La Justicia de Ecuador tramita el primer caso de un presunto crimen de lesa humanidad


———————————————————————————————————————————–

La Justicia de Ecuador tramita el primer caso de un presunto crimen de lesa humanidad

(EFE)

Quito, 1 oct (EFE).- Prisión preventiva, arresto domiciliario y prohibición de salir del país ordenó hoy la Justicia ecuatoriana en el primer caso de presunto crimen de lesa humanidad que llega a los tribunales, en el que se imputa a diez ex altos cargos militares y policiales por tortura, violencia sexual y desaparición forzada.

La audiencia de formulación de cargos, en la que el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, presentó el caso de Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, terminó unas seis horas después de iniciada con la orden de prisión preventiva para tres de los imputados, dos militares y un policía en servicio pasivo.

Dos de los imputados y ahora con orden de prisión preventiva, están fuera del país y para ellos la Fiscalía podría analizar la extradición o deportación, entre otras medidas.

La jueza de garantías penales, Lucy Blacio, también ordenó el arresto domiciliario de seis altos cargos militares en servicio pasivo y sustituyó, por razones de salud, esa figura pedida para un séptimo por la de prohibición de salir del país.

La magistrada de la Corte, que abrió la instrucción fiscal por noventa días, ordenó también la enajenación de los bienes de los imputados, ninguno de los cuales estuvo en la audiencia, en la que los representaron sus abogados, quienes rechazaron la petición de la Fiscalía de medidas cautelares.

Las víctimas, Vaca, Cajas -asambleísta alterna por el movimiento oficialista Alianza País- y Jarrín, fueron detenidas en 1985, acusadas de tener vínculos con el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC), durante el Gobierno (1984-1988) del fallecido expresidente León Febres Cordero.

Vaca y Cajas, presentes en la audiencia coincidieron en calificar de “histórico” el día y expresaron su esperanza de que se siga el debido proceso en un caso cuya llegada a los tribunales han esperado más de 25 años.

Chiriboga sostuvo que hoy Ecuador “cumple con un compromiso internacional” para evitar la impunidad en el país una vez que la Corte ha aceptado tramitar un juicio de lesa humanidad y comentó que “es un gran salto que da la justicia ecuatoriana”.

Entre 2007 y 2010, el Estado ecuatoriano investigó graves violaciones a los derechos humanos cometidas a partir de la década de los 80, para lo cual conformó la Comisión de la Verdad, uno de cuyos casos es el que se presentó hoy.

Vaca, Cajas y Jarrín, este último residente en Brasil, tienen ahora cerca de 50 años, y fueron detenidos de forma “arbitraria”, torturados y sometidos a violencia sexual, dijo recientemente a Efe el director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, Fidel Jaramillo.

Agregó que en este caso hubo también “desaparición forzada, porque se les detiene y las autoridades comienzan a negar que, en efecto, les tienen”.

“Después de dos semanas de tortura y violencia sexual, a Susana Cajas y Javier Jarrín se les deja con las manos atadas en un potrero”, relató, y añadió que instantes después un grupo de policías los detuvieron nuevamente, mientras Vaca estuvo detenido por casi tres años.

Marcelo Dueñas, abogado del único policía imputado en el caso, E. V., criticó el desempeño de Chiriboga en la audiencia oral en la que, en su opinión, “no pudo sustentar absolutamente nada” sobre la supuesta relación de su defendido con el caso.

“Dentro del expediente del fiscal, lamentablemente, hay pura elucubración y presunción”, dijo Dueñas.

En opinión de Dueñas, “lo que están haciendo es maquillando el informe de una Comisión de la Verdad que fue manejada, que carece de todos los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, pero que fue creada con decreto ejecutivo para que haga lo que está sucediendo hoy”, dijo.

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, presente en la audiencia, se solidarizó con las víctimas.

“Es buena hora de que seamos capaces de limpiarnos la cara, de hacer notar a nuestra sociedad y también a la comunidad internacional, que somos capaces de enfrentar estos aberrantes, execrables delitos que se cometieron”, dijo.

La fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, presente en la audiencia, dijo que “los pueblos de latinoamérica han despertado no sólo en el reclamo de sus derechos sino también para diseñar políticas juntas, coherentes de todos los pueblos de América en pro de la justicia, de la verdad, la autodeterminación de los pueblos y sobre todo la independencia de cada uno”.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

02-10-2013 / EFE

La Justicia ecuatoriana ordenó hoy prisión preventiva, arresto domiciliario y prohibición de salir del país en el primer caso de presunto crimen de lesa humanidad que llega a los tribunales, en el que se imputa a diez ex altos cargos militares y policiales por tortura, violencia sexual y desaparición forzada.

