Brasil: reabren “juicio del siglo” sobre escándalo de corrupción


  • Brasil: reabren “juicio del siglo” sobre escándalo de corrupción
  • Doce reos del “juicio del siglo” en Brasil tendrán derecho a un nuevo proceso
  • Corte Suprema de Brasil permite nuevo juicio por corrupción al círculo de Lula
  • La reapertura del ‘caso mensalão’ distancia a los brasileños de sus jueces
  • Un voto prolonga el “juicio del siglo” en Brasil para doce de los condenados

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Brasil: reabren “juicio del siglo” sobre escándalo de corrupción

 Miércoles, 18 de septiembre de 2013 – BBC
Miembros del Tribunal SupremoEl escándalo estuvo a punto de provocar el colapso del gobierno de Lula.

La Corte Suprema de Brasil decidió reabrir el juicio del mayor escándalo de corrupción de la historia reciente del país conocido como el “juicio del siglo”.

En una estrecha votación, los magistrados del máximo tribunal decidieron volver a escuchar las declaraciones de 12 altos cargos políticos, banqueros y empresarios.

Todos ellos fueron condenados por su presunta implicación en una trama por la que supuestamente pagaban a políticos opositores a cambio del apoyo al gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva en el Congreso.

El caso del “Mensalao” o “gran mensualidad” en español, estalló en 2005 cuando un congresista acusó públicamente al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de haber pagado desde 2003 el equivalente a US$10.000 mensuales a aliados políticos para asegurarse sus apoyos.

El escándalo estuvo a punto de provocar el colapso del gobierno de Lula.

El exmandatario fue exculpado en el caso pero algunos de sus más estrechos colaboradores, como el que fuera su ministro de la Presidencia, José Dirceu, fueron condenado a largas penas de cárcel.

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Doce reos del “juicio del siglo” en Brasil tendrán derecho a un nuevo proceso

En el proceso están condenados el ex ministro José Dirceu, el ex presidente del Partido de los Trabajadores (PT) José Genoino y el antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.

por EFE – 18/09/2013 – Latercera

La Corte Suprema de Brasil decidió hoy que aceptará nuevas apelaciones que llevarán a reabrir las causas de doce de los 25 condenados por las graves acusaciones de corrupción denunciadas en 2005,durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. 

Hasta ahora, cinco de los once miembros del Supremo habían votado por aceptar esos recursos y otros cinco los habían rechazado, pero hoy el decano del Supremo, Celso de Mello, se inclinó por acogerlos y se configuró una mayoría en favor de lo que, en la práctica, lleva a la celebración de un nuevo juicio para doce de los 25 condenados.

La decisión sólo favorece a aquellos reos condenados pese a que al menos cuatro jueces los absolvieron, situación en la que están personajes emblemáticos del proceso, como el ex ministro José Dirceu, el ex presidente del Partido de los Trabajadores (PT) José Genoino y el antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.

El caso se refiere a una red de corrupción tejida por el Partido de los Trabajadores (PT) en 2002, cuando llegó al poder por primera vez el ahora ex presidente Lula, quien tras dos mandatos consecutivos fue sucedido por su pupila y correligionaria Dilma Rousseff.
Durante el juicio, que se celebró entre agosto y diciembre del año pasado, la corte consideró probado que esa red fue alimentada con dinero público y le permitió al PT financiar campañas y sobornar a dirigentes de otros cuatro partidos, que le dieron al Gobierno de Lula la mayoría parlamentaria que las urnas le habían negado.
El juez Celso de Mello, en el voto que hoy inclinó la balanza en favor de aceptar las nuevas apelaciones, explicó que al tratarse de una acción penal que comenzó “originalmente” en el Supremo, esta misma corte está obligada a celebrar un segundo juicio en aquellos casos en que las condenas no fueron “mayoritarias”.
“La protección de los derechos de los reos es un encargo constitucional del cual el Supremo no puede eximirse, aún contra el clamor popular”, dijo De Mello en alusión a las presiones de buena parte de la sociedad, que exige que los culpables de este caso sean encarcelados de inmediato.
No obstante, el magistrado sostuvo que “la respuesta del poder público al fenómeno criminal ha de ser pautada por reglas que permitan la instauración, ante jueces independientes e imparciales, de un proceso que atenue la pasión exacerbada de las multitudes”.
Tomada la decisión de reabrir los juicios de esos doce reos, la corte ahora deberá publicar ese acuerdo y sólo después aquellos que puedan acogerse a un nuevo juicio presentarán sus correspondientes apelaciones.
El Supremo nombrará entonces un instructor para el caso, que dispondrá del tiempo que considere necesario para llevar el asunto de vuelta al pleno de la corte, que entonces sí deliberará para dictar las sentencias en forma definitiva.
Todo ese trámite, según fuentes jurídicas, pospondrá el fin del proceso al menos hasta el segundo semestre del próximo año, aunque hay expertos que creen que el juicio pudiera concluir en 2016.
En ese último caso, podría ocurrir que algunos de los delitos por los que han sido condenados estos doce reos que tendrán derecho a un nuevo juicio lleguen a proscribir, lo cual anularía las sentencias.
Otro asunto que el Tribunal Supremo tiene pendiente es decidir si las condenas de los otros catorce condenados deberán ser ejecutadas de inmediato, o si se espera para ello hasta el fin la totalidad del proceso.
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Miércoles 18 septiembre 2013

