Fiscalía de Atacama cerró caso de los 33 mineros sin acusados


  • Fiscalía cerró caso de los 33 mineros sin acusados
  • Fiscalía de Atacama cerró caso de los 33 mineros sin acusados
  • Fiscal dice que no acreditaron fallas en yacimiento San José y mineros insisten en demanda
  • 33 MINEROS: ANUNCIAN ACCIONES ANTE OIT POR CIERRE DEL CASO SIN CULPABLES
  • Trabajador rescatado de la mina San José: “Uno de nosotros tendría que estar muerto para tener justicia”

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Fiscalía cerró caso de los 33 mineros sin acusados

Según el fiscal Héctor Mella Farías “no había convicción para formular una acusación” contra los dueños de la compañía San Esteban, propietaria de la mina San José, lugar donde el pasado 5 de agosto de 2010 se produjo un derrumbe que dejó atrapados por 69 días a los trabajadores.

por EFE – Nación.cl

La Fiscalía de Atacama cerró sin acusados la investigación por el derrumbe de la mina San José, que en 2010 dejó a 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad durante 69 días hasta ser rescatados.

Según el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella Farías, “no había convicción para formular una acusación” contra los dueños de la compañía San Esteban, propietaria de la mina San José ni contra los responsables del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en la región.

El derrumbe ocurrió el 5 de agosto de 2010 y generó expectación en todo el mundo hasta que, el 13 de octubre del mismo año, los trabajadores fueron rescatados uno a uno, en un lapso de 25 horas, en la culminación de una inédita situación de supervivencia y esfuerzos mancomunados del gobierno y empresas privadas chilenas y extranjeras.

Los mineros volvieron a la superficie en una cápsula construida especialmente por la Armada, que se introdujo a través de un orificio de 50 centímetros de diámetro excavado con exactitud milimétrica hasta donde permanecían los mineros, tras comprobarse el 22 de agosto que se encontraban vivos.

También se excavaron otros boquetes, aún más pequeños, por los que se les suministró a los trabajadores alimentos, ropa y equipos de comunicación.

INVESTIGACIÓN DURÓ CASI 3 AÑOS

Según publica el diario La Tercera, el fiscal Mella declaró que después de 3 años de investigación, el Ministerio Público determinó que no había antecedentes suficientes para continuar la investigación contra los dueños del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, ni contra los responsables del Sernageomin.

Se decidió no perseverar en la indagación “porque no había convicción para formular una acusación respecto de los hechos que se habían investigado”, precisó.

Hace 3 años, la Fiscalía abrió la investigación con el objeto de establecer si había responsabilidades penales tras el accidente, atribuido en ese entonces a la falta de medidas de seguridad en la mina, tras la presentación de varias querellas contra la empresa y los funcionarios públicos que supuestamente habían dejado de cumplir las normativas de seguridad.

SATISFACCIÓN DE LA EMPRESA

Catherine Lathrop, abogada de los dueños de la mina, manifestó: “nosotros estamos súper conformes, sin perjuicio de que creemos que podemos llegar a una solución jurídica de mayor certeza”.

A su juicio, la decisión de la Fiscalía de no perseverar “es una muestra clara de que efectivamente los dueños de la mina San José no habían cometido ningún delito”.

Nosotros siempre hemos sostenido que fue un lamentable accidente; fue sólo eso, un accidente, y tampoco se pudo establecer que había alguna responsabilidad de mis clientes en este caso”, indicó Lathrop.

En la parte civil del caso, el Consejo de Defensa del Estado acordó con la empresa, que ésta debía pagar US$ 5 millones al Estado por los costes que tuvo el rescate de los mineros.

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Fiscalía de Atacama cerró caso de los 33 mineros sin acusados

Determinó que no hay antecedentes para continua investigación contra los dueños de la mina San José.

Tampoco se seguirá indagando responsabilidad de autoridades del Sernageomin.

Autor: Cooperativa.cl

El rescate fue concentró la atención mundial.

La Fiscalía de Atacama cerró sin acusados la investigación por el derrumbe ocurrido en la mina San José y que dejó a 33 mineros atrapados durante 69 días entre agosto y octubre de 2010.

Después de tres años de investigación el Ministerio Público determinó que no existen antecedentes suficientes para continuar la indagación contra los dueños del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, así como contra las autoridades del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de la época, detalló La Tercera.

El accidente se produjo el 5 de agosto de 2010 y concentró la atención de todo el mundo sobre la situación de los trabajadores. El 13 de octubre de ese año los mineros fueron rescatados en una operación que duró 25 horas desde 700 metros de profundidad.

