus bases del país y del exterior, así como a la opinión pública, lo siguiente:

El Ciudadano (Chile)

El informe de la Contraloría General de la República del 28 de mayo del presente acredita anomalías en más de 3.000 casos de exonerados políticos y ordena sumario en el IPS. Debemos manifestar nuestra discrepancia en varios puntos.

El listado de empresas (Públicas, privadas, autónomas del Estado y otras) fue realizada por elMinisterio del Interior, con documentos, y visadas por la Contraloría a partir de la ley 19.234 de 1993; en el año 2005 y el 2007 ésta Contraloría bajó del listado a 5 ó 6 empresas privadas por considerar que no hubo exoneración política sino que habían sido empresas que quebraron; lo que olvidó el Sr. Contralor es que estas empresas siendo intervenidas militarmente fueron llevadas a la quiebra para comprarlas a precio de chaucha. Una de ellas Fanaloza-Penco la compróArellano Stark y nunca la pagó.

Los Exonerados políticos del año 73, de acuerdo a la ley basta el finiquito y no necesitan relato por lo tanto los exonerados que fueron funcionarios rentados de los Partidos Políticos solo necesitan el certificado del Presidente de su Partido y este no era concedido sino era avalado por antiguos militantes a quienes les constaba este hecho.

Recordar que los Partidos Comunista y Socialista de Chile eran los más grandes en la época de laUnidad Popular, a través del país, con sedes en todas partes, encargados juveniles, sindicales, sociales, etc.

Hoy todos los Partidos políticos tienen funcionarios rentados a lo largo del territorio nacional por lo que no puede extrañarse la Contraloría de esta situación, esperamos que hoy les hagan las imposiciones.

1.- Expedientes sin la documentación

Al respecto se debe tomar en cuenta varios puntos

a) Se perdieron expedientes y hubo que reconstruirlos.

b) Para el terremoto de febrero de 2010, las dependencias de archivo del IPS, ubicadas en Camino Agrícola, se cayeron y se perdieron documentos nuestros y de régimen.

c) En la revisión por largo tiempo en Agrícola por el Ministerio del Interior se volvieron a perder documentos.

d) Hoy nos hemos encontrado expedientes en la oficina de exonerados del Ministerio del Interior que tienen un documento. ¿Dónde está el resto que presentó el exonerado? Hay expedientes que tienen documentación de otra persona, por lo general el exonerado presentaba originales y no dejó copia puesto que se confía en la institución que los recibe.

e) Hay tres instancias por las que pasan estos expedientes, Ministerio del Interior en donde se entrega la solicitud y se llevan los documentos necesarios, se pasa a Comisión, se califica, luego el expediente va al IPS que ve la parte previsional para otorgar el beneficio que corresponde y luego a Toma de Razón de la Contraloría ¿y ninguna de estas instancias vio que no correspondía?

2.-Subrogación

La subrogación es un mecanismo por el cual las pensiones de régimen y las nuestras pagan las imposiciones que no hizo el empleador o desaparecieron, esto fue autorizado por la Superintendencia de Seguridad Social con el procedimiento que corresponde.

Hay que recordar que muchos trabajadores no se presentaron a sus empresas por el temor de ser detenidos; ¿Cuántos fueron asesinados y desaparecidos por la Dictadura?, por lo tanto su libreta del SSSquedó en dicha empresa junto con el finiquito y ante esto se acordó con la Contraloría que el dirigente sindical de la época extendiera un certificado con el respaldo de la Dirección del Trabajo que había sido dirigente. Este dirigente entregó dicho respaldo previa constatación que el exonerado trabajó allí.

Lo mismo que sucedió con los asentados, todos sabemos que el SAG no tiene, a su haber, listados de los asentados ni todos los asentamientos, que incluso cambiaron de nombre cuando se llamaban Che Guevara, Emilio Recabarren y otros que significaban nombres de izquierda, por ello se acordó con la Contraloría que el Seremi de Agricultura de la zona, como autoridad, diera el certificado una vez que constataba que era asentado y exonerado.

Imposiciones que no aparecen porque las Agencias de las Cajas, como el SSS se inundaron como enValparaíso, o se incendiaron, como en San Miguel y hoy los que existen dicen empleador no registrado.

Cuando la dictadura desocupó las dependencias de la Caja Empart, ubicada en Teatinos con Santo Domingo, trasladó la documentación en camiones sin toldo y los documentos se iban cayendo, en ese tiempo no había computación.

3.- Alto costo en pensiones

Nuestras pensiones son con nuestras imposiciones que quedaron en las diferentes Cajas de Previsión y fueron ganando dinero, no quedaron en una gaveta; el 80% y más son pensiones de $142.000, muy por debajo de lo que ganaba el exonerado en su trabajo, sin embargo las pensiones de los ex Parlamentarios de Derecha, que no tuvieron ética, y se presentaron como exonerados, reliquidaron pensiones de régimen como el Sr. Onofre Jarpa y otros obtuvieron pensiones no contributivas altísimas.

Las pensiones no contributivas, a la fecha son 75.000 y la Sra. Ministra del Trabajo habla de 150.000 pensiones.

Esta es una ley de reparación previsional y se llama pensión no contributiva, debiendo llamarse pensión compartida, porque el abono del artículo 6° es en el cual nosotros no contribuimos con imposiciones.

4.- Certificados de Parlamentarios

Estos certificados otorgados por Parlamentarios de la Concertación y de la Derecha solo era un respaldo, no calificaba el exonerado con este documento.

La Comisión investigadora de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Salaberry, ya evacuó su informe en la Sala de la Cámara, y aquí habría que hacer un paréntesis, cuando asistimos a esta Comisión, entregamos el certificado que otorgó, y lo agradecemos, el ex senador Andrés Chadwick y hoy ministro del Interior, por los exonerados de Fiat después del 79 y se extravió, pero teníamos copia.

Agradecemos también a los parlamentarios, Maximiliano Errázuriz, García-Huidobro, Carlos VilchesRecondo por sus certificados, lamentablemente no son nombrados.

5.- Pensiones otorgada a exonerados fallecidos

El exonerado fallece mientras está haciendo los trámites y tiene las imposiciones para obtener la pensión se le paga a la viuda la pensión completa hasta la fecha de su fallecimiento y luego la viudez, eso se llama saldo insoluto y es un derecho. No es que se le pague al muerto.

6.- Menores de edad

Hasta 1990 la mayoría de edad era a los 21 años, hoy es a los 18 años y es de conocimiento general que al terminar la secundaria, aquellos que podían hacerla, se ponían a trabajar para ayudarse en los implementos que se necesitaban en la Universidad o para ayudar a la familia, pero todos saben que muchos empezaban a trabajar a los 12 años y por ejemplo, si un asentado tenía 12 años al 1969 y lo echaron en 1973 tenía 16 años y eso también se daba en otros trabajos, ¿o es que hoy no tenemos menores de edad trabajando? Y en muchos casos no les hacen imposiciones.

LEY 19.260

Esta ley dice que pasado tres años que la persona tiene una pensión, prescribe y por lo tanto no se la pueden quitar porque es patrimonio familiar, esto lo dijo en la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados el Contralor de la República, Ramiro Mendoza.

