El recuerdo de Pinochet parte Chile


  • El recuerdo de Pinochet parte Chile
  • Dos actos para conmemorar golpe de Pinochet en un Chile aún dividido
  • Piñera llama a avanzar en justicia y apunta a ‘responsabilidad’ de actores del régimen
  • Condenan violaciones a DD.HH. cometidas durante la dictadura militar en Chile

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El recuerdo de Pinochet parte Chile

La derecha del presidente Piñera y la izquierda de la candidata Bachelet conmemoran por separado el 40 aniversario del golpe de Estado

 Santiago de Chile 9 SEP 2013 – El País.com (España)

El fuego de un cóctel molotov alcanza a dos policías durante las manifestaciones del domingo en Santiago de Chile. / IVAN ALVARADO (REUTERS)

A dos días de que se cumpla en Chile el 40 aniversario del golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, la derecha en el Gobierno y el centroizquierda de la oposición conmemoraron ayer por separado la fecha. El 11 de septiembre de 1973, el presidente constitucional Salvador Allende murió tras el bombardeado de aviones de la Fuerza Aérea al palacio de La Moneda durante la toma del poder por parte del Ejército.

Los actos —celebrados con minutos de diferencia y a sólo dos kilómetros de distancia— fueron encabezados por la expresidenta Michelle Bachelet, de un lado, y del otro por el actual presidente conservador, Sebastián Piñera, dejando de manifiesto las profundas diferencias que existen entre ambos bandos 23 años después del fin de la dictadura militar (1973-1990).

La decisión de no asistir a la ceremonia oficial en el palacio presidencial de La Moneda por parte del bloque opositor provocó una áspera polémica durante los últimos días, alimentada por el clima electoral previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo. Durante los últimos 10 días, además, actores sociales y políticos de diversos sectores —incluido Piñera— realizaron declaraciones de perdón y reconocimientos de errores previos y posteriores al golpe de Estado.

Michelle Bachelet dio comienzo a la jornada cuando llegó a las 9.30 horas al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en el centro de Santiago de Chile. La socialista hoy lidera la coalición Nueva Mayoría: un conglomerado de centroizquierda que —en un hecho inédito desde el retorno a la democracia en 1990— desde abril pasado incluye al Partido Comunista. La exdirectora de ONU Mujeres recorrió acompañada por su madre las salas del recinto donde hay una fotografía de su padre, Alberto Bachelet, general de la Fuerza Aérea juzgado por traición a la patria que murió encarcelado a causa de un infarto en marzo de 1974.

“Este ejercicio de verdad y de reconocimiento no es autocomplaciente ni victimizante, es para conocer la verdad”, dijo Bachelet en su discurso, en el que además destacó que la verdad y la justicia son dos condiciones básicas para la reconciliación del país. “Tenemos la necesidad de conocer qué pasó con las víctimas”, señaló la candidata presidencial de la Nueva Mayoría, la gran favorita en todas las encuestas para ganar los comicios del 17 de noviembre próximo.

Con la ausencia de Patricio Aylwin —el primer presidente de la etapa democrática, quien se excusó por motivos de salud—, al acto asistieron alrededor de 500 invitados, entre los cuales destacaron los exmandatarios Eduardo Frei y Ricardo Lagos. Antes del comienzo de la ceremonia, Lagos aseguró que aún falta un diagnóstico común de lo ocurrido para superar las divisiones. “Debería haberse hecho un solo acto para demostrar que, a 40 años, puede haber coincidencias”, señaló Lagos. El acto oficial en el palacio La Moneda comenzó sin representantes de la oposición y sólo tres de los nueve candidatos presidenciales que habían sido invitados.

Frente a unas 200 personas —funcionarios destacados, miembros del poder judicial, Fuerzas Armadas e iglesias—, Piñera apeló a un espíritu de reconciliación al recordar el clima político previo al golpe de Estado y reconoció la gravedad de las violaciones de los derechos humanos. La dictadura dejó 3.214 ejecutados políticos. De ellos, 1.000 permanecen desaparecidos.

“El 11 de septiembre de 1973 un violento golpe de Estado puso término a la Unidad Popular y puso inicio a 17 años de régimen militar. Sin embargo no fue algo súbito, sorpresivo, sino que fue el desenlace previsible, pero no por ello inevitable de una agonía de los valores de la sociedad chilena”, dijo Piñera, quien comentó que el Gobierno de Salvador Allende “reiteradamente quebrantó la legalidad y el estado de derecho”.