La resolución fue revelada este miércoles por el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella Farías, quien indicó que se “adoptó esa decisión de no perseverar, porque no había convicción para formular una acusación respecto de los hechos que se habían investigado”.

Según el matutino Mella agregó que se investigó “la situación que todo el mundo sabe que ocurrió (el derrumbe) y el conocimiento de las querellas que se habían presentado, que tenían que ver con delitos de carácter funcionario”.

Catherine Lathrop, abogada de los dueños de la minera San Esteban, dueños del yacimiento San José, indicó que la decisión de la Fiscalía fue comunicada en una audiencia y que “la decisión de no perseverar a la que arriba el Ministerio Público es una muestra clara de que efectivamente los dueños de la mina San José no habían cometido ningún delito“.

Luego de tres años de investigación, la Fiscalía de Atacama decidió cerrar el caso de los 33 mineros sin acusados, debido a que se determinó que no existían antecedentes suficientes para seguir con la indagación contra los dueños de la mina San José, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, como también las autoridades de la época del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Ayer fue dada a conocer la resolución por medio del fiscal regional de Atacama, Héctor Mella Farías, quien señaló que se adoptó por la decisión “no perseverar, porque no había convicción para formular una acusación respecto de los hechos que se habían investigado”.

Según señala La Tercera, Mella sostiene que se investigó “la situación que todo el mundo sabe que ocurrió (el derrumbe) y el conocimiento de las querellas que se habían presentado, que tenían que ver con delitos de carácter funcionario”.

El accidente ocurrido el 5 de agosto de 2010 en el yacimiento San José, en la Tercera Región, dejó sepultado a 33 mineros, generando expectación tanto nacional como mundial por la situación de los trabajadores que permanecieron enterrados por 69 días.

El 13 de octubre de ese año, los mineros fueron rescatados uno por uno a través de la conocida cápsula Fénix 2 que bajó cerca de 700 metros de profundidad.

La fiscalía determinó iniciar una investigación “de oficio”, luego que se conociera que los 33 hombres habían quedado atrapados en el interior del yacimiento. El objetivo de estas pesquisas era la de determinar si existían responsabilidades penales tras el accidente.

La Municipalidad de Caldera presentó en su oportunidad una querella por cuasidelito de homicidio, documento que apuntaba a la empresa y a funcionarios públicos que habrían dejado de cumplir las normativas de seguridad.

En tanto, la abogada de los dueños de la mina, Catherine Lathrop, tras conocer la resolución de la justicia dijo que “estamos súper conformes, sin perjuicio de que creemos que podemos llegar a una solución jurídica de mayor certeza. La decisión de no perseverar a la que arriba el Ministerio Público hoy, es una muestra clara de que efectivamente los dueños de la mina San José no habían cometido ningún delito”.

Agregó que “esto también da certeza de que funcionan las instituciones. Es una causa bien polémica, que el Ministerio Público haya hecho una exhaustiva investigación nos deja conformes”.

Además, señaló que siempre han sostenido que el accidente ocurrido en la mina San José fue “un accidente, es sólo eso, un accidente, y tampoco se pudo establecer que había alguna responsabilidad de mis clientes en ese caso”.

El inicio de las investigaciones de las causas del accidente se produjo pocos días después de que quedaran los mineros atrapados y una de las primeras diligencias fue allanar las oficinas de la minera, con el objetivo de conocer el funcionamiento de la mina.

La PDI también acudió a las oficinas del Sernageomin para conocer el historial del yacimiento, ya que una de las aristas que se investigó fue el cierre de la mina, en 2007, y la autorización para su reapertura fue en 2008.

Además, cuando los mineros estuvieron recuperados tras su rescate, la fiscalía les tomó declaración a cada uno de ellos para poder establecer si efectivamente hubo alertas de que algo podría estar ocurriendo con la mina y que podría ser inicio del desprendimiento de material.

Otro de los antecedentes recogido por la fiscalía fue el testimonio de los dos dueños del yacimiento, quienes estuvieron declarando ante el fiscal por más de seis horas.

Asimismo, se pidió las imágenes a las empresas que participaron en el rescate para tener conocimiento de las condiciones de la mina, mientras que el Consejo de Defensa del Estado acordó con la empresa que debía pagar US$5 millones al Estado, debido a los costos generados a raíz del rescate minero.