La audiencia de formulación de cargos, en la que el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, presentó el caso de Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, terminó unas seis horas después de iniciada con la orden de prisión preventiva para tres de los imputados, dos militares y un policía en servicio pasivo.

Dos de los imputados y ahora con orden de prisión preventiva, están fuera del país y para ellos la Fiscalía podría analizar la extradición o deportación, entre otras medidas.

La Jueza de garantías penales, Lucy Blacio, también ordenó el arresto domiciliario de seis altos cargos militares en servicio pasivo y sustituyó esa medida para un séptimo, por razones de salud, por la de prohibición de salir del país.

La magistrada de la Corte, que abrió la instrucción fiscal por noventa días, ordenó también la enajenación de los bienes de los imputados, ninguno de los cuales estuvo en la audiencia, en la que los representaron sus abogados, quienes rechazaron la petición de la Fiscalía de medidas cautelares.

Las víctimas, Vaca, Cajas -asambleísta alterna por el movimiento oficialista Alianza País- y Jarrín, fueron detenidas en 1985 acusadas de tener vínculos con el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC), durante el Gobierno (1984-1988) del fallecido expresidente León Febres Cordero.

Vaca y Cajas, presentes en la audiencia coincidieron en calificar de “histórico” el día y expresaron su esperanza de que se siga el debido proceso en un caso cuya llegada a los tribunales han esperado más de 25 años.

Chiriboga sostuvo que hoy Ecuador “cumple con un compromiso internacional” para evitar la impunidad en el país una vez que la Corte ha aceptado tramitar un juicio de lesa humanidad y comentó que “es un gran salto que da la justicia ecuatoriana”.

Entre 2007 y 2010, el Estado ecuatoriano investigó graves violaciones a los derechos humanos cometidas a partir de la década de los 80, para lo cual conformó la Comisión de la Verdad, uno de cuyos casos es el que se presentó hoy

Vaca, Cajas y Jarrín, este último residente en Brasil, tienen ahora cerca de 50 años, y fueron detenidos de forma “arbitraria”, torturados y sometidos a violencia sexual, dijo recientemente a Efe el director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, Fidel Jaramillo.

Agregó que en este caso hubo también “desaparición forzada, porque se les detiene y las autoridades comienzan a negar que, en efecto, les tienen”.

“Después de dos semanas de tortura y violencia sexual, a Susana Cajas y Javier Jarrín se les deja con las manos atadas en un potrero”, relató y añadió que instantes después un grupo de policías los detuvieron nuevamente, mientras Vaca estuvo detenido por casi tres años.

Marcelo Dueñas, abogado del único policía imputado en el caso, E. V., criticó el desempeño de Chiriboga en la audiencia oral en la que, en su opinión, “no pudo sustentar absolutamente nada” sobre la supuesta relación de su defendido con el caso.

“Dentro del expediente del fiscal, lamentablemente, hay pura elucubración y presunción”, dijo Dueñas.

En opinión de Dueñas, “lo que están haciendo es maquillando el informe de una Comisión de la Verdad que fue manejada, que carece de todos los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, pero que fue creada con decreto ejecutivo para que haga lo que está sucediendo hoy”, dijo.

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, presente en la audiencia, se solidarizó con las víctimas.

“En buena hora de que seamos capaces de limpiarnos la cara, de hacer notar a nuestra sociedad y también a la comunidad internacional, que somos capaces de enfrentar estos aberrantes, execrables delitos que se cometieron”, dijo.

La fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, presente en la audiencia, dijo que “los pueblos de latinoamérica han despertado no sólo en el reclamo de sus derechos, sino también para diseñar políticas juntas, coherentes de todos los pueblos de América en pro de la justicia, de la verdad, la autodeterminación de los pueblos y sobre todo la independencia de cada uno”.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

01 de octubre de 2013

Dolor y esperanza en primer caso de crimen de lesa humanidad en Ecuador

Terra Chile

Susana Cajas, una de las víctimas del primer caso que llegó hoy como causa de crimen de lesa humanidad a las cortes ecuatorianas, revivió momentos de dolor ocurridos hace casi treinta años, pero también expresó la esperanza de que termine la impunidad y se pueda recontar la historia del lado de los afectados.