Este informe solo ha permitido que tenga un trasfondo político para enlodar a los gobiernos ce la Concertación y en especial a la candidata Michelle Bachelet.

La diputada Karla Rubilar, hace mucho eco en esto, y sus investigaciones las hace a través de las noticias de la prensa, como por ejemplo la gráfica que siempre muestra, la que es totalmente falsa ya que según esto al 2010 habrían calificado 100.000 exonerados con mayor índice en las elecciones y resulta que al 2010 el número de calificados era de 157.200 ¿se perdieron 57.200 calificaciones? extraño por decir lo menos, cuando consultamos por qué faltaban estas calificaciones la respuesta es que no tenían la fecha de la calificación de estos exonerados, ¿es o no una persecución política?

No estamos a favor de calificaciones de quienes no son exonerados, pero esto es, si es que los hay, un número insignificante y no vamos a permitir que se nos vuelva a difamar, somos adultos mayores que entregamos todo para engrandecer nuestra Patria y entregamos todo para volver a la Democracia.

La exoneración fue uno de los derechos humanos atropellados por la dictadura y significó miseria, proyectos de vida destruidos, familias dispersas, dolor, angustia, hambre por muchos años, somos un segmento de la sociedad el cual merece respeto, no nos dejaremos avasallar por los descendientes de los que nos exoneraron y lucharemos y defenderemos con todo a los nuestros.

PORQUE NOS QUITARON TODO, EXIGIMOS JUSTICIA

BERNARDO VARGAS – F. ZAIDA ARAYA S.

Presidente – Sec. General

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Nibaldo Mosciatti: Exonerados, turbiedades políticas

Jueves 6 junio 2013 | BioBioChileTV

La política a veces sirve para alumbrar, para despejar el panorama pero en otras ocasiones solo lograr enturbiarlo y es lo que está pasando con el caso de los falsos exonerados políticos.

Las acusaciones cruzadas y mutuas entre oficialistas y opositores, simplemente han servido para desviar el foco del asunto.

Después de 2 años de movilización ciudadana contra los abusos, donde están los casos por ejemplo de Freirina, de La Polar, del Retail, de las universidades y de las farmacias, estamos ante un nuevo fenómeno de abuso, que es el que gente que no es exonerada política, haciéndose pasar por tal, pretende obtener y ha obtenido beneficios.

Link:

http://editorial.biobiochile.cl/notas/2013/06/06/nibaldo-mosciatti-exonerados-turbiedades-politicas.shtml

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José Zalaquett califica de “manchón en los DD.HH” el caso exonerados

8 de junio de 2013 |El Dínamo |
/ europe.standford.edu/ europe.standford.edu

El abogado de la comisión Retting asegura no estar sorprendido por los 2.951 casos cuestionados. Además agrega que el tema fue denuncia hace años y que no hay que ser un “sabueso” para descubrir que hubo “ligereza” en el tema.

El abogado e integrante de comisión Retting se refirió al caso exonerados, calificándolo como una “mancha” en materia de derechos humanos, agregando que el tema era conocido.

Según publica La TerceraZalaquett adjudica el error “a que se llevó a cabo por procedimiento administrativo, y no una comisión que le diera solemnidad y estuviera revestida de independencia de juicios y equilibro político”, añadiendo que el problema central radica en que “la ley permitió que uno de los elementos para comprobar la condición de exonerado fuera el certificado del secretario general de algún partido político, de autoridades o parlamentarios. Eso fue abrir la puerta al clientelismo“.

Sobre los conglomerados políticos, el abogado declara que “si un partido perdió personas porque lo disolvieron y la gente perdió su trabajo, eso es una razón política y debe ser compensado. Pero no puedo convencerme de que los partidos hayan tenido centenares de personas que aparecen certificadas trabajando remuneradamente. Eso no responde a la realidad“.

En cuanto a las fallas detectados, Zalaquett asegura que el problema está en la ley y en errores deliberados, diciendo que “el sistema fue mal diseñado y hubo casos en que no importó que estuviera mal diseñado. Si se trataba de hacerle un favor a alguien, se le hacía. El problema fue entregarle preponderancia al testimonio de dirigentes de partidos o parlamentarios que podían tener un interés adicional al de hacer justicia”.

Al momento de enfrentar los problemas, Zalaquett dice que “Chile, en general, ha enfrentado el tema del legado de violaciones a los DD.HH. en forma aceptable, con bemoles y problemas, pero un manchón en ese récord es el caso de los exonerados“.

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Diputados aseguran que Contralor les dijo: “No hay falsos exonerados”

DIPUTADOS ASEGURAN QUE CONTRALOR LES DIJO: “NO HAY FALSOS EXONERADOS”

Teillier, Gutiérrez y Aguiló se reunieron este viernes con Ramiro Mendoza, quien les habría señalado que lo que su organismo detectó en un informe fueron “irregularidades administrativas”.

Viernes 7 de junio de 2013 | por Nación.cl

Los diputados comunistas Guillermo Teillier y Hugo Gutiérrez, y el legislador Sergio Aguiló (IC)manifestaron que en una reunión sostenida con el Contralor de la República, Ramiro Mendoza, éste les manifestó que “nunca ha hablado de la existencia de ‘falsos exonerados’ en Chile” y que lo que detectó el organismo que dirige “son irregularidades administrativas, pero esas irregularidades no le quitan la calidad de exonerados a las personas que están calificadas como tales”.

Teillier enfatizó que “según la versión que dio el Contralor, en Chile no existen ‘falsos exonerados’. Eso no quiere decir que algunas personas se hayan aprovechado, pero me da la impresión que son las menos. No es que exista una colusión de organismos institucionales para crear las condiciones para tener, como se dijo, ‘una fábrica de exonerados’. Eso es mentira.”.

Indicó también que “el Contralor, para afirmar sus palabras, me entregó la exposición que él hizo ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, donde él planteó lo mismo que estamos diciendo nosotros. Y él dice que no se ha movido de esta posición. Él nos dijo: ‘Estudien esto y van a ver que les estoy diciendo la verdad’”.

Por su parte, Sergio Aguiló declaró que “el Contralor nos dijo, en primer lugar, que en Chile no hay exonerados políticos. Segundo, el Presidente, de acuerdo a las leyes, tenía las facultades para calificar a los exonerados políticos a través de comisiones. En tercer lugar, dijo que se detectaron algunas faltas administrativas en el otorgamiento de algunos exonerados. Una cuarta afirmación del Contralor fue que ‘nosotros no somos responsable de la campaña que el Gobierno ha hecho de acuerdo al informe’”.

“Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno es basarse en esas irregularidades administrativas para decir que hubo personas que se coludieron para hacerse calificar como exonerados”, aseveró el diputado de Izquierda Ciudadana. Y sagregó: “Queremos transmitirles a los exonerados: ustedes tienen todo el derecho de recibir beneficios a partir de leyes de la República y que se aprobaron dentro del Estado de derecho”.

El timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, hizo ver que “el único que se está coludiendo para crear en el país una situación de miedo, de terror, respecto de personas que fueron exoneradas por razones políticas y que muchas de ellas fueron reprimidas, exiliadas, torturadas, de nuevo volver a esa situación de incertidumbre, es el Gobierno y la derecha”.