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Fiscal dice que no acreditaron fallas en yacimiento San José y mineros insisten en demanda

Persecutor dijo que no confirmaron las acusaciones de los trabajadores de problemas en el recinto. Rescatados criticaron la decisión del Ministerio Público y afirmaron que la acción civil tiene su propio cauce.

por F. Díaz, C. Palma, S, Labrín y D. Muñoz, Santiago/Copiapó – 02/08/2013 – Latercera

La noche del 13 de octubre de 2010, Luis Urzúa, jefe de turno de los mineros atrapados en la mina San José, de la III Región, salió de la cápsula Fénix 2, convirtiéndose en el último de los 33 trabajadores en ser rescatado.

Poco después, el conducto por el que ingresó la cápsula fue sellado y nadie volvió a ingresar al yacimiento. El fiscal regional de Atacama, Héctor Mella, se refirió ayer a la decisión de no perseverar en la investigación y dar por terminada la indagación sin acusados. Este anuncio -que generó reacciones en medios internacionales- provocó molestia entre los mineros rescatados, quienes manifestaron sus críticas a las indagaciones desarrolladas.

Entre los argumentos esgrimidos por Mella estuvo que el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, no podía ir al lugar a constatar cuál había sido la causa, después de ocurrido el hecho, para tener certeza, esto es en materia penal”.

“El elemento base, el porqué se produce el desplome, no tenemos esa certeza”, enfatizó.

Sobre los testimonios de los mineros en torno a que hubo ruidos que pudieron alertar del peligro, manifestó que no hay certeza de que “pudo haber habido ruidos que generaron esta mole”.

“No estoy en condiciones de desestimar o confirmar lo que los mineros decían respecto de indicios de que el yacimiento presentaba problemas”, añadió el fiscal.

Al respecto, el abogado Matías Insunza, representante de los dueños de la minera San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, sostuvo que “estamos convencidos de que el derrumbe fue por el movimiento de la piedra (…) más dura que hay en mineral y nadie pensó que se pudiera mover”. Añadió que “la fiscalía hizo una investigación de tres años y se estableció que ninguna acción u omisión (de mis clientes) tuvo relación con el accidente”.

ACCIONES CIVILES

Fuertes reacciones generó ayer la decisión de la fiscalía de no perseverar en la indagación por el derrumbe. El minero Luis Urzúa, considerado como el líder del grupo que estuvo atrapado por 69 días a casi 700 metros de profundidad, afirmó que no compartía la decisión del fiscal Mella y señaló que van a continuar con la demanda contra el Estado, que presentaron 31 de los 33 hombres.

En la acción legal, los trabajadores piden $ 250 millones para cada uno de los demandantes, por daños morales y faltas de servicio. Al respecto, Urzúa sostuvo que esta acción legal “va en su cauce normal, es una vía diferente a la decisión que tomó el fiscal Mella”.

Mientras, el minero Mario Sepúlveda, quien actualmente trabaja en una faena de construcción en Santiago, indicó que no compartía la decisión del Ministerio Público, y que “cuando me preguntan si quiero indemnización, no me importa, lo que quiero es justicia. Que dé un ejemplo de que al obrero chileno se lo tiene que respetar”.

Por otra parte, el trabajador Esteban Rojas, otro de los rescatados, señaló que “de que hay culpables, hay culpables. Yo creo que debería ser culpada Sernageomin por no fiscalizar como corresponde, y también la gente de la empresa, que estaban al tanto de cómo estaba operando la mina”.

En este mismo sentido, el minero Daniel Herrera indicó que “en todo accidente tiene que haber un culpable y es raro que aquí no lo hayan encontrado”.

La determinación de la fiscalía también fue comentada ayer por el entonces ministro de Minería Laurence Golborne, quien indicó que “considero lamentable la decisión de no perseverar en las acciones penales contra los responsables de este accidente”.

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33 mineros: anuncian acciones ante OIT por cierre del caso sin culpables

33 MINEROS: ANUNCIAN ACCIONES ANTE OIT POR CIERRE DEL CASO SIN CULPABLES

El ministro de Minería, Hernán de Solminihac, señaló que al Gobierno sólo le corresponde “acoger y respetar los trabajos que hace cada poder (del Estado)”, pero que “obviamente es interesante ver la reacción de los mineros, de las distintas personas involucradas, respecto de este fallo”.

Viernes 2 de agosto de 2013 | por EFE – Nación.cl

Luis Urzúa, jefe de turno de los 33 mineros que en 2010 permanecieron atrapados 69 días en la mina San José, anunció este viernes la intención de los trabajadores de recurrir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a la “denegación de justicia en Chile”.

