Santos reconoce violación de DDHH cometidos por el Estado


  • Santos reconoce violación de DDHH cometidos por el Estado en conflicto colombiano
  • Comienza audiencia en el Constitucional colombiano sobre Marco Legal para Paz
  • Santos reconoce responsabilidad del Estado colombiano en violación de DDHH
  • Colombia define el marco jurídico que regulará el paso del conflicto a la paz
  • Santos reconoce la responsabilidad del Estado en el conflicto armado

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Santos reconoce violación de DDHH cometidos por el Estado en conflicto colombiano

El mandatario colombiano espera que este reconocimiento empuje a los agentes del Estado a reconocer su responsabilidad y “puedan participar en los mecanismos de justicia”.

por EFE – 25/07/2013 – Latercera
Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en la Corte Constitucional de Colombia.© EFE
Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en la Corte Constitucional de Colombia.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo hoy por primera vez en la historia del país un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado en delitos cometidos durante medio siglo de conflicto armado.

“El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto”, dijo Santos en la Corte Constitucional.

El mandatario hizo estas declaraciones en su discurso de defensa del llamado Marco Jurídico para la Paz, el modelo de justicia diseñado en el Congreso para la transición de una Colombia en conflicto a un país en paz.

Santos se comprometió a que este reconocimiento sea “un primer paso para que hacia adelante los agentes del Estado” reconozcan su responsabilidad y “puedan participar en los mecanismos de justicia”.

“Y si vamos verdaderamente hacia el fin del conflicto, los miembros de las (guerrillas) FARC y del ELN, y los desmovilizados de las autodefensas (paramilitares), responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH deberán también asumir su propia responsabilidad. Esto es fundamental”, agregó.

En la audiencia convocada por el Constitucional para estudiar si el Marco Jurídico para la Paz se ajusta o no a la Carta Magna, Santos desestimó la tesis de los críticos del citado acto legislativo, quienes sostienen que abre una puerta a la impunidad.

“Es la primera vez que Colombia se toma en serio la lucha contra la impunidad de los hechos cometidos en el conflicto”, consideró el mandatario, al explicar que por eso ha descartado “pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y procesar a todos los responsables y luego no cumplir”.

Precisamente ese es el punto cuestionado por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que elevó una demanda de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal al considerar que los principios de “selección” de los culpables y de “priorización” de los delitos que contempla el marco impedirán que se haga justicia.

“No solo no abre espacios a la impunidad, oígase bien, sino que satisface de la manera más amplia posible los derechos de las víctimas en un conflicto altamente inhumano”, dijo Santos antes de sentenciar: “no se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de como lograr la paz con un máximo de justicia”.

Santos incluyó este modelo de justicia transicional en su estrategia para acabar con el conflicto colombiano, que comprende una negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en curso desde hace ocho meses en La Habana.

“Estamos ante una posibilidad real, a mi juicio la mejor de nuestra historia, de poner fin al conflicto armado interno”
, dijo el presidente, al hacer hincapié en el apoyo internacional al proceso que está en marcha, porque “la paz de Colombia es también la paz del continente”.

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25-07-2013 / EFE

La audiencia pública para evaluar si el llamado Marco Jurídico para la Paz, que regula la desmovilización de grupos armados en Colombia, se ajusta o no a la Carta Magna comenzó hoy en la Corte Constitucional de ese país suramericano.

La sesión comenzó pasadas las 8.00 horas (13.00 GMT) y congregó en la sala de plenos del Alto Tribunal a los nueve magistrados que lo componen, al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al Alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, a los demandantes y a otros organismos invitados.

Santos fue el encargado de pronunciar el primer discurso de la audiencia, encaminado a defender la utilidad del Marco Jurídico para la Paz como una herramienta para regular la desmovilización de grupos armados ilegales tras un eventual acuerdo poner fin a la confrontación.

El Acto Legislativo 01 de 2012 o Marco Jurídico para la Paz fue una iniciativa del Gobierno aprobada en el Congreso en junio del año pasado, recurrido seis meses después ante el Constitucional por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, al considerar que abría puertas a la impunidad.

Dentro del texto de esta reforma constitucional, el origen de la controversia se debió a los principios de “priorización” de delitos y “selección” de los responsables en relación con los 304.000 hechos delictivos denunciados.

La ONG cuestiona el señalamiento de “máximos responsables”, pues considera que deberían ser juzgados “todos” los implicados en un delito, y “cometidos de manera sistemática”, porque dejaría fuera violaciones de los Derechos Humanos cometidas sólo una vez, por graves que sean.

El Gobierno ha argumentado que investigar y procesar a los responsables de 304.000 hechos denunciados tomaría unos 100 años.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano comenzaron en noviembre de 2012 un diálogo encaminado a ponerle fin al conflicto que el próximo domingo entrará en su siguiente ciclo de conversaciones para seguir tratando el segundo punto de la agenda, la participación en política.

Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla del país, han rechazado públicamente este marco legal.

Para someterse a esta herramienta, las guerrillas tendrían que revelar la verdad, participar en la construcción de la Justicia, ofrecer reparación a las víctimas y liberar a los secuestrados.

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Santos reconoce responsabilidad del Estado colombiano en violación de DDHH

Por Nina NEGRON (AFP)

BOGOTÃ — El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reconoció este jueves por primera vez la responsabilidad del Estado colombiano en “graves violaciones” a los derechos humanos, en una intervención ante la Corte Constitucional para defender una reforma jurídica en el marco del proceso de paz.

“El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto armado interno”, dijo el mandatario al defender una reforma constitucional que permitiría crear un mecanismo de justicia transicional.

“Nuestra función como agentes del Estado es garantizar y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Por esa razón, tanto mayor es nuestra responsabilidad”, enfatizó Santos.

El presidente intervino ante la Corte Constitucional para defender una reforma conocida como “marco jurídico para la paz”, que es considerada como la base legal del proceso de negociación que lleva a cabo con la guerrilla comunista de las FARC en Cuba desde noviembre de 2012.

Esa reforma, aprobada por el Congreso el año pasado y que requiere el aval de la Corte Constitucional, permitiría la suspensión de las penas a los guerrilleros que se desmovilicen, así como su participación activa en política, entre otras disposiciones.

Los máximos jefes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) han sido ya condenados en ausencia a prisión por diversos delitos.

“Si vamos verdaderamente hacia el fin del conflicto, los miembros de las FARC y del ELN (Ejército de Liberación Nacional), y los desmovilizados de las Autodefensas (Unidas de Colombia, paramilitares de derecha), responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, deberán también asumir su propia responsabilidad. Esto es fundamental”, resaltó el gobernante.

Con el proceso de paz, el gobierno de Santos busca poner fin a un conflicto armado interno que desde los años 1960 ha dejado millones de víctimas y es el más prolongado del continente.

Para Santos, “la imposibilidad de materializar la paz ha limitado nuestra capacidad de garantizar plenamente otros derechos”.

“Hoy estamos ante la posibilidad de hacer por fin realidad ese anhelo de paz y de esa manera poder finalmente proteger como corresponde los derechos de todos los colombianos y de las víctimas en particular. Ese es el tamaño de nuestra responsabilidad”, resaltó.

Para el politólogo Fernando Giraldo, la declaración de Santos “es un mensaje muy importante para la sociedad”.

“Es obvio que las FARC estaban esperando ese gesto”, dijo Giraldo a la AFP, al considerar al mismo tiempo que ahora el Estado se verá “más comprometido en la reparación a las víctimas”.

-LAS CRÍTICAS DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS-

Pero más allá del significativo gesto de reconocer la responsabilidad del Estado en los abusos a los derechos humanos en Colombia, el debate sobre qué tipo de justicia se aplicará en un eventual postconflicto sigue abierto.

La reforma constitucional ha sido objetada por organismos de defensa de los derechos humanos, que también intervinieron este jueves ante la Corte.

Específicamente, los organismos humanitarios, entre ellos Human Rights Watch y la Comisión Colombiana de Juristas, consideran que la previsión de que se investigue a “los máximos responsables” de los crímenes más graves “cometidos de manera sistemática” excluye a miles de víctimas que no encajan en esa definición.

En defensa de la reforma, Santos aseguró que en vez de “pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y procesar a todos los responsables y luego no cumplir”, se busca “construir una estrategia realista y transparente que permita satisfacer de la mejor manera los derechos de todas las víctimas”.

En la audiencia, el presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, resaltó que el proceso de paz de La Habana es “una iniciativa valiosa que esperamos que contribuya al bienestar de la sociedad colombiana”.

Pero subrayó que “la paz no puede estar basada en el perdón mutuo entre combatientes, tiene que basarse en las víctimas que serán las que en última instancia la validarán”, enfatizó.

En la audiencia pública ante la Corte intervinieron también este jueves representantes de las víctimas.

En defensa de la norma, el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, uno de los negociadores en los diálogos de La Habana, sostuvo que lo que piden sus críticos al gobierno corresponde a “un Estado en paz”.

“Pero nosotros no estamos en paz, estamos tratando de poner fin a un conflicto armado para luego construir la paz”, destacó.

También José Miguel Vivanco, directivo de Human Rights Watch, criticó duramente esa reforma ante los magistrados de la Corte.

“Esta enmienda constitucional impacta de modo decisivo en la vigencia de los derechos humanos y el estado de derecho en Colombia, dado que ofrece la posibilidad cierta de negar justicia a millones de víctimas del conflicto”, dijo Vivanco, al aseverar que “abre la puerta a la inmunidad”.

Después de escuchar los alegatos en la audiencia pública de este jueves, los magistrados de la Corte Constitucional se tomarán algunas semanas para anunciar su dictamen, probablemente a fines de agosto.

-EXPERIENCIAS ANTERIORES-

Colombia tiene una experiencia anterior en la aplicación de la justicia transicional: el mecanismo que se utilizó para lograr la desmovilización de las milicias paramilitares de derecha, disueltas entre 2003 y 2006, durante el gobierno del expresidente Alvaro Uribe (2002-2010).

Entonces, mediante una ley conocida como de Justicia y Paz, a los jefes paramilitares se les garantizó penas máximas de ocho años de cárcel, a cambio de que confesaran sus delitos y reparasen a sus víctimas.

Esa ley, también severamente criticada por organismos de defensa de los derechos humanos, ha permitido determinar los vínculos que se establecieron entre los paramilitares y sectores del Ejército y de la política.

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Colombia define el marco jurídico que regulará el paso del conflicto a la paz

(EFE)

Bogotá, 25 jul (EFE).- El Gobierno colombiano y organismos humanitarios comenzaron a revisar hoy entre críticas y respaldos en la Corte Constitucional el llamado Marco Jurídico para la Paz, herramienta que regulará el paso a la reconciliación, si se logra el fin del conflicto armado interno.

El acto legislativo 01 de 2012 o Marco Jurídico para la Paz fue sometido desde este jueves a un examen en la Corte Constitucional, después de que esa reforma a la Carta Magna fuese aprobada en el Congreso en junio de 2012 y demandada más tarde por una organización no gubernamental.

El origen de la controversia está en los principios de “priorización” de los delitos en la investigación y de la “selección” de los responsables, pues según los autores, investigar y juzgar a los causantes de 304.000 hechos denunciados durante el conflicto tomaría un siglo.

Esto implica que no serán esclarecidos “todos” los delitos del conflicto, sino los más representativos que se cometieron de “forma sistemática” y que serán procesados los “máximos responsables”, pero no todos los implicados.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, abrió la audiencia pública con un discurso en defensa de este modelo de justicia transicional que consideró fundamental para su proyecto de paz, en el que se enmarcan las conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se llevan a cabo en La Habana.

“No solo no abre espacios a la impunidad, oígase bien, sino que satisface de la manera más amplia posible los derechos de las víctimas en un conflicto altamente inhumano”, dijo Santos antes de sentenciar: “no se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia”.

Por el contrario, el portavoz de la demanda interpuesta en diciembre pasado, el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, consideró que ese marco plantea “una justicia transicional distorsionada” e inconstitucional, pues compromete el segundo artículo de la Carta Magna de 1991 sobre el deber de investigar violaciones de derechos humanos.

“En vez de procurar el máximo de justicia en condiciones adversas, se permite reducir el deber de administrar justicia en un Estado Social de Derecho, so pretexto de lograr la paz”, observó el jurista, quien alertó del riesgo de impunidad que conlleva.

Gallón recomendó superar las dificultades de la administración de la Justicia con el diseño de procedimientos más ágiles, “incluyendo investigaciones y juzgamientos colectivos o relacionados con bloques o frentes militares, acompañados de un aumento significativo de jueces y fiscales durante un tiempo”.

Al intercambio de opiniones se sumaron también otros funcionarios del Estado, organismos humanitarios y universidades, además de una delegación de tres magistrados del Tribunal Constitucional de Bolivia que están de visita en Colombia y fueron invitados como público.

De este modo, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, observó que “si uno investiga caso por caso nunca va a llegar al fin y se estaría aceptando una impunidad de facto”.

Ese punto de vista fue rebatido por el director de la ONG Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, al opinar que el articulado “abre la puerta a la impunidad para guerrilleros, paramilitares y militares responsables de atrocidades”.

También enfrentaron sus puntos de vista el procurador general (titular del Ministerio Público), Alejandro Ordóñez, como opositor al marco, y el fiscal general, Eduardo Montealegre, como firme partidario.

Montealegre alertó de la importancia de definir cuanto antes un modelo de justicia transicional ante la posibilidad de un próximo acuerdo entre el Gobierno y las FARC.

“¿Qué es preferible, que en los próximos 50 años haya más de 250.000 muertos y más de 300.000 violaciones o restringir ciertos derechos para garantizar la paz?”, se preguntó el fiscal.

Otro aval para el modelo llegó de la mano del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Leónidas Bustos, quien observó que el derecho no puede ser un obstáculo para la paz.

La Corte Constitucional deliberará en los próximos días y se espera que presente el sentido del fallo en agosto, según dijo el magistrado ponente, Jorge Ignacio Pretelt, al inicio de la audiencia que definirá el futuro de la aplicación del modelo si hay un acuerdo de paz.

En caso de que la Corte avale la reforma, el Congreso deberá discutir luego leyes que desarrollen el Marco Jurídico para la Paz y permitan la desmovilización de los grupos armados.

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Santos reconoce la responsabilidad del Estado en el conflicto armado

El presidente de Colombia asume en un acto ante magistrados que las autoridades han violado derechos humanos durante el conflicto armado que actualmente se intenta cerrar

 Bogotá 26 JUL 2013 – El País.com (España)
Santos, este jueves, en un acto ante magistrados. / J. P. B.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha reconocido este jueves ante magistrados de la Corte Constitucional de este país que el Estado ha sido responsable de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario relacionadas con el conflicto armado.

“En algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado”, ha dicho el mandatario en medio de una audiencia pública convocada por la Corte para discutir el polémico Marco Jurídico para la Paz, aprobado por el Congreso en junio de 2012, una reforma constitucional que establece una serie de instrumentos jurídicos de justicia transicional. Sus defensores, entre los que están el Gobierno, el Fiscal General y la Corte Suprema, lo consideran fundamental para el futuro del proceso de paz con las FARC y para que termine el conflicto. Para sus opositores, sin embargo, abre la puerta a la impunidad.

Santos aprovechó que en la sala de audiencias estaban reunidos académicos, altos funcionarios de los diferentes poderes, defensores de derechos humanos y representantes de víctimas para reconocer que la responsabilidad de Estado en el conflicto es aún mayor si se compara con los otros actores. “Nuestra función como agentes del Estado es garantizar y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Por esa razón, tanto mayor es nuestra responsabilidad”, dijo.

Este reconocimiento lo hizo, además, acogiendo una recomendación del Centro Nacional de Memoria Histórica, que el pasado miércoles le entregó un revelador informe donde se explican los orígenes de la guerra colombiana y la degradación que ha sufrido durante 50 años.

El informe reveló que las dimensiones del conflicto armado son de tal magnitud que la cifra de muertos se calcula en 220.000 entre 1958 y 2012, con el agravante de que casi 180.000 son civiles. Para Memoria Histórica –que en el informe hace 30 recomendaciones para hacer el tránsito hacia la paz– uno de los grandes desafíos es empezar a asumir las responsabilidades y por eso propusieron que fuera el presidente quien tomara la delantera.

Santos reconoció que empezar a conocer la verdad de lo que ha pasado es un paso valioso que prueba que Colombia puede reconstruir y asumir su pasado. “Debemos reconocer que tocamos fondo y que la guerra se deshumanizó y nos deshumanizó”. Durante la audiencia también hizo un llamado a que los miembros de las FARC y del ELN –las dos guerrillas colombianas–, así como los paramilitares desmovilizados, se hagan cargo también de su parte de responsabilidad.

Para Santos, al contrario de lo que dicen quienes están en contra de la reforma, no se abren espacios a la impunidad, “sino que se satisfacen de la manera más amplia posible los derechos de las víctimas de un conflicto tan prolongado”. También defendió que la reforma se concentre en investigar y juzgar a los máximos responsables de delitos cometidos durante el conflicto, ya que resulta imposible hacerlo con todos.

Se sumaron a la defensa el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quien aclaró que en La Habana “no se están negociando los derechos de las víctimas”, así como el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, quien insistió en que de lo que se trata es de defender a las víctimas. El Fiscal General, Eduardo Montealegre, que también está en el grupo de los defensores, aseguró que el Marco Jurídico para la Paz cumple “con los principios constitucionales del derecho fundamental a la paz y el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”.

En la otra orilla está el Procurador General, Alejandro Ordóñez, quien se ha convertido en el principal opositor de esta iniciativa y que ha insistido en que los tratados internacionales establecen que todos los crímenes de lesa humanidad y de guerra deben ser investigados. Por eso para Ordóñez, el Marco Jurídico para la Paz va en contra de los convenios internacionales y del derecho a la justicia que tienen las víctimas.

La Corte Constitucional se pronunciará en agosto sobre una demanda que busca que se declare inconstitucional el Marco Jurídico para la Paz.

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