En tanto el legislador Hugo Gutiérrez planteó que “después de la conversación con el Contralor nos ha quedado claro que el Gobierno de Sebastián Piñera, sus ministros, sus diputados, han engañado a la ciudadanía al hablar de ‘falsos exonerados’ porque el mismo Contralor ha señalado que lo que él detectó fueron desordenes administrativos imputados al Estado, no a los exonerados. En consecuencia, la Contraloría no está instando a que a ninguno de ellos se les quite el beneficio”.

Añadió que “otro punto relevante es que el Contralor ha estimado que aquí no hay delito alguno, en consecuencia, todas estas patrañas del Gobierno de contratar abogados, interponer querellas y denuncias criminales, solicitud al Consejo de Defensa del Estado, (no tienen sentido)”.

Guillermo Teillier planteó también: “¿Cuál es la intencionalidad de personeros de Gobierno? Es tratar de perjudicar a una candidatura que ven que le da cancha, tiro y lado en las encuestas en todos lados, que es la de Michelle Bachelet. Ése es el problema de fondo. El Gobierno que se quiere aprovechar de un informe de Contraloría que sólo ha detectado irregularidades en la administración pública, en instituciones que tenían que ver con esto, pero eso no quita la calidad de exonerado de nadie. Porque además, le hemos dicho al Contralor, que de ese informe nosotros tenemos otra mirada. Quedamos en que le vamos a enviar un oficio en el cual le vamos a preguntar exactamente al Contralor que nos diga bien de qué se trata. Él quedó de contestarnos por escrito”.

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Gobierno inicia proceso de suspensión de pagos a “falsos” exonerados y presentará querella para determinar responsabilidades

El IPS iniciará el proceso de suspensión de pagos para “falsos” exonerados. Interior, por su parte, pedirá ampliación de querella presentada hace un año y pedirá a la Contraloría que especifique cómo proceder ante casos prescritos.

por La Tercera – 06/06/2013 –

El gobierno detalló nuevos pasos a seguir en el marco de la investigación sobre “falsos” exonerados políticos.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, junto a la ministra del Trabajo,Evelyn Matthei detallaron que el gobierno -a través del IPS- iniciará un proceso de revisión de 700 casos de falsos exonerados, en los que se buscará suspender el pago de beneficios.

Matthei dijo que “se ha iniciado el proceso para materializar la suspensión de beneficios a todas aquellas personas que lo han obtenido de forma irregular y que están dentro del plazo respecto  del cual el IPS tiene competencia para actuar administrativamente, es decir los últimos dos años. Estos casos podrían llegar a 700”. La ministra detalló que este proceso comenzará hoy.

Junto con ello, Matthei detalló que el director del IPS “ha tomado la decisión de iniciar acciones legales con el fin de determinar la responsabilidades penales. las querellas serán por el fraude al fisco y se dirigirán contra todos quienes resulten responsables”. 

Por su parte, el subsecretario dijo que pedirá a los abogados que asesoran al ministerio en este caso que amplíen la querella que presentó en 2012. Para ello, se pondrán a disposición del Ministerio Público los antecedentes recabados por el gobierno luego de recibir el informe de la contraloría sobre el caso.

El gobierno además pedirá a la Contraloría que se pronuncie respecto de los pasos a seguir en aquellos casos con antiguedad mayor a dos años, y que por tanto se encuentran prescritos, y donde la voluntad del gobierno es revocar estos pagos.

Según estimaciones de La Moneda, a los 3 mil casos detectados por el ente Contralor, se deberían sumar otros 4500 identificados por el gobierno.

Ubilla detalló que “queremos que la Contraloría general de la República nos ilustre en la forma que tenemos que proceder para que apegados a la norma podamos hacer justicia con aquellos verdaderos exonerados, respecto a estos 3 mil que no son exonerados políticos. Pero además le vamos a enviar a la Contraloría toda la información detallada caso por caso, nombre, rut, carpteta de los 4500 que nosotros identificamos como falsos exonerados”.

“Porque queremos un pronunciamiento categórico de la contraloría respecto de ese número que ya identificamos, pero que sea con el aval de la Contraloría. Para que los 3 mil que ellos identificaron, los 4500 que nosotros sabemos que son falsos exonerados constituyan el primer grupo de 7 mil 500 que una vez que nos definan el proceso vayamos detrás de la revocación de esas falsas exoneraciones”, dijo.

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Primeras denuncias por falsos exonerados se conocieron en 2008

Los cuestionamientos iniciales apuntaron a que ley de 1998 permitió ampliar los criterios para acceder al reconocimiento. En medio de la polémica de hace cinco años, el abogado de DD.HH. José Zalaquett dijo entonces que “se han pasado casos dudosos”.

por Esteban González – 05/06/2013 – Latercera
Diputados de la Alianza ingresando ayer un proyecto que busca detener beneficios a exonerados falsos.Diputados de la Alianza ingresando ayer un proyecto que busca detener beneficios a exonerados falsos.

Entre 1994 y 2004, los gobiernos de la Concertación aprobaron un total de 157.000 carpetas de exonerados políticos, en el marco de la Ley 19.234 de 1993, que definió los requisitos para obtener esta calificación. Desde que esta condición era aprobada por el Ministerio del Interior, el ex INP (hoy Instituto de Previsión Social) revisaba los antecedentes para definir el monto y tipo de beneficio a entregar (pensión de gracia o abono de lagunas previsionales).

En sus postulaciones, las personas debían demostrar que habían perdido sus trabajos por razones políticas tras el 11 de septiembre de 1973, contexto en el cual varios parlamentarios emitieron certificados avalando lo que se denominó “el relato político”.

Este punto ha sido muy cuestionado por la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, que ya el año 2003 comenzó a enviar cartas a las autoridades manifestando sus dudas sobre los procesos de calificación. Pero fue en el 2008 cuando sus denuncias generaron el primer escándalo público.

1 ESTALLA EL CASO

En noviembre de 2008, en una entrevista, el presidente de la Comisión Unitaria de Exonerados, Raúl Celpa, denunció que existían 100 mil casos falsos que percibían beneficios fiscales. Celpa -avalado por la diputada RN Karla Rubilar- también dijo que la legislación había sido instrumentalizada con fines electorales.

En medio de la polémica, el 23 de noviembre, el destacado abogado de DD.HH. José Zalaquett dijo que “hay una ley que se ha extendido varias veces, de indemnización a las personas que fueron expulsadas de la administración pública o de organismos públicos, y yo creo que eso no ha sido prolijo. (…) se han pasado muchos casos que son mucho más dudosos. (…) Lo que ocurre es que la ley permitía, incluso, que el secretario de los partidos políticos certificara la situación. Y fue muy laxa”.

Tres días después, el entonces presidente del PS, Camilo Escalona, rechazó las críticas, señalando que “esto es un problema social bien profundo, porque se trataba de gente indigente que necesitaba una pensión”.