Esto luego que este jueves, y después de 3 años de investigación, la Fiscalía de Atacama confirmó el cierre de la investigación sin formular cargos contra los dueños del yacimiento ni los responsables regionales del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

“Si la justicia hace su pega (trabajo) como corresponde, ellos (los dueños de la mina) estarían presos”, dijo Urzúa a CNN Chile.

Otros mineros del grupo de los 33 también manifestaron su malestar: “Siento frustración, pena, en la mañana me puse a llorar”, dijo a radio Cooperativa Mario Sepúlveda, el más locuaz de los 33 mineros, quien subrayó que “por respeto a mis compañeros no me quemo a lo bonzo frente a La Moneda”.

El derrumbe ocurrió el 5 de agosto de 2010 y generó expectación en todo el mundo hasta que, el 13 de octubre del mismo año, los trabajadores fueron rescatados uno a uno, en la culminación de un inédito episodio de supervivencia y esfuerzos mancomunados del gobierno y empresas privadas chilenas y extranjeras.

GOBIERNO: HAY QUE RESPETAR EL TRABAJO DEL PODER JUDICIAL

Este viernes, Mario Sepúlveda criticó la impunidad de los dueños de la mina San José, Alejandro Bohn yMarcelo Kemmeny, al cuestionar que “anden sueltos y felices por la vida, pese a que nos hayan dejado enterrados”.

En esa misma línea, Jorge Galleguillos, otro de los mineros, declaró a TVN su disconformidad con la decisión: “estoy choreado y ahora voy a estar más choreado porque los empresarios van a estar libres, tranquilamente, sin causa”, dijo.

En tanto, el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, señaló que al Gobierno sólo le corresponde “acoger y respetar los trabajos que hace cada poder (del Estado)”, pero que “obviamente es interesante ver la reacción de los mineros, de las distintas personas involucradas, respecto de este fallo”.

Varios medios se han encargados de recordar que el Presidente Sebastián Piñera aseguró que el suceso no quedaría impune tras el rescate, al señalar que “los que tengan responsabilidad van a tener que asumir su responsabilidad”.

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2 DE AGOSTO DE 2013

Fiscalía dispuso cierre de la investigación sin señalar culpables

Trabajador rescatado de la mina San José: “Uno de nosotros tendría que estar muerto para tener justicia”

“Por la imagen país, por el respeto que nos tienen otros países, por el cariño que nos tomaron, deberíamos haber dado un ejemplo como castigo (…) a mí me hubiese gustado que se les hubiese quitado la licencia y se le prohibiera a esta gente que nunca más en la vida quedase a cargo de personal”, dijo Mario Sepúlveda, uno de los 33 mineros de Atacama.

por 

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  • ¿Un “lamentable accidente”?
  • “Mucha gente ha lucrado con nuestra desgracia”, le dice Sepúlveda a BBC Mundo.
  • Y asegura que todavía no puede creer que los dueños de la mina, así como los “mandos medios”, es decir los jefes de faena e ingenieros, queden impunes.
  • El día que se anunció la decisión de Fiscalía, los abogados de los propietarios de la mina aseguraron estar satisfechos con la decisión, la que corroboraría su teoría de que fue “un lamentable accidente”.
  • “Estamos superconformes, sin perjuicio de que creemos que podemos llegar a una solución jurídica de mayor certeza”, dijo Catherine Lathrop, representante legal de los dueños.
  • “Nosotros siempre hemos sostenido que fue un lamentable accidente; fue sólo eso, un accidente, y tampoco se pudo establecer que había alguna responsabilidad de mis clientes en este caso”, agregó.

“Mucha gente cree que nosotros somos tontos, pero no lo somos. Somos humildes”. Del otro lado del teléfono, la voz de Mario Sepúlveda se escucha cargada de rabia e impotencia. Habla lento, pero fuerte.

Mario es uno de los 33 mineros que en 2010 estuvieron atrapados durante 70 días bajo tierra, tras un derrumbe en la mina San José, en Copiapó, al norte de Chile.

Mario es también el más extrovertido y alegre. Conocido como “SuperMario” después del rescate, fue uno de los líderes reconocido por sus compañeros y una figura que fue clave a la hora de mantener el temple para lograr que los 33 salieran prácticamente ilesos de la hazaña. Pero hoy a Mario se le acabó la alegría, dice.

La decisión del Ministerio Público  de cerrar la investigación por el derrumbe de la mina San José, sin presentar acusación contra presuntos responsables, ha generado indignación y sorpresa.

“Nos enteramos por la prensa”, le dice Sepúlveda a la BBC.

El fiscal regional de Atacama Héctor Mella Farías informó en conferencia de prensa que, tras tres años de investigación, no había elementos inculpatorios suficientes contra los dueños de la mina, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny ni contra el Servicio Nacional de Geología y Minería, la entidad fiscalizadora.