En el plano de las responsabilidades, Piñera reiteró sus críticas de la semana pasada a los medios de comunicación “que se limitaron a entregar la versión oficial de los hechos” y al poder judicial. “Muchos de nosotros que pudimos hacer mucho más en la defensa de los derechos humanos nos alcanza una cuota de responsabilidad. Estoy seguro de que si volviéramos atrás, la inmensa mayoría de los actores se comportaría mucho mejor”, dijo el mandatario de derecha, que con estas palabras marcó un hito en su sector en materia de reconocimiento de errores y omisiones durante la dictadura.

Al margen de los actos oficiales, la ciudad de Santiago se prepara estos días para desórdenes públicos provocados por manifestaciones no autorizadas al calor de la conmemoración del golpe.

Tiempos de ‘mea culpa’

R. CEA, SANTIAGO DE CHILE

Desde hace 10 días, actores políticos de la derecha oficialista chilena y de la oposición y miembros del poder judicial, entre otros, han realizado declaraciones —individuales o colectivas— en las cuales reconocen “errores” u “omisiones” en su desempeño durante los 17 años de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

El primero en pronunciarse fue el senador Hernán Larraín, líder histórico de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido de la derecha más conservadora. Miembro de la Corporación de Amigos de Colonia Dignidad —comunidad alemana ubicada 300 kilómetros al sur de Santiago que sirvió como centro de detención durante la dictadura—, Larraín pidió perdón por lo hecho “o por omitir lo que debía hacer”. El senador provocó críticas públicas de los partidarios más radicales de su partido.

Luego fue el senador socialista Camilo Escalona quien aseguró que no tenía problemas en pedir perdón por los excesos que pudo haber cometido antes del golpe de Estado. Entonces tenía 18 años y era líder estudiantil del colegio en que cursaba el último año de educación secundaria.

La declaración que generó más reacciones fue el texto de dos cuartillas de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, agrupación que reúne al 70% de los jueces del país. “Ha llegado la hora de pedir perdón a las víctimas, a sus deudos y a la sociedad chilena por no haber sido capaces en ese trance crucial de la historia”, se lee en el documento que —elogiado por el presidente Sebastián Piñera— interpelaba a sus superiores de la Corte Suprema a pronunciarse en un sentido parecido. Dos días después, el pleno del máximo tribunal del país reconoció “graves acciones y omisiones”, pero no pidió perdón.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, entre 1973 y 1983 los tribunales chilenos acogieron sólo 10 de los 5.400 recursos de amparo presentados por personas detenidas de manera ilegal o que temían por integridad física debido a la brutal represión de la Junta Militar de Pinochet contra la oposición.

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09 de septiembre de 2013

Dos actos para conmemorar golpe de Pinochet en un Chile aún dividido

Terra Chile

El gobierno del derechista Sebastián Piñera y la oposición de centro-izquierda conmemoraron este lunes, en dos actos distintos, los 40 años del golpe de Estado que instauró la dictadura de Augusto Pinochet, mostrando que la fecha aún divide a Chile.

Casi con dos horas de diferencia pero el mismo día, Gobierno y oposición en Chile recordaron con matices el golpe de Estado del 11 septiembre de 1973 que derrocó al gobierno del socialista Salvador Allende e instauró la dictadura de Augusto Pinochet, que se saldó con más de 3.200 víctimas.

El acto encabezado por el presidente Piñera se realizó en el palacio presidencial de La Moneda, mientras que el de la oposición tuvo lugar en la explanada del Museo de la Memoria y fue encabezado por la exmandataria socialista Michelle Bachelet, favorita para adjudicarse las elecciones del próximo 17 de noviembre.

Tanto Bachelet como Piñera condenaron enérgicamente las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, y exigieron conocer la verdad sobre lo ocurrido con las víctimas y ampliar las responsabilidades a quienes justificaron el golpe o civiles que participaron del gobierno de Pinochet.

Pero difirieron sobre las condiciones políticas que llevaron al derrocamiento del gobierno de Allende, que fracasó en su intento de poner en marcha una vía chilena al socialismo, sin una revolución armada, por la resistencia de Estados Unidos, la oposición política de la época y los gremios de empresarios.

“Esa dolorosa fractura de nuestra democracia no fue algo súbito, intempestivo ni sorpresivo. Sabemos que fue más bien el desenlace predecible, aunque no por ello inevitable, de una larga y penosa agonía de los valores republicanos”, dijo Piñera.