En diciembre de ese año, el entonces subsecretario del Interior, Felipe Harboe, fue citado a la Comisión de DD.HH. de la Cámara Baja -que era presidida por Rubilar-. Allí explicó que “no hay ninguna persona a la cual se le haya concedido una pensión cuya resolución no haya sido previamente tomada de razón por la Contraloría”. Aun así, el personero dijo que una de las deficiencias de la ley era que el conjunto de requisitos para calificar a los postulantes como exonerados -redefinidos en 1998- era amplio.

Marta Joignant, entonces jefa de la oficina a cargo de las calificaciones en Interior, descartó cualquier irregularidad y desestimó la explicación de Escalona: “No sé de dónde saca esa información”. Según una auditoría interna de Interior, el 2006 ya se habían detectado graves falencias en el programa, sin que éstas fueran subsanadas.

2 COLETAZO DEL CASO VALECH

En agosto de 2010, la PDI informó al Ministerio del Interior que Julio Allendes Allendes -quien estaba siendo investigado por falsificar documentos para la obtención de becas Valech- habría emitido certificados fraudulentos para que personas obtuvieran la calificación de exonerados políticos. Junto con ello, la policía recomendó revisar cerca de 1.500 casos que podrían ser irregulares. Tras ello, Interior se querelló contra Allendes por falsificación de documento público y privado, y anunció una investigación. En diciembre de ese mismo año, Interior presentó una nueva querella contra quienes resultaran responsables, al detectar que en los 1.500 casos en cuestión existían exonerados aprobados con documentos irregulares.

3 SEGUNDA OFENSIVA

Entre octubre y noviembre de 2011, el escándalo vuelve a escalar. Tras un reportaje de Contacto de Canal 13, que revela las gestiones de diversos parlamentarios avalando postulaciones, Raúl Celpa revive los cuestionamientos a los procedimientos y señala que la ley se ha utilizado para “fines electorales”. Además, reitera que serían 100.000 las posibles falsificaciones.

El oficialismo inicia una ofensiva que termina en una comisión investigadora que confirmó la existencia de irregularidades, pero no responsabilizó a ninguna autoridad en sus conclusiones.

En paralelo, Interior anuncia que ha revisado 4.000 carpetas, de las cuales 220 fueron remitidas al CDE, pues presentan anomalías. También se informa que auditará un total de 50.000 expedientes. Esa revisión terminó en abril de 2012, estableciendo que -en total- se recepcionaron 9.497 certificados de parlamentarios, de los cuales más de 6.000 son parte de expedientes irregulares (ver página 3).

Ese año, Zalaquett volvió a repetir sus críticas.

4 INFORME DE CONTRALORIA

El 9 de mayo de 2013, Contraloría emitió un informe realizado el año 2012 como parte de su plan de fiscalización, que revisó 9.145 expedientes, de entre las 74.423 personas que durante el año 2011 obtuvieron beneficios del IPS.

En su análisis, el ente fiscalizador analizó el rol de la Oficina de Exonerados Políticos y del Instituto de Previsión Social (IPS). Como conclusión, estableció que de los casos revisados, 2.951 personas no cuentan con los requisitos que establece la ley para ser calificados como exonerados y percibir beneficios. De entre ellos, 1.187 corresponden a ex empleados de partidos políticos: 627 del Partido Comunista, 499 del Partido Socialista, 28 del Partido Radical, 26 de la Democracia Cristiana, dos del Partido por la Democracia y otros cinco sin antecedentes.

El resto son 1.764 casos de personas calificadas como exoneradas por trabajar en empresas que, según la Contraloría, nunca fueron intervenidas, condición necesaria para obtener la aprobación (16 revalidados por el actual gobierno).

Junto con ello, la Contraloría objeta al IPS la entrega de pensiones vitalicias a 5.917 personas que no comprobaron haber prestado servicios a las empresas intervenidas, como lo pide la ley, lo que habría significado un daño fiscal de $ 29 mil millones entre 2005 y 2012. Estas pensiones se aprobaron en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet (2.839); y en el de Sebastián Piñera (3.078).

Esto dio pie para que el gobierno liderara una tercera ofensiva por el caso, responsabilizando a la Concertación y acusando que la ley de reparación para exonerados era una “máquina” para defraudar al Fisco.

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06 de junio de 2013

Ubilla por exonerados: es “instrumentalización política”

“Estamos frente a una máquina (…) para favorecer en las campañas políticas a candidatos”, aseveró.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, volvió a dejar en claro la convicción del Gobierno de Sebastián Piñera que en las administraciones anteriores se montó una “máquina para defraudar al Fisco” beneficiando a falsos exonerados políticos con el objeto de “favorecer campañas políticas”.

Al respecto, Ubilla recordó en conversación con Radio Cooperativa que hay tres leyes que establecieron las pensiones para exonerados: las dos primeras, de 1993 y 1998, contaron con “amplio consenso” y apoyo de parlamentarios de la Alianza, “pero donde tenemos el verdadero problema es en la del 2003”.

“En esa ley, que fue aprobada principalmente por los parlamentarios de la Concertación -con reparos de parlamentarios como la señora (Evelyn) Matthei, que era senadora- ya se denuncia que estaba hecha para favorecer lo que hemos visto una década después”, sostuvo el personero de Gobierno.

Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Foto: AGENCIA UNO
Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
Foto: AGENCIA UNO

“Yo hice la denuncia el año 2010 y la reiteré el 2011, entregué los informes el 2012 que dieron origen a lo que la Contraloría General de la República dio a conocer la semana pasada. Queda claro con la información que nosotros entregamos, más la información de la Contraloría, cuando estamos hablando de que aproximadamente un 30 por ciento, sobre la base de una muestra, presenta graves problemas e irregularidades, que esto no es una cosa pequeña, casual, casuística”, enfatizó.

“Estamos frente a una máquina; llamémosla instrumentalización política y –lo que es más grave- utilización, entre otras cosas, para favorecer en las campañas políticas a candidatos”, aseveró.

“Lo que estoy diciendo es que la última ley, la de 2003, abrió una puerta que fue instrumentalizada por muchos actores –porque no fue una persona- que permitió el escándalo que estamos viéndole día de hoy”, afirmó.

En este tema “se generó una complicidad entre parlamentarios, autoridades del Gobierno de la señora Bachelet y el señor Lagos y los propios solicitantes para defraudar al Fisco. (…) Eso lo venimos diciendo desde el año 2010 y yo quiero decir cosas que le van a doler a más gente”, manifestó el subsecretario, apuntando directamente a parlamentarios de la oposición que actuaron de un modo que consideró “vergonzoso”.

“El año 2010 yo fui a la Comisión de Derechos Humanos (de la Cámara de Diputados), donde su presidente, el señor (Sergio) Ojeda (DC) tapó esta situación. Yo fui sin publicidad, entregué los datos, y resulta que el señor Ojeda, diputado de la República por muchos años, también tiene entregados certificados” a exonerados, precisó.

“El año siguiente, el 2011, dentro del marco de la comisión hice ver escándalos como el del diputado (PPD) Enrique Jaramillo”, quien “en mayo del año 2000 (…) certificó 613 solicitudes de exoneración, de las cuales 400 son falsas; 400 en un solo documento. Eso es insólito”, destacó.

“Jaramillo el año pasado, cuando yo dije estas cosas, dijo que le habían falsificado la firma. Yo no conozco desde el 2011 a la fecha que él haya iniciado una acción judicial (…) para poder limpiar su nombre”, declaró Ubilla.

Además, precisó que los 613 exonerados pertenecían “a la forestal Panguipulli, y recuerde usted que Panguipulli es la tercera comuna más importante del distrito que representa el señor Jaramillo”.

“Voy a ir más allá todavía”, anunció: “La señora Isabel Allende entregó más de mil 100 certificados de exonerados que no son tal. (…) Yo no sé cómo la señora Allende entregó certificados de personas que viven en la Región de Magallanes, en la comuna de San Gregorio, por ejemplo; o en Fresia, o en Arica o en Iquique. Es una persona que certifica mil 190 (exonerados), esto es realmente una vergüenza”.

Además, coincidió con lo señalado por el presidente del PS, Osvaldo Andrade, quien indicó que “las responsabilidades son personales”: “Yo estoy de acuerdo, nunca ha existido responsabilidad penal o política compartida”, pero sí “hay responsabilidad política de los (ex) presidentes (de la República), hay responsabilidad administrativa de los integrantes de las comisiones, de los jefes de los programas, y también de los subsecretarios” del Interior.

“A mí me parece que la actitud que tomó el Presidente Lagos es muy distinta a la que tomó la Presidenta Bachelet. El primero dijo inmediatamente: ‘Un Gobierno tiene cosas buenas y cosas malas y hay que hacerse cargo de todo’; (mientras) la señora Bachelet hasta el día de ayer (miércoles) habla de ‘errores’, minimizando (lo ocurrido). Yo le pediría a la señora Bachelet, que hoy es candidata, que tiene que mostrar lo que hizo en su gestión”, sentenció Ubilla.

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Ubilla: “Se generó una complicidad entre autoridades y solicitantes para defraudar”

Según indicó el subsecretario de Interior a Radio Cooperativa, hubo una complicidad entre parlamentarios, autoridades del Gobierno de Bachelet y Lagos y los propios solicitantes para defraudar al Fisco.

por La Tercera – 06/06/2013 –

El día de hoy el subsecretario del Interior,Rodrigo Ubilla, se refirió en El Diario deCooperativa al caso de falsos exonerados políticos, indicando que no es “una cosa pequeña, casual, casuística”, sino que más bien es una instrumentalización,una máquina montada para favorecer en las campañas políticas a candidatos y defraudar al fisco.

Según Ubilla, en este caso “se generó una complicidad entre parlamentarios, autoridades del Gobierno de la señora Bachelet y el señor Lagos y los propios solicitantes para defraudar al Fisco“. Según explicó, es algo que viene diciendo desde el año 2010, cuando fue a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde su presidente Sergio Ojeda (DC) tapó la situación. “Yo fui sin publicidad, entregué los datos, y resulta que el señor Ojeda, diputado de la República por muchos años, también tiene entregados certificados” indicó.

Por otra parte, indicó, al año siguiente en el 2011 dentro del marco de la Comisión hizo ver que el diputado Enrique Jaramillo en mayo del año 2000 certificó 613 solicitudes de exoneración, de las cuales 400 – en un solo documento – eran falsos. Según explicó el subsecretario, en ese entonces frente a las acusaciones Zaramillo respondió que le habían falsificado la firma, pero aún no ha tomado las medidas judiciales pertinentes para limpiar su nombre.

“El año pasado con el informe que entregamos se indica que la señora Isabel Allende entregó mas de mil cien certificados falsos (…) es una vergüenza, ella dice que solo le imputan seis” indicó la autoridad.

Gobiernos anteriores
Ubilla también se refirió específicamente al los ex Presidentes Lagos y Bachelet, los cuales, recalcó, tomaron posturas muy distintas frente al caso. “Lagos indicó inmediatamente que los gobiernos tienen cosas buenas y malas, y que hay que hacerse cargo de todo. Bachelet hasta el día de ayer habla de ‘errores’, algo minimizante” explicó. “Yo le pediría a la señora Bachelet que ella es candidata, que ella tiene que mostrar lo que hizo en su gestión (…) si ella delegó las firmas de estas calificaciones de exonerados, pregúntele públicamente, están callados”.

Según recordó el subsecretario del Interior, existen tres leyes para las pensiones de exonerados, las primeras de 1993 y del año 1998 tuvieron un gran consenso y apoyo de parlamentarios de la derecha, pero luego con la tercera ley establecida el 2003 fue donde existe el verdadero problema.

“En esa ley, que fue aprobada principalmente por los parlamentarios de la Concertación, con reparos de parlamentarios como la señora (Evelyn) Matthei, que era senadora, ya se denuncia que estaba hecha para favorecer lo que hemos visto una década después“, expresó.

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6 DE JUNIO DE 2013

Ofician al Ejecutivo para que presente proyecto que permita a falsos exonerados renunciar a pensión

La idea central de la iniciativa presentada por el diputado Enrique van Rysselberghe es “descongestionar la investigación” y perseguir judicialmente únicamente a quienes persistan en seguir recibiendo estos dineros mensuales cuando no califican para ello.

Por medio de una oficio de la Cámara de Diputados, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Enrique van Rysselberghe solicitó al Ministerio del Interior presentar un proyecto de ley que permita a los falsos exonerados políticos renunciar a la pensión que reciben mensualmente.

La iniciativa planteada por el parlamentario gremialista apunta a que, dentro de un plazo de 30 días una vez que hubiera sido promulgado el texto legal, quienes estén recibiendo una pensión de exonerado político obtenida a través de procedimientos irregulares, puedan renunciar voluntariamente a ésta, quedando eximido de responsabilidades civiles, administrativas y/o penales en virtud de una futura demanda del Estado por estos hechos.

Esto, explicó Van Rysselberghe, porque “perseguir judicialmente a los falsos exonerados podría tardar años, y a través de esta medida se podría destrabar la situación de muchas personas que voluntariamente renuncien a dicha pensión y conseguir que el Estado deje de entregar dinero a personas que no les corresponden”.

“El Estado –añadió el legislador- hoy gasta millones de pesos pagando pensiones a personas que no califican para ello, mientras que otros que sí lo merecen y lo necesitan, no reciben nada. Por eso, resulta de toda justicia generar incentivos para que, en el menor tiempo posible, el Estado deje de cancelar recursos que no corresponden”, acotó.

Asimismo, el diputado por el distrito 44 señaló que a través de esta iniciativa se permitiría “descongestionar la investigación”, de manera que “los organismos judiciales y administrativos encargado de seguir esta causa, puedan concentrarse en investigar a quienes persistan en estos hechos, y también en quienes incentivaron e hicieron posible la ocurrencia de estas irregularidades”.

A juicio del diputado Van Rysselberghe, “aquí existe el deber de cooperar con la justicia, porque se han entregado beneficios sin el sustento legal, en base a documentación falsa y/o adulterada, infringiendo un grave daño al patrimonio fiscal. Pero también entendemos que el gran número de casos que se debe investigar y que eventualmente se encuentran en situación irregular, aconseja buscar fórmulas que terminen a la brevedad con las pérdidas fiscales y que permitan focalizar la investigación en las responsabilidades jurídicas, administrativas y políticas de quienes resulten responsables”.