Corte Suprema de Brasil permite nuevo juicio por corrupción al círculo de Lula

Eduardo Beyer | Agencia UNOEduardo Beyer | Agencia UNO

Erasmo Tauran | Agencia AFP – Radio Bío-Bío

La Corte Suprema de Brasil aceptó el miércoles analizar nuevos recursos de políticos, empresarios y exjerarcas del gobernante Partido de los Trabajadores condenados en diciembre por corrupción, lo cual permite un nuevo juicio que podría reducir sus penas.

Por seis votos a cinco, los jueces decidieron que 12 de los 25 condenados en diciembre podrán presentar nuevos recursos.

La lista incluye a los principales condenados del círculo del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, involucrados en un escándalo que hizo tambalear su gobierno en 2005 por la creación de una contabilidad paralela y el pago a partidos y congresistas aliados a cambio de apoyo político.

Entre ellos figura José Dirceu, el exministro jefe del primer gobierno y mano derecha de Lula, que podría ver su pena de diez años y diez meses reducida en un nuevo juicio, y librarse así de la prisión en régimen cerrado.

También podrá recurrir el expresidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), José Genoino.

El publicista Marcos Valerio, considerado el “operador” del esquema y condenado a la mayor sentencia, 40 años, y Delubio Soares, extesorero del PT, integran asimismo la lista.

Para los otros 13 condenados sin derecho a presentar recursos, la cárcel aún no ha sido decretada por el procurador general.

Fuertes presiones contra un nuevo juicio

La Corte Suprema vivió esta semana fuertes presiones en la calle y en la prensa contra una reapertura del mayor juicio a políticos en la historia de Brasil.

“En este país solo va a la cárcel el ladrón de gallinas”, o “Supremo Tribunal, vergüenza nacional”, leían algunos de los carteles que un grupo de manifestantes llevó frente a la Corte Suprema, que reforzó la seguridad.

Los jueces habían negado la mayoría de recursos ordinarios presentados por los condenados, lo que hacía pensar que el proceso -abierto en 2007 pero iniciado efectivamente en agosto de 2012- terminaría la semana pasada y serían emitidas las ordenes de prisión.

Pero un nuevo tipo de recurso, aceptado ahora, permite revisiones en los casos en que cuatro jueces votaron a favor del condenado.

El jueves pasado, cinco jueces votaron a favor de aceptar los nuevos recursos y cinco en contra, mientras el juez restante pidió tiempo, prolongando el suspense sobre la decisión final.

Así, el fallo quedó en manos del juez Celso de Mello, quien el miércoles votó a favor y aseguró que “los jueces no pueden dejarse contaminar por la opinión pública”.

La decisión de analizar los recursos “puede causar una decepción en la opinión pública, ya que el juicio era visto como un avance contra la impunidad, especialmente para las élites”, opinó la politóloga de la Universidad Federal de Juiz de Fora Christiane Jalles.

Un precedente histórico

El histórico proceso marca un precedente en un país que no está acostumbrado a juzgar a sus políticos. Decenas de larguísimas sesiones fueron transmitidas en vivo por la televisión.

En junio pasado, masivas protestas callejeras contra la corrupción de la clase política y por mejores servicios públicos sacudieron al país.

El implacable juez instructor del caso y presidente de la Corte, Joaquim Barbosa, era aclamado por muchos manifestantes como un superhéroe.

El líder de la socialdemocracia (oposición), Carlos Sampaio, afirmó el miércoles tras el fallo que “la sociedad brasileña, que salió a las calles y pide el final de la corrupción, podrá sentirse frustrada” con el resultado del proceso.

La Suprema Corte podría juzgar próximamente un esquema de contabilidad paralela similar que involucra a los socialdemócratas.