“No es justo hablar del golpe de Estado como un destino fatal e inevitable. No es justo afirmar que hubiera una guerra civil en ciernes, porque para dar continuidad y dar respaldo a la democracia, se requería más democracia, no un golpe de Estado”, afirmó por su parte Bachelet.

Sobre las responsabilidades, Piñera acusó a quienes tuvieron altos cargo en el gobierno militar como responsabilidades morales.

“La responsabilidad alcanza a quienes ejercieron altos cargos en el gobierno militar o quienes por su investidura o influencia en la época, y conociendo estos hechos, pudieron alzar la voz para evitar estos abusos y muchas veces no lo hicieron”, dijo Piñera, que en su gabinete mantiene a al menos tres excolaboradores o simpatizantes de la dictadura.

“Las responsabilidades de la instalación de la dictadura, los crímenes cometidos por agentes del Estado, la violación de los derechos humanos no son justificables, no son inevitables y son responsabilidad de quienes lo cometieron y de quienes lo justificaron”, señaló de su lado Bachelet.

Al acto en el palacio de La Moneda, en cuyo interior se suicidió Allende en medio del bombardeo aéreo y terrestre por parte de las fuerzas golpistas, fue invitada Bachelet, junto a los otros ocho candidatos presidenciales, además de los partidos políticos de izquierda.

Pero prueba de que en Chile las heridas que dejó la dictadura aún están abiertas, cada bando optó por conmemorar de forma separada.

“Permanecen dos puntos de vista que todavía son demasiado distante para que pudiera existir un acto común. Tal vez las generaciones futuras lo pudieran hacer”, dijo el senador del Partido Socialista (PS) Camilo Escalona.

“Creo que no había condiciones para hacer un solo acto, porque todavía éste es un país fracturado”, señaló por su parte Isabel Allende, hija del exmandatario socialista y hoy senadora del PS.

“Ellos cambiaron su acto para el día de hoy. Eso revela que lo que se buscaba más bien era tener un acto de características mucho más políticas y electorales que lo que buscamos aquí en La Moneda, que es tener un acto con una idea y con una profundidad de unidad nacional”, dijo de su lado el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

“Estaban todos invitados, queríamos que todos estuvieran presentes (…) pero hay un interés en marcar o seguir marcando una diferencia, una división”, agregó el ministro.

Para el próximo 11 de septiembre, el gobierno tiene previsto realizar un acto religioso nuevamente en el palacio de La Moneda.

Los familiares de las víctimas y agrupaciones de izquierda, en tanto, depositarán ofrendas florares en la llamada puerta de Morandé 80 de la casa de gobierno, por donde salió el cadáver de Allende y que fue luego clausurada por la dictadura.

Por la noche son habituales enfrentamientos con la policía en poblaciones de la periferia de Santiago, para lo cual el gobierno desde hace días mantiene vigente un plan especial de vigilancia en puntos críticos.

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9 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Piñera llama a avanzar en justicia y apunta a ‘responsabilidad’ de actores del régimen

por   – El Mostrador

Una media hora se extendió el discurso del Presidente Sebastián Piñera en la ceremonia de conmemoración en La Moneda de los 40 años desde el golpe militar, en el que llamó a avanzar en verdad y justicia y apuntó a la “responsabilidad” de actores de la dictadura.

Al acto asistieron autoridades de todos los poderes del Estado, ministros y subsecretarios y, como estaba previsto, tres los nueve candidatos a la Presidencia: Evelyn Matthei (UDI), el abanderado del PRI, Ricardo Israel y el representante del Partido Ecologista Verde, Alfredo Sfeir.

En la oportunidad, el jefe de Estado planteó una reflexión acerca de lo ocurrido en el país, desde sus causas, desarrollo y “lecciones” para el futuro, y señaló que “nuestro gobierno ha tomado con compromiso y voluntad las banderas de la reconciliación nacional, el fortalecimiento de nuestra democracia y la promoción de una cultura de derechos humanos”.

Asimismo, anunció que “como símbolo de este reencuentro, hemos abierto de par en par las puertas de esta Moneda, la casa de todos los chilenos, para que los fines de semana todos puedan conocer y sentirse parte de esta casa, para que ella sea siempre un símbolo de unidad entre los chilenos y de fe en el futuro”.

Sobre lo ocurrido, advirtió que “algunos quisieran creer que toda la responsabilidad recae en quienes cometieron u ordenaron cometer esas violaciones a los derechos humanos, esa posición es correcta en materia de responsabilidad penal, pero sin duda es parcial e insuficiente respecto del otro tipo de responsabilidad”.