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Bachelet y exonerados: Es probable que se hayan cometido errores

La candidata advirtió que “cualquier situación que pueda significar un abuso es inaceptable”.

Cooperativa.cl
UPI

La ex Mandataria llamó a no perder de vista que "la gran mayoría" de los exonerados reciben pensiones justas.

La ex Mandataria llamó a no perder de vista que “la gran mayoría” de los exonerados reciben pensiones justas.

La ex Presidenta Michelle Bachelet reconoció que se pudieron haber cometido errores en la asignación de pensiones a exonerados políticos durante los gobiernos anteriores.

Cuando se construyó un camino para ayudar es probable que se hayan cometido errores“, dijo Bachelet tras un encuentro ciudadano en Rengo.

“No perdamos de vista que la gran mayoría de los exonerados son personas que sufrieron y que el Estado con leyes de la República decidió ayudar”, añadió la candidata PS-PPD-MAS-IC y PC en la actividad.

“Cualquier situación que pueda significar un abuso es inaceptable”, sentenció Bachelet, según el diario El Mercurio, que consigna que al menos mil millones de pesos de pesos se habrían pagado a falsos exonerados, según las estimaciones del Gobierno.

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La diputada PPD se refirió al altercado generado ayer en el Congreso e insistió en que La Moneda se aprovecha

Saa y pelea por exonerados: “Debí haberme controlado”

políticamente del informe de Contraloría que detectó falsos exonerados.

POR  JOSÉ MORGADO – 24 Horas

06 junio 2013

“¿Le puede decir al señor (Ignacio) Urrutia que calle su boca de latifundista y fascista?”.

Esa fue una de las frases que emitió ayer miércoles la diputada PPD María Antonieta Saa durante la acalorada discusión en el Congreso, generada por la publicación de los parlamentarios en ejercicio que reciben beneficios de exonerados políticos.

Este jueves, sin embargo, Saa -quien recibe pensión de exonerada- dice estar arrepentida de su reacción.

“Sí (me arrepiento), porque no es bueno exaltarse, pero de repente tu estás en un estado de ánimo y esto ha sido muy doloroso para los miles de exonerados que sufrieron mucho”, declaró en entrevista con Canal 24Horas.

La parlamentaria explicó que “cuando te gritan sinvergüenza es muy fuerte”, pero insistió en que “debí haberme controlado”.

Saa indicó que postuló a recibir el dinero -aproximadamente 134 mil pesos mensuales- porque durante la dictadura de Augusto Pinochet “estuve cesante por muchos años, estuve perseguida, perdí mis años de previsión, estaba la ley y era mi derecho”.

Respecto a los exonerados que ella avaló, dijo no saber si fue engañada, pero aclaró que siempre actuó de “muy buena fe”.

Finalmente, Saa cuestionó al oficialismo y a La Moneda por -según ella- aprovechar políticamente esta situación de los 3 mil falsos exonerados detectados por la Contraloría.

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06 de junio de 2013

Rubilar y caso Exonerados: “Tuve protección policial”

La parlamentaria de Renovación Nacional recrea su pugilato verbal con los parlamentarios opositores en los pasillos del Congreso y recuerda que, cuando empezó con sus denuncias en el año 2008, tuvo protección policial.

  • Por MARCOS FUENTES TOBAR – Terra Chile

La diputada Karla Rubilar (RN) recordó que sus denuncias por las irregularidades sobre las pensiones para exonerados políticos la obligaron a tener protección policial, debido a los hostigamientos que sufrió ella y su familia al iniciar sus acusaciones en el año 2008.

La parlamentaria oficialista tuvo este miércoles un fuerte pugilato verbal con sus colegas de la oposición, en los pasillos del Congreso Nacional.

“¡Mentirosa!”, le lanzó el socialista Carlos Montes.

“No soy mentirosa. He dicho la verdad durante cinco años. No les tengo miedo”, les contestó la legisladora a él y otros congresistas de la Concertación.

“A MÍ LOS DERECHOS HUMANOS ME IMPORTAN”

En conversación con Terra.cl, Rubilar revivió su enfrentamiento con sus rivales políticos y enumeró los problemas que ha sufrido desde que entró en el terreno de los derechos humanos, un área sensible para sus detractores.

“Para mí los derechos humanos son un tema muy relevante. Nadie puede decir que tengo votaciones en contra de los derechos humanos. Incluso voté a favor del proyecto de ley que deroga la Ley de Amnistía”, se defiende.

Y recrea el episodio en los pasillos de la Cámara de Diputados:

“Me topé con el diputado Montes. Empezó a gritarme cosas, que era mentirosa. Me insultó y le dije que ya no les tenía miedo, que hacía lo justo. También le dije que llevo cinco años denunciando y que había tenido miedo antes, pero ahora ya no”, relata.

“RECIBÍ AMENAZAS DE MUERTE CONTRA MI FAMILIA”

Entonces se remonta a los orígenes de su denuncia, en el año 2008: “Hice las denuncias (sobre los exonerados) y recibí una cantidad de insultos y amenazas. Mi hija estaba recién nacida y, cuando hice esta denuncia, recibí amenazas de muerte contra ella y mi familia. Hubo amenazas de bomba en la Municipalidad de Conchalí” (donde su marido era el alcalde en aquella época).

“Es brutal que haya sido una parlamentaria de derecha quien los escuchara y les haya acompañado en esta denuncia, por casi cinco años, para llegar a la verdad “.

Karla Rubilar Diputada de Renovación Nacional

Aunque ahora su entorno ha vuelto a crisparse, descarta volver a tener la protección especial que la resguardó durante dos años.

Según Rubilar, todo esto ha destapado hechos “oscuros y ocultos” donde hay demasiadas personas involucradas.

La diputada descarta que haya móviles políticos en su actuación, como le enrostran sus críticos, pues subraya que los antecedentes que entregó a la Contraloría y que sirvieron para que ese organismo detectara al menos tres mil casos irregulares, se los proporcionaron los propios exonerados políticos.

De acuerdo con el relato de la congresista de Renovación Nacional, la agrupación de exonerados se le acercó a ella para confidenciarle que recurrían a ella porque entonces presidía la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja y, además, porque en la Concertación no habían sido oídos.

“Es brutal que haya sido una parlamentaria de derecha quien los escuchara y les haya acompañado en esta denuncia, por casi cinco años, para llegar a la verdad y hacer justicia, para separar a las verdaderas víctimas de las falsas”, reflexiona.

“NO ENTIENDO POR QUÉ LES GENERA TANTA RABIA”

La parlamentaria asevera que hubo exonerados legítimos que murieron esperando una pensión, otros que hasta el día de hoy no la obtienen y, en aquellos que la reciben, se trata de un monto exiguo. “Como había que entregarle a un número mucho mayor que el real, se les dio pensiones bajitas”, sostiene.

Respecto a las jubilaciones que reciben algunos parlamentarios por haber sido exonerados, Rubilar opina que si tenían derecho, les corresponde y que renunciar a tal beneficio es una decisión personal.