“No había convicción para formular una acusación respecto de los hechos que se habían investigado”, afirmó Mella Farías en la conferencia.

Sepúlveda reconoce que era difícil que el caso constituyera penas duras para los empresarios. “Conociendo un poquito las leyes, tendría que haber salido un compañero o muy accidentado o muerto para que hubieran penas de cárcel”.

Sin embargo, al menos esperaban que se presentara una acusación que derivara en un juicio y los hiciera comparecer ante la justicia.

“Por la imagen país, por el respeto que nos tienen otros países, por el cariño que nos tomaron, deberíamos haber dado un ejemplo como castigo (…) a mí me hubiese gustado que se les hubiese quitado la licencia y se le prohibiera a esta gente que nunca más en la vida quedase a cargo de personal”.

La rabia de Mario no es sólo con la justicia chilena, sino también con las autoridades. “Después de habernos hecho personas muy grandes, nos han pagado muy mal”, denuncia.

“Uno de nosotros tendría que estar muerto o demasiado herido para tener justicia”.

GOLBORNE: “HABÍAN ELEMENTOS DE UNA NEGLIGENCIA CULPABLE”

Los mineros no son los únicos sorprendidos con la decisión.

El exministro de Minería Laurence Golborne, quien estuvo a cargo del rescate de los mineros, le aseguró a BBC Mundo que consideraba “lamentable” la decisión de la Fiscalía.

“Creo que es posible configurar algunos elementos de alguna negligencia culpable en este caso, pero aparentemente el fiscal no lo ha considerado así”.

Esta “negligencia culpable” radicaría en el caso omiso que hicieron los responsables de la mina de los requerimientos básicos, lo cual tampoco habría sido fiscalizado acuciosamente por la autoridad.

Según el exministro, era obligatorio que la mina tuviera una segunda salida que en el caso de San José era una chimenea de ventilación sin escaleras.

Además, desde el punto de vista de fiscalización, en el año 2007 la mina se había clausurado por un accidente y se habían establecido una serie de condiciones, entre ellas convertir la chimenea en una segunda salida, con escaleras, cosa que nunca ocurrió.

“Se dio un permiso de operación el año 2008-2009 sin que se haya cumplido ese requerimiento y esa es una situación realmente inaceptable. Si la chimenea de ventilación hubiese tenido las escaleras que la normativa contempla, los 33 de Atacama no habrían vivido una experiencia tan traumática como la que les tocó vivir”, le dice Golborne a BBC Mundo.

Otro de los que no oculta su molestia es el senador Alejandro García-Huidobro, quien fue presidente de la comisión investigadora que se formó en el Parlamento chileno después del derrumbe.

“Nosotros le entregamos a la Fiscalía un informe de 222 páginas donde se establece de forma unánime y absolutamente transversal que las responsabilidades recaen en los dueños de la mina y en Sernageomin”.

Según el parlamentario, el fiscal a cargo de la investigación “no hizo una investigación seria, ya que un importante número de mineros, que fueron los testigos directos, no fueron llamados a declarar”.

“Sin duda el fiscal no hizo su trabajo”, remata García-Huidobro.

LO QUE VIENE

Si bien la investigación no continuará, tampoco es que la causa haya sido sobreseída. Es decir, la investigación podría ser abierta, a la luz de nuevos antecedentes.

Consultado por la prensa local, el fiscal aseguró: “Siempre que se adopta una decisión de no perseverar existe la opción de abrir [nuevamente] la causa”.

BBC Mundo intentó conversar con el fiscal Mella, sin embargo no está dando entrevistas, según comentó el equipo de prensa de la Fiscalía Regional de Atacama.

“Una alternativa es pedir que se reabra la investigación. La otra es que otro fiscal la asuma”, le dice García-Huidobro a BBC Mundo.

Los 31 mineros que se agruparon para presentar las querellas se reunirán este domingo para evaluar las opciones a seguir.

Por ahora, por lo menos Mario Sepúlveda, a través de su abogado, Maximiliano Delgado, le pedirá al tribunal revertir la decisión de la Fiscalía.

Delgado le comenta a BBC Mundo que están recopilando antecedentes para solicitar la reapertura de la investigación.

Además se reunirá con García-Huidobro para evaluar los antecedentes aportados por el parlamento.

“Los 33 mineros han recibido una suerte de abuso. No tienen idea de lo que está pasando”, asegura el abogado.

Desde el punto de vista civil, existe también una demanda presentada que sigue su curso.

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