“En mi humilde opinión, también tienen responsabilidad aquellos que no respetaron el Estado de derecho, y promovieron la intolerancia, el odio y la violencia en nuestro país, que finalmente condujo al quiebre de nuestra democracia. Y con posterioridad a ese quiebre, esa responsabilidad también alcanza a quienes ejercieron altos cargos en el gobierno militar o a quienes, por su investidura o influencia en la época y conociendo de estos hechos, pudieron alzar su voz para evitar estos abusos y muchas veces no lo hicieron, ya sea porque subordinaron principios a sus intereses, o porque simplemente sucumbieron ante el temor”, acotó.

En la misma línea, el jefe de Estado enfatizó que “ninguno de los hechos, causas, errores o responsabilidades que condujeron al quiebre de nuestra democracia, justifica los inaceptables atropellos a la vida, la integridad, y la dignidad de las personas que ocurrieron con posterioridad”.

Frente a esto, enfatizó que “debemos seguir avanzando en la búsqueda de mayor verdad y mayor justicia; y quienes tengan información relevante, tienen la obligación moral de revelarla y es labor de nuestros tribunales seguir investigando la verdad e impartiendo la justicia. Pero para cerrar las heridas del pasado, y fortalecer la reconciliación también se necesita grandeza y generosidad, y también se necesita capacidad de pedir y otorgar perdón”.

Además, llamó a los chilenos “recordar y conmemorar en forma pacífica y reflexiva este cuadragésimo aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, y hacerlo con un verdadero sentido de unidad”.

Previo a su discurso, el gobernante inauguró una remodelada Plaza de la Constitución, mientras que al término, sonaron campanazos en conmemoración del golpe militar.

A continuación, la transcripción completa del discurso del jefe de Estado, difundida por la Presidencia:

“Muy buenas tardes.

Vengo de reinaugurar la Plaza de la Constitución, uno de los símbolos de nuestra República, y estamos hoy reunidos, en este Palacio de La Moneda, la casa de todos los chilenos, para conmemorar y recordar los dolorosos hechos ocurridos hace 40 años atrás, que aún dividen a una parte de nuestra sociedad.

Como Presidente de todos los chilenos, quisiera compartir con mis compatriotas algunas reflexiones.

¿Por qué es bueno recordar?

Porque los momentos traumáticos que viven los países son como las heridas en un ser humano. No es bueno ignorarlas ni taparlas, porque así nunca logran cicatrizar. Tampoco es bueno hurgar permanentemente en ellas, porque pueden evolucionar hacia verdaderas gangrenas. Lo que debemos hacer es asumirlas, limpiarlas y curarlas, y permitir así que puedan sanar.

¿Para qué debemos recordar?

¿Para revivir las mismas divisiones, violencia y odios que tanto daño nos causaron en el pasado? ¿O muy por el contrario, para iluminar los caminos del futuro, aprender de los errores del pasado, de forma de nunca más volver a repetirlos?

Sin duda, este segundo camino es el mejor para el alma de nuestro país, es lo que quiere la inmensa mayoría de los chilenos, y es el camino con el cual ha estado, está y seguirá estando comprometido el Gobierno que tengo el honor de presidir.

Sabemos que cuando miles de compatriotas sufren violaciones a sus derechos humanos, como las que ocurrieron en Chile, no existen soluciones que puedan reparar todo el daño y dolor causado. Desgraciadamente no podemos resucitar a los muertos ni a los desaparecidos para devolvérselos a sus familias. Pero si podemos y debemos aliviar ese dolor, avanzando en materia de verdad, justicia, reparación y reconciliación, como lo hemos hecho, todos juntos, desde la recuperación de la democracia. Y también debemos y podemos respetar y cuidar mejor nuestra democracia, nuestra sana convivencia y nuestro Estado de Derecho, que son, a fin de cuentas, el mejor antídoto para que estos dolorosos hecho nunca más se repitan.

El 11 de septiembre de 1973 un violento Golpe de Estado puso término al Gobierno de la Unidad Popular, significó el quiebre de nuestra democracia y dio inicio a 17 largos años de Régimen Militar.

Sin embargo, esa dolorosa fractura de nuestra democracia no fue algo súbito, intempestivo ni sorpresivo. Fue más bien el desenlace previsible, aunque no inevitable, de una larga y penosa agonía de los valores republicanos, de un deterioro creciente de la amistad cívica y de un grave resquebrajamiento del Estado de Derecho.

En efecto, a partir de la década de los 60, poco a poco, y casi sin darnos cuenta, la tradicional sensatez de la sociedad chilena comenzó a ceder ante las pasiones desbordadas, los proyectos excluyentes y la prédica del odio.

Importantes sectores de la izquierda de nuestro país proclamaban públicamente su desprecio por la democracia existente y sostenían como legítimo imponer sus visiones y proyectos de país mediante el uso de la fuerza y la violencia si fuere útil o necesario. El Gobierno de la Unidad Popular reiteradamente quebrantó la legalidad y el Estado de Derecho vigente, lo que fue advertido y denunciado expresamente por las más altas instituciones de la República como la Corte Suprema, la Cámara de Diputados y la Contraloría. Esta situación, unida a malas políticas públicas, fue generando un creciente caos político, económico y social, que afectó gravemente la vida de los chilenos y el futuro de la nación.

El sano diálogo republicano y la búsqueda de acuerdos comenzaron a ser reemplazados por la intolerancia y la violencia. Para muchos, un chileno que pensaba distinto dejó de ser un adversario a convencer y se transformó en un enemigo a destruir.

El aire político se fue enrareciendo y nuestra sociedad democrática, pluralista y tolerante empezó a ser reemplazada por otra marcada por profundas fracturas, odios y divisiones entre sus propios hijos, se expresaron consignas tan aplaudidas como inconducentes. Un senador declaraba su intención de “negarle la sal y el agua” a un Gobierno recientemente elegido por una amplia mayoría. Un Presidente decía que “no cambiaría ni una coma de su programa ni por un millón de votos”. Otro Presidente afirmaba que “no era el Presidente de todos los chilenos”.

En suma, el quiebre de la democracia el año 1973 significó el fracaso de una generación que no quiso, no supo o no pudo proteger nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y nuestra sana convivencia. Ello no significa que todos sean responsables ni que estas responsabilidades sean equivalentes. Pero sí que estas responsabilidades fueran más compartidas de lo que algunos sostienen.

El Golpe de Estado del 11 de Septiembre y el Gobierno Militar que lo sucedió no fue un fenómeno exclusivo de Chile, sino una realidad que en el contexto de la Guerra Fría, se extendió a casi todos los países de América Latina y trajo asociada significativas restricciones a la libertad y dolorosas e inaceptables violaciones a los derechos humanos. Está más que demostrado la significativa incidencia que en estos hechos tuvieron las dos principales potencias mundiales de la época, entonces confrontadas por una dura guerra fría y separadas por muros y cortinas de hierro, intervención foránea que nunca más debemos permitir.

En materia de responsabilidades, éstas son de distinta naturaleza. Existen las de carácter penal, que son personales, y que en un Estado de Derecho, deben ser juzgadas y sancionadas por los Tribunales de Justicia. También existen las de naturaleza política, que pueden ser colectivas y que normalmente son evaluadas y determinadas por la ciudadanía. Y las de carácter moral, que pertenecen al ámbito de la intimidad de las conciencias.

Algunos quisieran creer que toda la responsabilidad recae en quienes cometieron u ordenaron cometer esas violaciones a los derechos humanos. Esta posición es correcta en materia de responsabilidad penal, pero es parcial e insuficiente respecto del otro tipo de responsabilidades.

En mi opinión, también tienen responsabilidad aquellos que no respetaron el Estado de Derecho y promovieron la intolerancia, el odio y la violencia en nuestro país, que finalmente condujo al quiebre de nuestra democracia. Con posterioridad, esta responsabilidad también alcanza a quienes ejercieron altos cargos en el Gobierno Militar, o a quienes, por su investidura o influencia, conocieron de estos hechos, y pudiendo alzar su voz para evitar estos abusos, muchas veces no lo hicieron, ya sea porque subordinaron los principios a sus intereses o porque sucumbieron ante el temor.

También se extiende al Poder Judicial, que por mandato de la Constitución y las leyes le correspondía cautelar los derechos de las personas, y que pudiendo haber asumido una actitud más resuelta y eficaz en defensa de esos derechos humanos, acogiendo los recursos de amparo y ejerciendo su tutela sobre los Tribunales Militares en tiempos de guerra, muchas veces no lo hizo.

La responsabilidad también alcanza a algunos medios de comunicación, que con frecuencia se limitaron a entregar la versión oficial del Gobierno y no siempre investigaron e informaron con la objetividad y veracidad que los graves atropellos a los derechos humanos exigían.

Finalmente, a muchos de nosotros, que pudimos haber hecho más en defensa de los Derechos Humanos, también nos alcanza una cuota de responsabilidad.

Estoy seguro que si pudiésemos volver atrás la historia y tener una nueva oportunidad para enfrentarla, lo cual desgraciadamente nunca es posible, la inmensa mayoría de los actores se comportaría en forma distinta y mejor, antes, durante y después del 11 de septiembre de 1973, cuidando mejor nuestra democracia y protegiendo mejor los derechos humanos de todos.

Con respecto a las graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país, hay que ser categórico: ninguno de los hechos, causas, errores y responsabilidades que condujeron al quiebre de nuestra democracia, justifica los inaceptables atropellos a la vida, integridad y dignidad de las personas que le siguieron.

Por eso, es justo y necesario reconocer, destacar y agradecer la actitud valiente de tantas personas e instituciones que levantaron su voz y ejercieron una valiosa labor en defensa de los derechos humanos, como las Iglesias, los familiares y abogados de las víctimas, los organismos de derechos humanos, algunos jueces, periodistas y países amigos que también hicieron un valioso aporte.

Pero así como el quiebre institucional, el debilitamiento de la amistad cívica y la pérdida de la democracia durante la década de los 70 constituyeron un gran fracaso de toda una generación, la forma ejemplar en que recuperamos y consolidamos nuestra democracia, sana convivencia e institucionalidad republicana durante los últimos 25 años, constituye un gran acierto de otra generación, sin perjuicio que algunos políticos pertenezcan a ambas.

En efecto, normalmente las transiciones de un régimen militar a uno democrático se hacen en medio de crisis política, caos económico y violencia social. La transición chilena a la democracia evitó estos males porque, al fin y al cabo, fue fruto de amplios acuerdos nacionales, en que participaron y aportaron casi todos los sectores de la sociedad chilena, que tuvieron la sabiduría y el coraje para hacer primar una visión de unidad y de futuro, que tanto bien nos ha hecho y que nos ha permitido construir un Chile mucho mejor que el del 73.

También las Fuerzas Armadas y de Orden cooperaron con este proceso, y hoy contamos con instituciones de defensa y orden plenamente sujetas al marco constitucional y al poder civil democráticamente elegido, altamente profesionales, y queridas y respetadas por la ciudadanía.

Esta mirada al pasado es necesaria para construir el futuro. Debemos preguntarnos qué lecciones podemos recoger del pasado, para iluminar el futuro y evitar así repetir los mismos errores o tropezar con las mismas piedras. Sin duda, ellas son muchas y variadas, pero quisiera destacar las que considero más importantes.

La primera es admitir, y sin reservas de ninguna naturaleza, que aún en situaciones extremas de quiebre institucional, e incluso de guerra interna o externa, existen normas morales y jurídicas que deben ser siempre respetadas por todos, combatientes y no combatientes, civiles y militares, jefes y subordinados.

En consecuencia, fenómenos como la tortura, el terrorismo, el asesinato por razones políticas o la desaparición forzada de personas, nunca pueden ser justificados sin caer en un grave vacío moral. En otras palabras, el fin jamás justifica los medios y no existe estado de excepción, ni revolución alguna, cualquiera sea su orientación o motivación, que justifique el grado de violencia ni los atropellos a los derechos humanos que conocimos en el Chile de esos tiempos. Los derechos humanos de todos deben ser respetados y defendidos por todos, en todo tiempo, lugar y circunstancia. Y esta obligación moral, que compromete a toda la ciudadanía, debe ser honrada con aún mayor celo y razón por el Estado y sus agentes, como representantes y garantes del bien común.

Una segunda lección es que la democracia, la paz y la amistad cívica, son valores más frágiles de lo que solemos creer, por lo que siempre debemos cuidarlos, protegerlos y fortalecerlos, no sólo con nuestros actos, sino también con nuestras palabras y actitudes.

Una tercera lección es que existe una relación muy estrecha entre la democracia política, el progreso económico y la justicia social, pues ellas se retroalimentan y potencian recíprocamente, al punto que la debilidad de cualquiera de ellas inevitablemente termina por debilitar a las demás.

Una cuarta lección es comprender que la verdad y la justicia son necesarias para la paz y la reconciliación. Por ello, debemos seguir avanzando en la búsqueda de mayor verdad y justicia. Quienes tengan información relevante tienen la obligación moral de revelarla. Y es labor de nuestros Tribunales seguir investigando la verdad e impartiendo justicia.