“Dentro del Partido de los Trabajadores se creó un sentimiento de injusticia, de que lo que fue condenado era una práctica muy extendida entre los políticos, pero solo el PT fue juzgado”, dijo a la AFP Alberto Almeida, analista del Instituto Analise.

El martes, la presidenta Dilma Rousseff, heredera política de Lula, pidió “imparcialidad y serenidad” a la justicia, sin mencionar el juicio.

La postergación del juicio al próximo año, cuando Brasil enfrenta elecciones generales y Rousseff buscaría la reelección, levanta cuestionamientos sobre su impacto y un eventual desgaste para el PT.

“Estoy exhausto de este proceso. Tenemos que llegar al final”, reconoció el juez Luiz Roberto Barroso.

Lula se mantuvo al margen de las acusaciones, fue reelecto en 2006 y dejó el poder con un récord de popularidad a fines de 2010.

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La reapertura del ‘caso mensalão’ distancia a los brasileños de sus jueces

El Supremo decide volver a juzgar la mayor trama corrupta de la historia democrática. La decisión, que podría beneficiar a 12 sentenciados, alienta el regreso de las protestas sociales

 Río de Janeiro 19 SEP 2013 – El País.com (España)
Los manifestante protestan contra la decisión de la Corte Suprema de Brasil. / FERNANDO BIZERRA JR.  (EFE)

Con su decisión de reabrir el juicio del mensalão, la mayor trama de corrupción de la historia democrática de Brasil, por seis votos contra cinco, el Tribunal Supremo abre la puerta a que los doce condenados que se beneficiarán del recurso al denominado “embargo infrigente” puedan pasar menos años entre rejas y, en algunos casos, obtener beneficios como el régimen semiabierto. La iniciativa del Supremo podría alentar la vuelta a las calles de las recientes protestas sociales.

La celebración de un nuevo juicio también retrasará el ingreso en prisión de los reos. Prueba de ello es que el abogado defensor del principal condenado, José Dirceu, no ha tardado en manifestar su satisfacción por la decisión del Supremo ya que ahora podrá litigar una reducción de la condena inicial, fijada en diez años y 11 meses. Y es más que probable que tenga éxito en su empresa, ya que la nueva composición del alto tribunal deja entrever una mayoría de magistrados que defienden la línea más blanda en la dosimetría de las condenas.

Tras la jubilación de dos de los 11 miembros del Supremo, los nuevos magistrados Roberto Barroso y Teori Zavascki irrumpieron en lo que ya parecía un proceso liquidado promoviendo la reapertura del juicio mediante el recurso a los “embargos infringentes”. Su principal argumento fue que las condenas habían sido excesivas y que sobre la decisión del tribunal había influido demasiado la presión social, que exigía mano dura con los responsables de la mayor trama de compra de votos en el Congreso destapada en la democracia brasileña. El asidero jurídico de los dos jueces debutantes fue que 12 de los 25 condenados recibieron al menos 4 votos a favor de su absolución durante el primer juicio.

Buena parte de la opinión pública brasileña asiste sorprendida a una maniobra jurídica que deja en agua de borrajas los 44.000 folios del sumario y siete años de análisis y deliberaciones. Queda en el aire la inquietante pregunta de si la justicia es igual para todos en Brasil.

Hace justo un año, el principal operador del mensalão (término utilizado para designar las mensualidades o sobornos pagados por varios diputados), Marcos Valerio, declaró ante el Supremo que el entonces presidente Lula da Silva estaba al corriente de los tejemanejes de su partido para comprar votos en el Congreso con dinero de dudosa procedencia.

La acusación fue suficientemente grave y documentada para que el tribunal hubiera dado algún paso en la dirección de apurar esas informaciones. No fue el caso. Sin embargo, esta decisión parece ir dirigida a restarle relevancia a lo que de hecho fue un brutal montaje de corrupción que se extendió por las bancadas del Congreso, despachos gubernamentales, sedes de partidos (principalmente la del PT) y empresas privadas.

La reapertura del caso supone también el fin de la luna de miel entre la sociedad brasileña, asqueada ante tanta corrupción e impunidad, y el Tribunal Supremo. El presidente de la corte, Joaquim Barbosa, promovió el año pasado un durísimo juicio contra los responsables del mensalão,algo que hizo que muchos brasileños recobraran la confianza en su máximo órgano judicial.

En un momento de incertezas y de convulsión social, la celebración de un nuevo juicio representa un motivo más para que millones de brasileños vuelvan a salir a la calle. Presionada por las manifestaciones del pasado junio, la presidenta Dilma Rousseff apoyó activamente que la corrupción se convierta en crimen de máxima gravedad.

Tres meses después de estas manifestaciones, los brasileños han visto como su máxima instancia judicial ha aplicado la manga ancha a un grupo de políticos corruptos contra los que ya ha quedado suficientemente probada su responsabilidad y participación en el mayor escándalo político de las últimas décadas. En octubre del próximo año se celebrarán elecciones generales en Brasil y el impacto que tendrá un nuevo juicio en la campaña electoral del PT es incierto.

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Un voto prolonga el “juicio del siglo” en Brasil para doce de los condenados

(EFE)

Brasilia, 18 sep (EFE).- Por una ajustada diferencia de un voto, la Corte Suprema de Brasil decidió hoy que doce de los 25 condenados en el llamado “juicio del siglo” tendrán derecho a un nuevo proceso, un polémico fallo que favorece a reconocidos líderes del Partido de los Trabajadores (PT).

El caso se refiere a corruptelas denunciadas en 2005 y que, ese año, mantuvieron en jaque al Gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva y descabezaron a la dirección nacional del PT en la época, que se vio obligada a renunciar en pleno.

El Supremo juzgó el asunto el año pasado y consideró probado que el PT se valió de dinero público para tejer una red de corrupción con la que financió campañas y sobornó a dirigentes de otros cuatro partidos, que le dieron a Lula la mayoría parlamentaria que no había logrado en las urnas.

En la fase de apelaciones, que comenzó hace poco más de un mes, surgieron divergencias entre los jueces sobre unos últimos recursos en favor de aquellos reos condenados, pese a que al menos cuatro de los once magistrados los consideraron inocentes.

Esas diferencias se originaron en una laguna dejada por una ley de 1990, que estableció nuevos parámetros para el proceso penal, sin la claridad jurídica necesaria.

Según cinco de los jueces, las normas de la corte establecen que se debe realizar un nuevo juicio en aquellos casos en que hubo al menos cuatro votos en favor de la inocencia.

Otros cinco jueces consideraron, por el contrario, que esa norma del Supremo fue abolida por la ley de 1990.

Esas diferentes interpretaciones dejaron la decisión final en manos del decano de la corte, Celso de Mello, quien hoy se pronunció en favor de que sean presentadas las nuevas apelaciones.

La decisión favorece a sólo doce reos, todos condenados por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, pero que fueron considerados inocentes por al menos cuatro magistrados.

En esa situación están personajes emblemáticos del proceso, como el exministro de la Presidencia José Dirceu, quien en la época era considerado como la “mano derecha” de Lula, el expresidente del PT José Genoino y el antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.

Dirceu fue condenado a diez años y diez meses de prisión, pena que fue de seis años y once meses para Genoino y de ocho años y once meses para Soares.

En esos tres casos, las condenas fueron aplicadas por los delitos de corrupción activa y asociación ilícita, y el nuevo juicio sólo se centrará en la segunda acusación, por lo que los reos no pueden aspirar más que a una reducción de penas.

Al justificar el voto que inclinó la balanza, el magistrado Celso de Mello reconoció que buena parte de la sociedad exigía la prisión inmediata de los condenados, pero dijo que el Supremo no podía ser “rehén” de la opinión pública.

“La protección de los derechos de los reos es un encargo constitucional del cual el Supremo no puede eximirse, aún contra el clamor popular”, dijo De Mello sobre esas presiones, que hoy fueron reforzadas por un pequeño grupo de jóvenes que protestó frente al tribunal una vez que se tomó la decisión.

También sostuvo que “la respuesta del poder público al fenómeno criminal ha de ser pautada por reglas que permitan la instauración, ante jueces independientes e imparciales, de un proceso que atenue la pasión exacerbada de las multitudes”.

Tomada la decisión de reabrir los juicios de esos doce reos, la corte ahora deberá publicar ese acuerdo y sólo después recibirá las nuevas apelaciones.

Luego nombrará un nuevo instructor para el caso, que dispondrá del tiempo que considere necesario para llevar el asunto de vuelta al pleno de la corte, que entonces sí deliberará para dictar las sentencias definitivas.

Todo ese trámite, según fuentes jurídicas, pospondrá el proceso al menos hasta el segundo semestre del próximo año, aunque hay expertos que creen que el juicio pudiera concluir en 2016.

Otro asunto que la corte tiene pendiente es si las condenas de los otros trece condenados serán ejecutadas de inmediato, o si se espera para ello hasta el fin del proceso.

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