Y enseguida añade: “Pero no entiendo por qué les genera tanta rabia o tanta molestia que la ciudadanía sepa que ellos reciben una pensión. Al parecer eso les molestó: que la gente se pudiera enterar.

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Contralor y caso exonerados: “Nosotros sólo buscamos irregularidades administrativas”

Ramiro Mendoza dijo esta mañana que no comentará la designación de la ministra en visita Mireya López, designada ayer por la Corte Suprema para investigar si existen responsabilidades penales del caso.

por Angélica Baeza Palavecino – 06/06/2013 – Latercera
Ramiro Mendoza, contralor general de la República.Ramiro Mendoza, contralor general de la República.

El contralor Ramiro Mendoza, señaló esta mañana que “sólo buscamos irregularidades administrativas” en el caso de los exonerados políticos, luego del informe emitido por el organismo fiscalizador que identificó a cerca de 3 mil personas que recibieron beneficios previsionales sin contar con antecedentes para ello.

Solo buscamos irregularidades administrativas, y eso es lo que hemos puesto en nuestro informe de auditoría, ahora nosotros ayer hicimos el trabajo de poner en nuestra página web tanto el informe y también las presentaciones que hicimos en la Cámara de Diputados en octubre de 2011, en relación a la investigación que estaba llevando la Cámara y que nos invitaron“, dijo Mendoza a CNN Chile.

El contralor declinó referirse a la decisión de la Corte Suprema de nombrar a la ministra en visita Mireya López, quien investigará si existen responsabilidades penales en el caso.

Ramiro Mendoza aseguró que todos los antecedentes del caso fueron entregados al Consejo de Defensa del Estado además de “todas las autoridades competentes”.

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Allende por caso exonerados: “Espero que el nombramiento de una ministra en visita aclare los hechos y termine con el aprovechamiento electoral”

La senadora aseveró que el gobierno y los partidos oficialistas han actuado con “irresponsabilidad” frente al caso.

por La Tercera – 05/06/2013 –

Luego de regresar desde Europa la senadora socialista Isabel Allende valoró el nombramiento de una ministra en visita para investigar las presuntas irregularidades en la entrega y acreditación de pensiones para exonerados.

La parlamentaria -que ha sido cuestionada por haber firmado certificados objetados por la Contraloría-  dijo a través de una declaración pública que“espero que el nombramiento de una Ministra en visita aclare estos hechos, castigue a los responsables y termine con el aprovechamiento electoral”.

En este contexto, Allende manifestó que “el gobierno y la derecha, irresponsablemente y como parte de una operación política, buscan nuestro escarnio público al dar entender que todos los certificados son falsos y que corresponden a maniobras electorales y clientelistas”.

Por ello, aseveró que “las palabras del Contralor General de la República han puesto algo de mesura ante la irresponsabilidad del gobierno y sus partidos”.

Ayer el contralor aseveró que “un gran conjunto de personas que recibieron su beneficio conforme a derecho como una manera digna y justa de reparación. Y que hay otro grupo de personas como frente a cualquier circunstancia de leyes complejas, que requieren una serie de decisiones de terceros pudieron haberse aprovechado del otorgamiento de ese beneficio”.

Respecto de su situación la parlamentaria enfatizó que “hoy se ha publicado que soy beneficiaria de una pensión de exonerado, pues trabajaba en la Biblioteca del Congreso al momento del golpe de Estado. Esto es efectivo”.

“Postulé al beneficio por un tema de principios, pues es un acto de reparación frente al enorme daño sufrido. Representa un compromiso del Estado con las víctimas de los abusos de la dictadura”, dijo.

En cuanto a los certificados de exonerados que firmó Allende y que han sido objeto de cuestionamientos, la senadora dijo que “los certificados entregados por parlamentarios era uno de los tantos medios de prueba posibles para acreditar la calidad de exonerado político”.

“De éstos, el monto que ha sido objetado es mínimo, siendo los problemas mayoritarios los detectados en otras etapas de un proceso complejo, como lo ha calificado el Contralor. En mi caso, seis certificados han sido calificados como disconformes, lo que tendrá que ser analizado en las instancias correspondientes”, finalizó.

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Ocho legisladores en ejercicio mantienen pensiones como exonerados

Cuatro socialistas, un DC, un PPD, un PC y un radical confirman beneficios.

por L.C. y J.M.W. – 05/06/2013 – Latercera

Un oficio enviado por el gobierno a la comisión investigadora de la Cámara, que sesionó en 2011, registró que 11 parlamentarios en ejercicio (10 diputados y una senadora) fueron exonerados políticos y recibieron pensión.

El grupo comprende a dos diputados comunistas (Lautaro Carmona y Guillermo Teillier), dos diputadas PPD (Adriana Muñoz y María Antonieta Saa), dos diputados radicales (Fernando Meza y José Pérez), un diputado DC (Eduardo Cerda) y a tres diputados y una senadora PS (Carlos Montes, Marcelo Schilling, Denise Pascal e Isabel Allende).

Todos ellos fueron calificados como exonerados por haber visto afectada su fuente laboral luego del golpe militar.

De 10 parlamentarios contactados por La Tercera, ocho dijeron mantener el beneficio, en tanto que la PPD María Antonieta Saa, quien se desempeñaba en la Corporación de Reforma Agraria (Cora) en 1973, y el radical José Pérez señalaron tener una jubilación propia y haber renunciado a su pensión como exonerados. El PC Carmona no pudo ser contactado.

Entre los casos mencionados -según la información proporcionada por el gobierno- tres de ellos se vieron beneficiados por la Ley 19.582, de 1998, que permitió a quienes se desempeñaban en el Congreso acceder a esta reparación: la senadora Isabel Allende, quien al momento del golpe militar trabajaba como socióloga de la Biblioteca del Congreso Nacional; el diputado y presidente del PC, Guillermo Teillier, que era uno de los asesores parlamentarios del senador comunista Ernesto Araneda, y el diputado Eduardo Cerda (DC), quien también era miembro de la Cámara Baja en 1973.

Otros parlamentarios que también se desempeñaban en el Congreso en la época, como los actuales senadores DC Hosaín Sabag, Mariano Ruiz-Esquide y Andrés Zaldívar, no aparecen en el listado de la comisión de 2011, pues no postularon al beneficio.

Los otros parlamentarios reconocidos como exonerados se desempeñaban, a septiembre de 1973, en empresas estatales u otros organismos del Estado.

En esa situación están los PS Montes, Schilling y Pascal (en Distribuidora Nacional, Codelco y Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, respectivamente), el radical Meza (Tesorería General de la República) y la PPD Adriana Muñoz, quien también trabajaba en la Corporación de Reforma Agraria (Cora)

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Matthei responsabiliza a ex jefa de oficina de exonerados en gobierno de Bachelet

por J.M.W. – Latercera

“La señora Marta Joignant era miembro del PS y muy amiga de la Presidenta”. Fue uno los comentarios lanzados por la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, quien responsabilizó a Joignant -jefa de la oficina de exonerados durante el gobierno de Michelle Bachelet- de promover la entrega irregular de beneficios.