Pero para cerrar las heridas del pasado y fortalecer la reconciliación, también se necesita grandeza, generosidad y capacidad de pedir y otorgar perdón, lo cual sin duda corresponde al ámbito más noble e íntimo de la conciencia de las personas.

Nuestro Gobierno ha tomado con compromiso y voluntad las banderas de la reconciliación nacional, el fortalecimiento de nuestra democracia y la promoción de una Cultura de Derechos Humanos, que proteja los derechos fundamentales de toda persona, desde su concepción hasta su muerte natural.

Por eso pusimos en marcha el Instituto Nacional de Derechos Humanos, encargado de actuar como un atento vigilante y defensor de los Derechos Humanos de todos. Por eso presentamos un proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos como parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que actúe como coordinador y responsable de todos los esfuerzos y acciones del Gobierno en este campo. Por eso reformamos la Justicia Militar, de forma de delimitar su campo a lo que le es estrictamente propio y excluir siempre y bajo toda circunstancia a las personas civiles de su jurisdicción.

Por eso perfeccionamos la Ley Antiterrorista, necesaria en toda sociedad democrática, mejorando la tipificación de los delitos, fortaleciendo el debido proceso y racionalizando sus penas.

Por eso promulgamos la Ley Antidiscriminación, para combatir con mayor eficacia la discriminación arbitraria en nuestro país.

Por eso hemos incorporado la enseñanza de una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos a nuestro sistema educacional y a los organismos del Estado.

El compromiso del Gobierno con el fortalecimiento y revitalización de nuestra democracia se ha expresado en reformas tan importantes como la inscripción automática y el voto voluntario, un sistema de primarias voluntarias y vinculantes para la selección de los candidatos, la elección directa de los Consejeros Regionales. Y también a través de proyectos para una nueva Ley de Partidos Políticos y un nuevo sistema electoral.

Quiero concluir estas palabras con tres breves reflexiones y una invitación a todos los chilenos.

Primero: El pasado ya está escrito. Podemos recordarlo, estudiarlo y discutirlo, pero ya no podemos cambiarlo. En consecuencia, no debemos permanecer prisioneros ni secuestrados por él. Porque cuando el presente se queda anclado en el pasado, es el futuro el que pierde. Después de todo, 3 de cada 5 chilenos de hoy no habían nacido aún el año 1973 y más de 8 de cada 10 eran menores de edad cuando ocurrió el Golpe. No podemos permitir que las viejas generaciones traspasen a las nuevas generaciones sus divisiones, odios y enfrentamientos, que tanto daño, dolor y sufrimiento causaron. Los chilenos de hoy debemos tomar los pinceles, superar el pasado y trazar con libertad nuestros caminos hacia un futuro mejor.

La segunda, es que la conquista de la paz, la amistad cívica y la reconciliación, más que una meta es un proceso que requiere un esfuerzo permanente y una actitud generosa y constructiva, a la cual todos debemos aportar y nadie debe restarse. En esta materia, una vez más, la ciudadanía parece haberse anticipado en sabiduría y generosidad a los políticos.

La tercera es que en los últimos 25 años Chile ha debido enfrentar dos transiciones: la primera, la antigua, fue la transición de un Gobierno Militar a un Gobierno Democrático. Esa transición ya la hicimos y la hicimos bien. La segunda, la nueva, es la transición hacia un país desarrollado, sin pobreza, con mayor justicia, con verdaderas oportunidades para todos y con sólidos valores morales. Esta transición está en plena marcha y es responsabilidad de nuestra generación, la generación del Bicentenario, el llevarla a buen puerto antes que termine esta década.

Por eso, quisiera terminar estas palabras invitando a todos mis compatriotas a recordar y conmemorar en forma pacífica y reflexiva este cuadragésimo aniversario del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973, con un verdadero sentido de unidad, nación y futuro. Sabemos que en la unidad está la raíz de nuestra fortaleza y en la división el germen de nuestra debilidad. Y sabemos también que, más allá de nuestras legítimas diferencias, todos amamos a nuestro Chile y todos queremos un futuro mejor para nuestros hijos, y sus hijos y los que vendrán. En consecuencia, debemos privilegiar lo que nos une, porque es mucho más fuerte que lo que nos divide. Por ello, y como símbolo de este reencuentro, hemos abierto de par en par las puertas de esta Moneda, la casa de todos los chilenos, para que los fines de semana todos puedan conocer y sentirse parte de esta casa para que ella sea siempre un símbolo de unidad entre los chilenos y de fe en el futuro”.

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AMÉRICA LATINA

Condenan violaciones a DD.HH. cometidas durante la dictadura militar en Chile

Deutsche Welle Español

Gobierno y oposición, así como la Iglesia católica, activistas por los derechos humanos, y familiares de las víctimas, se pronunciaron en actos separados sobre el golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973.

El gobierno, la oposición, activistas de derechos humanos y la Iglesia católica fustigaron en actos separados las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar chilena (1973-1990).

“Han pasado 40 años, pero no así el dolor y el sufrimiento por temas sin resolver que aún persisten”, dijo la dirigenta de derechos humanos Ana González, en el acto que la opositora Nueva Mayoría organizó en el Museo de la Memoria.

La mujer de 85 años, quien perdió a su esposo, sus dos hijos, su nuera y su nieto en manos de la dictadura, insistió que Chile requiere aún de “verdad, justicia y equidad” debido a la libertad de que gozan cientos de represores.

En la ceremonia, la candidata presidencial socialista Michelle Bachelet, quien gobernó entre 2006 y 2010, admitió que los hechos todavía cruzan la política chilena, hasta ahora dividida básicamente entre quienes apoyaron la dictadura y quienes no.

“Aún tenemos una fractura profunda entre quienes justifican la dictadura y quienes confiamos en la democracia”, aseveró Bachelet, favorita para ganar los comicios presidenciales de noviembre próximo.

La ex-mandataria además señaló que “los crímenes son responsabilidad de quienes los cometieron”, y no producto de un contexto que lo justificara, como sectores de derecha han deslizado por años.

Manifestaciones violentas en Chile durante los días que anteceden al aniversario.Manifestaciones violentas en Chile durante los días que anteceden al aniversario.

”Desenlace previsible”

En el oficialismo, el presidente Sebastián Piñera deploró las violaciones a los derechos humanos, pero llamó a reflexionar sobre el hecho de que “el golpe de Estado no fue algo súbito, sorpresivo ni intempestivo”.

“Fue el desenlace previsible -aunque no por ello inevitable- de una larga y penosa agonía de los valores republicanos, de un deterioro creciente de la amistad cívica entre los chilenos”, dijo en un acto en La Moneda, al que la oposición rechazó asistir.

“Algunos quieren pensar que toda la responsabilidad recae en quienes cometieron los crímenes o dieron las órdenes para que se cometieran. En mi humilde opinión, también tienen responsabilidad aquellos que no respetaron el Estado de Derecho y promovieron la intolerancia el odio y la violencia”, acotó.

En medio de esas diferencias, la Iglesia católica, clave en la defensa de los derechos humanos bajo dictadura, subrayó su rechazo a los crímenes de lesa humanidad ocurridos, otrora avalados por sectores conservadores.

“Nada justifica los atropellos a la dignidad de las personas cometidos a partir del 11 de septiembre de 1973”, sostuvo la Conferencia Episcopal.

La Iglesia católica agregó además que lamenta las divisiones que permanecen en Chile entre quienes justifican el golpe y quienes no lo hacen.

“Recordamos (aún) los 40 años del golpe de Estado, un momento doloroso de la historia chilena cuyas heridas no han terminado de cicatrizar”, sostuvo la Iglesia en un comunicado.

Durante la dictadura, en la que participaron algunos líderes actuales del oficialismo, unas 38.000 personas fueron torturadas, ejecutadas o desaparecidas, según informes oficiales emitidos en democracia.

También ha habido manifestaciones pacíficas, como esta en Valparaíso. También ha habido manifestaciones pacíficas, como esta en Valparaíso.

La Iglesia católica chilena, liderada por el cardenal Raúl Silva Henríquez, organizó la defensa de los derechos humanos desde el primer día del régimen militar a través del Comité Pro Paz primero y de la Vicaría de la Solidaridad, luego.

Silva Henríquez, cuyo nombre se barajó como sumo pontífice antes de la elección de Karol Wojtyla, visitó incluso a los miles de detenidos en el Estadio Nacional, prometiéndoles su defensa.

“Me parece que como han muerto tantos, que muera un sacerdote también está bien. Nosotros debemos morir con el pueblo”, dijo en 1984 cuando una patrulla policial asesinó al sacerdote francés André Jarlan, en un barrio pobre de la capital.

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