La Fiscalía de Ecuador pidió hoy medidas cautelares contra nueve militares y un policía, entre coroneles y generales en servicio pasivo, en el caso de “Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín”, por presunto crimen de lesa humanidad, que incluye supuestos delitos de tortura, violencia sexual y desaparición forzada.

La Corte Nacional de Justicia ordenó la prisión preventiva de tres altos cargos en servicio pasivo entre militares y policías, el arresto domiciliario de seis militares y la prohibición de salida del país de un séptimo, así como la enajenación de los bienes de todos.

Cajas, presente en la audiencia de formulación de cargos, tuvo que escuchar el relato de Chiriboga, que recordaba cuando ella y sus tres compañeros, vinculados al grupo subversivo “Alfaro Vive Carajo”, fueron detenidos arbitrariamente.

A su lado también estuvo Luis Vaca, quien pasó detenido cerca de tres años y quien también escuchó detalles de su confinamiento en un reducido cuarto con mínima comunicación.

Cajas recibió con “sentimientos encontrados” la aceptación de las medidas cautelares por parte de la Corte, a la que no se presentó ninguno de los imputados: seis generales y cuatro coroneles, todos en servicio pasivo.

Por un lado, dijo a Efe, hay el “dolor” de recordar: “Uno se da cuenta realmente (de) las consecuencias y el daño que dejó esa experiencia, esa violación de derechos humanos”.

“Sin embargo, creo que también es un momento de mucha esperanza de manera personal y de todas las víctimas de violación de derechos humanos. Es un hito en la historia de búsqueda de la verdad”, comentó, al apuntar que se está “cumpliendo con una deuda” que tenían hacia la juventud del país.

“Hay una generación que no conoció esta historia, que no conoció que hubo un gobierno que violó los Derechos Humanos”, sobre todo de los jóvenes que pensaban diferente, indicó.

Consideró que el proceso judicial “permite saldar esta deuda, recuperar la memoria, recontar una historia desde unos afectados por un gobierno que defendía intereses oligárquicos y tiránicos (…) y también la esperanza al resto de víctimas (de) que puede hacerse justicia”.

En la audiencia que duró unas seis horas, estuvieron presentes exmiembros de “Alfaro Vive Carajo”, al que Cajas definió como “un grupo subversivo que escogió la lucha armada como una propuesta política de construcción de un proyecto político”.

Cajas aseguró que el proceso no es una venganza, “es una exigencia de que se haga justicia” y se mostró preocupada porque ninguno de los imputados estuvo presente en la audiencia de formulación de cargos, en la que los representaron sus abogados, quienes rechazaron las medidas cautelares.

Asimismo, dijo que es “preocupante” que dos de los imputados hayan salido del país y añadió que espera un debido proceso para todos.

Para Cajas, asambleísta alterna por el movimiento oficialista Alianza País, el Estado ecuatoriano está cumpliendo con su “responsabilidad” de demandar y resolver casos de crímenes de lesa humanidad.

Aparte del caso presentado hoy por la Fiscalía ante la justicia, en lo que llamó un “momento histórico”, Cajas interpondrá próximamente una acusación particular sobre el mismo asunto.

Las víctimas, Vaca, Cajas y Jarrín, el último residente en Brasil, fueron detenidas acusadas de tener vínculos con el grupo AVC, durante el Gobierno (1984-1988) del fallecido León Febres Cordero.

Las tres víctimas, que tienen ahora cerca de 50 años, fueron capturados en 1985 de forma “arbitraria”, torturados y sometidos a violencia sexual, dijo recientemente a Efe el director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, Fidel Jaramillo.

Agregó que en este caso hubo también “desaparición forzada, porque se les detiene y las autoridades comienzan a negar que, en efecto, les tienen”.

“Después de dos semanas de tortura y violencia sexual, a Susana Cajas y Javier Jarrín se les deja con las manos atadas en un potrero”, relató y añadió que instantes después un grupo de policías los detuvieron nuevamente, mientras Vaca estuvo detenido por casi tres años.

———————————————————————————————————————————————————————————————

01 de octubre de 2013

Congreso de Ecuador aprueba ley para judicializar violaciones a derechos humanos

Terra Chile

El Congreso de Ecuador, controlado por el oficialismo, aprobó el martes en segundo y definitivo debate un proyecto de ley para la judicialización de casos de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el país entre 1983 y 2008.

El documento, presentado por la Defensoría del Pueblo en 2010, fue aprobado con el voto de 92 miembros del Parlamento, en el que el movimiento Alianza País (AP), liderado por el presidente Rafael Correa, cuenta con 100 de los 136 escaños.