Según Matthei, en 2008 Joignant presionó para remover al director del INP de la época, Rafael del Campo, por haber exigido ciertos requisitos para entregar pensiones vitalicias a militantes del PS. “Cuando alguien trató de hacer lo correcto, la amiga de la ex Presidenta Bachelet lo echó”, dijo Matthei, quien agregó que detrás de esto había una máquina para defraudar al Fisco.

Según consta en oficios del Ministerio del Interior, en 2006 el entonces subsecretario, Felipe Harboe, hizo ver a Joignant sus reparos tras ser alertado de algunos problemas en el proceso de calificación.

El tema también fue analizado ayer en el comité político entre ministros y dirigentes de la UDI y RN. A la salida, los timoneles partidarios reiteraron su denuncia por los 81 menores de edad en 1973, acreditados como exonerados. “Los partidos de izquierda eran administrados por un kínder”, ironizó el presidente de RN, Carlos Larraín.

Desde el comando de Bachelet sacaron a relucir las pensiones vitalicias aprobadas durante el gobierno de Piñera y que fueron objetadas por el órgano contralor.

En su informe, Contraloría hacía dos grandes reparos: cuestionaba la calificación de al menos tres mil exonerados y, en una situación paralela, objetaba las pensiones a otros 5.917 beneficiarios (a los que no se les pone en duda su calidad de exonerado, pero sí el beneficio vitalicio).

En entrevista a ADN, el vocero de Bachelet, Alvaro Elizalde, dijo que en esta categoría de 5.917 pensiones objetadas, “más de la mitad de las que están cuestionadas, fueron otorgadas bajo esta administración”.

En respuesta, autoridades de gobierno confirmaron que las pensiones fueron visadas en el actual mandato, pero precisaron que la calificación de exonerados venía de la administración de Bachelet y que el pago de beneficios había quedado “amarrado”.

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Oposición evalúa querellarse contra Matthei por caso exonerados

Ministra dijo que en gobiernos de la Concertación el programa “se diseñó para defraudar”.

Senadores consideraron “injuriosas” estas declaraciones.

Cooperativa.cl
UPI

La ex senadora se mantiene firme en sus dichos.

Parlamentarios de la oposición evalúan querellarse contra la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, por sus declaraciones en el marco del caso de los llamados “falsos exonerados”.

El lunes, al anunciar la decisión del Gobierno de “revisar todos los beneficios concedidos”, la ex senadora UDI acusó que en los mandatos de la Concertación el programa de exonerados “fue diseñado para defraudar al Fisco”.

Parlamentarios opositores plantearon, tras ello, la posiblidad de una querella contra Matthei, dijo elpresidente del Senado, Jorge Pizarro.

“Lo que pasa es que desde el punto de vista político las afirmaciones que hace la señora Matthei son total y absolutamente injuriosas“, dijo Pizarro.

Ante esto, “algunos colegas plantearon que era necesario evaluar desde el punto de vista legal si correspondía alguna querella por injurias y calumnias”, explicó el senador DC, cuyos planteamientos fueron desestimados por la ministra vocera Cecilia Pérez.

“Nosotros, como Gobierno, actuamos, no pensamos, no amenazamos. Claramente, en el caso del senador Pizarro, tenemos prioridades distintas”, dijo Pérez desde La Moneda.

La propia Matthei insistió, en tanto, en sus dichos, al ser consultada por las posibles acciones legales en su contra: “Son los exonerados falsos a lo que yo me refería con esta ‘fábrica de pensiones'”.

Puede que lleguemos a un costo de esos falsos exonerados más o menos equivalente a 20 hospitales, hasta ahora, y eso va a seguir pagándose… espero que no“, dijo la ex senadora.

Ministra en visita

Ayer la Corte Suprema designó a la jueza Mireya López como ministra en visita para indagar el caso.

El Poder Judicial y el Ministerio Público deberá resolver una posible contienda de competencia, ya que hay una fiscal investigando el mismo caso.

Como se designó a un ministro en visita, que es propio del sistema antiguo, ella tendrá que pronunciarse sobre problemas de competencia (…) Eso lo verá en su momento, podría haber alguna dificultad“, reconoció el vocero de la Suprema, Hugo Dolmestch.

La propia jueza López reconoció aún no tener claro si se va a tener que reunir con la fiscal Ximena Chong para definir el tema de la competencia.

“Solamente tengo una información extraoficial y dependerá de la investigación que se dé si eso es necesario o no”, dijo la magistrada, que reconoció que “seguramente” será difícil la indagatoria.

Hasta ahora “sólo sé lo que ustedes han estado afirmando a través de los medios, pero conocimiento específico de los antecedentes no tengo”, indicó.

Hasta ahora La Moneda no ha presentado acciones legales por este caso, pero sí contrató a un equipo de abogados externos. El Consejo de Defensa del Estado aún no decide si interviene o no. Hoy van a sesionar sus integrantes, aunque trascendió que algunos abogados son de la idea que el caso podría no prosperar, porque ya estaría prescrito.

En todo caso, en la Alianza oficialista son de la idea de que la Justicia actúe igual que en el caso Karadima, o sea, que determine responsabilidades aun frente a la posible prescripción.

Ayer, en el programa Lo Que Queda del Día, el ex subsecretario del Interior en la administración lagos, el abogado Jorge Correa Sutil, reconoció que con la ley del 2005 se recibieron muchas más postulaciones que las esperadas, pero desestimó que hubiera habido una máquina para defraudar.

“Hay una querella criminal presentada hace dos años y no ha pasado nada. Al Consejo de Defensa del Estado se le ha pedido que tome parte y no se ha hecho parte. Entonces estas afirmaciones de que se ha defraudado al Fisco por no sé cuantos millones no tienen seriedad alguna, salvo la campaña publicitaria. O sea, decir que esto fue una máquina es nuevamente escupir hacia arriba para que caiga el escupo en la cara“, indicó.

Cabe consignar que la senadora socialista Isabel Allende, a quien el Gobierno cuestiona por haber entregado más de mil certificados a exonerados políticos, apuntó en una declaración que sólo seis fueron considerados como disconformes.

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05 de junio de 2013

IPS constituye equipo especial por caso de falsos exonerados

Evelyn Mathhei, ministra del Trabajo, en una imagen de archivo. Foto: UPI
Evelyn Mathhei, ministra del Trabajo, en una imagen de archivo.
Foto: UPI

Terra Chile

Dando cumplimiento a instrucciones de la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, el Instituto de Previsión Social (IPS) constituyó un equipo de profesionales que deberán evaluar las acciones que deriven del informe de la Contraloría General de la República, sobre el otorgamiento erróneo de pensiones por parte del programa de exonerados políticos.

Este equipo se suma al que encabezan los abogados Luis Hermosilla y Juan Domingo Acosta, que perseguirán las responsabilidades administrativas y penales, según informó en su oportunidad el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

El Ministerio del Trabajo informó que la iniciativa del IPS estará liderada por el profesional Jorge Zumelzu, quien trabajará en coordinación con los abogados Hermosilla y Acosta, y deberá determinar los lineamientos que tendrá el organismo en el caso de las personas que reciben pensiones erróneamente por parte del Estado.

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