La votación incluyó seis sufragios en contra, uno en blanco y 17 abstenciones, según el Legislativo.

El proyecto, que será puesto a consideración del Ejecutivo, regulará la reparación en forma integral a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.

Una Comisión de la Verdad, creada por iniciativa de Correa y que funcionó entre 2007 y 2010, documentó 136 casos ocurridos en su mayoría durante el gobierno del ex presidente León Febres-Cordero (1984-88, derecha), elegido democráticamente y quien murió en 2008 por una enfermedad pulmonar sin haber sido juzgado.

El documento prevé que las víctimas o sus familiares podrán demandar judicialmente la reparación integral de los daños y que el Estado ecuatoriano reconocerá su responsabilidad por las violaciones establecidas por esa Comisión.

Además, restituirá derechos, indemnizará a las víctimas y dispondrá la búsqueda y liberación de desaparecidos, así como la localización y entrega de restos mortales.

El martes, una jueza ordenó el arresto de seis generales y tres coroneles en retiro del Ejército y la Policía, en el primer juicio por presuntos delitos de lesa humanidad abierto en Ecuador por iniciativa de la Fiscalía y que involucra al gobierno de Febres-Cordero (1984-88).

En una audiencia pública, el fiscal Galo Chiriboga presentó cargos contra 10 oficiales por su supuesta responsabilidad en la tortura, violencia sexual y desaparición forzada a la que fueron sometidos tres exguerrilleros en 1985.

Uno de los generales fue cobijado con una medida alterna que le impide salir del país, debido a su mal estado de salud.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

01-10-2013 / EFE

La fiscalía general de Ecuador solicitó hoy penas de prisión preventiva y arresto domiciliario para diez imputados por supuestos crímenes de lesa humanidad en el primer caso de un juicio por este tipo de delitos que llega a los tribunales en este país.

Se juzga a nueve militares (entre ellos seis generales y cuatro coroneles, todos en servicio pasivo) y a un policía, también en situación de servicio pasivo, acusados de delitos de tortura, violencia sexual y desaparición forzada.

Las víctimas, Luis Vaca, Susana Cajas -quien fue candidata a asambleísta en las elecciones de febrero de 2013 por el movimiento gobernante Alianza País- y Javier Jarrín fueron detenidos y acusados de tener vínculos con el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC) durante el Gobierno del ya fallecido expresidente León Febres Cordero (1984-1988).

El fiscal general, Galo Chiriboga, pidió prisión preventiva para tres de los imputados, dos de ellos porque están fuera de Ecuador y otro por ser menor de 60 años, mientras que para los siete restantes solicitó arresto domiciliario.

También demandó que se decrete la prohibición de enajenar bienes para todos los acusados, quienes no estuvieron en la sala.

Los defensores de los imputados reclamaron que continúen en libertad y algunos de ellos presentaron incluso certificados médicos para acreditar la necesidad de sus defendidos de recibir atención diaria en centros médicos.

Además, resaltaron su sometimiento a las diligencias judiciales como muestra de su colaboración con la justicia y argumento para su mantenimiento en libertad.

En la sala estuvo presente el ministro de Exteriores, Ricardo Patiño, y varias personas con pañuelos al cuello con la leyenda “Alfaro Vive”.

Tras las exposiciones del fiscal y de los defensores, se hizo un receso, después del cual se reanudará la sesión, en la que la juez dará a conocer su decisión sobre las peticiones de las partes.

Entre 2007 y 2010, el Estado ecuatoriano investigó graves violaciones de derechos humanos cometidas a partir de la década de los 80, para lo cual conformó la Comisión de la Verdad, uno de cuyos casos es el que se presentó hoy.

Vaca, Cajas y Jarrín, que ahora tienen cerca de 50 años, fueron detenidos en 1985 de forma “arbitraria”, torturados y sometidos a violencia sexual, dijo recientemente el director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, Fidel Jaramillo.

Agregó que en este caso hubo también “desaparición forzada porque se les detiene y las autoridades comienzan a negar que, en efecto, les tienen”.

“Después de dos semanas de tortura y violencia sexual, a Susana Cajas y Javier Jarrín se les deja con las manos atadas en un potrero”, relató, y añadió que instantes después un grupo de policías los detuvieron nuevamente.

A Vaca lo mantuvieron “detenido y desaparecido por casi tres años” e incluso, con el paso del tiempo, borraron sus archivos del Registro Civil, dificultando aún más la búsqueda por parte de sus familiares o el seguimiento del caso por parte de instancias internacionales, dijo.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: